Teresita Aguilar: Solo 1% son pensiones de lujo

Miembros de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional negaron que el régimen de jubilaciones sea un disparador del gasto público. Carlos Vindas, Teresita

Miembros de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional negaron que el régimen de jubilaciones sea un disparador del gasto público.

Carlos Vindas, Teresita Aguilar y Alfredo Hasbum (de izquierda a derecha) representantes de la Junta de Pensiones del Magisterio, conversaron con UNIVERSIDAD sobre la situación del régimen.

Con el objetivo de aclarar conceptos sobre las pensiones de privilegio, tres representantes de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional afirmaron que 81% de los jubilados del régimen tienen montos inferiores a los ¢300.000 y objetaron las pretensiones de quienes pretenden gravarlas con más impuestos mediante el plan fiscal.

 

 

En la Asamblea Legislativa se discute un nuevo proyecto de ley para reformar el Régimen de Capitalización Colectiva de la Junta, que cumple 10 años. Este sistema, junto con el transitorio de reparto, forman el régimen que corresponde a miles de docentes.

Teresita Aguilar Mirambell, presidenta de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Alfredo Hasbum Camacho, director ejecutivo; y Carlos Vindas Villalobos, vicepresidente, conversaron con UNIVERSIDAD sobre este régimen, que representa un 68% del total de pensiones de los 14 regímenes que funcionan en el país.

Con un presupuesto para este año de ¢103.600 millones, para 2003 presupuestaron ¢130.000 millones. Mientras tanto, sus directivos se encuentran a la expectativa de lo que se apruebe en el plan fiscal y negaron que el pago de pensiones a los maestros sea una carga para el presupuesto nacional, o un disparador del gasto.

SOLO UN 1% DE LUJO

«Un 81% de los jubilados del magisterio recibe pensiones inferiores a los ¢300.000 que, con las rebajas y los impuestos, quedan en ¢250.000», afirmó Teresita Aguilar.

De acuerdo con Alfredo Hasbum, sólo un 1% del total de las pensiones son mayores a ¢1 millón. Como muestran las cifras de la Junta, solamente 182 pensiones de un total de 30.527, oscilan entre ¢1 millón y ¢3.4 millones (ver recuadro).

Hasbum detalló que las leyes fueron modificadas para beneficiar sobre todo a políticos, por ejemplo, pues se permitía incluir salarios devengados en actividades ajenas a la educación y así entraron al Magisterio diputados, exembajadores, exviceministros, toda la clase política, con pensiones altas.

No se trata del maestro común, «de piso de tierra», dedicado a eso tiempo completo, expresó. Aunque los privilegios ya se eliminaron en gran medida con las reformas, fueron beneficios que se aprobaron los mismos diputados, agregó.

Sin embargo, una de las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda para el Plan de Contingencia Tributaria -y que no tiene mucho apoyo en la Comisión Mixta- es gravar con un impuesto escalonado del 20% y hasta un 50% a las jubilaciones mayores de ¢400.000 mensuales. El plan comenzaría a discutirse en el plenario en diciembre.

Para Aguilar, gravar las pensiones no solucionará en nada el problema fiscal, «es mínimo lo que puede recuperar el Gobierno allí». Agregó que los medios de comunicación y la Asamblea Legislativa les han achacado el problema del déficit, cuando la causa de eso es el mal manejo de las finanzas que han hecho los gobiernos.

«Con el plan fiscal no atacan el origen del problema, que es cobrarle los impuestos a las transnacionales y mejorar la administración de esos recursos».

LA DE ¢5 MILLONES

Para Aguilar «se supone que la gente que tiene altas pensiones, ha cotizado mensualmente para tenerlas, como los profesores universitarios, a quienes corresponden las más altas».

Ante la posibilidad de anomalías en la fijación de los montos, negó que eso ocurriera, ya que «en el Magisterio se controla en varias etapas, hay un proceso sumamente cuidadoso de revisión de documentos».

Aguilar explicó que la única pensión por ¢5 millones que aprobaron, quedará fijada en ¢1.200.000, una vez que se le aplique el artículo 71 de la Ley del Sistema de Pensiones del Magisterio, la cual establece que los jubilados con pensiones mayores a ciertos montos, deben pagar una contribución especial.

Otro aspecto que aclaró Carlos Vindas fue que si alguien tiene una pensión de ¢3 millones y el Estado le rebaja ¢1.5 millones, ese dinero no se queda en la Junta, sino  en el Ministerio de Hacienda.

LA PRESA

Desde hace algunos años, la Junta le da al Ministerio de Trabajo un aporte en empleados, con el fin de acelerar los trámites en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP). Según datos aportados por la División de Plataforma de Servicios de la Junta, al 6 de noviembre de 2002, la DNP tenía un total de 3.590 casos en espera. De esos, 1.220 llevan allí un mes; y 76 llevan 8 meses o más.

Cuando cumplen los requisitos para retirarse, los afiliados a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional presentan su solicitud y la Junta tarda un mes en resolver la petición. También calcula el monto que debe recibir el interesado y remite el expediente a la DNP.

A partir de la recepción, la DNP tiene un mes para aprobarla; si la rechaza, el caso se eleva a los Tribunales de Trabajo y allí dura más de un año en salir la resolución, dijo Aguilar.

Carlos Vindas informó sobre un expediente de 1997 que la DNP investigará. «Es una persona que desde 1997 tiene el derecho a jubilarse y no lo ha hecho».

La idea es que al homologar los criterios de la Junta y de la DNP para calcular los montos se agilice ese proceso y se elimine un poco de trabajo a los Tribunales. Por culpa de las diferencias a veces ellos rechazan lo que nosotros aprobamos; pero aunque hemos tenido grandes diferencias, ha mejorado la relación entre el Magisterio y la DNP. «Se han homologado muchos criterios y reconocemos la buena voluntad de la dirección».

Vindas recordó que la DNP está supeditada al Ministerio de Hacienda, donde está el verdadero problema.

La crítica también la ha hecho Luis Guillermo Fernández, del departamento actuarial de la Junta: «para nadie es un secreto que desde Hacienda, algunos funcionarios de mandos medios hacen presión para que el otorgamiento se atrase meses, porque así se logra un ahorro para las finanzas públicas, pero a costa de perjudicar a una persona a la que tal vez le sea imposible seguir trabajando.»

SACARLE EL JUGO A LOS RECURSOS

La propuesta de reforma a la Ley 7531 (expediente 14.611), que se discute en la Asamblea Legislativa, modificaría el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, para que sus recursos puedan invertirse en condiciones favorables.

El Régimen tiene un fondo que va a cerrar el año con ¢60.000 millones, crece a un ritmo de ¢1.000 millones por mes «y el Gobierno también le quiere meter mano», según reveló Teresita Aguilar, presidenta de la Junta.

En 1958 se creó esta Junta de Pensiones, por medio de la Ley 2248; en 1991 se hizo la primera reforma integral a ésta y en 1992 nació el RCC, que cubre a los trabajadores que empezaron a laborar por primera vez a partir del 15 de julio de 1992 y a quienes nacieron después de 1975 (dos parámetros que generan confusión legal).

El proyecto de ley en discusión en la comisión de Asuntos Sociales, plantea actualizar las normas sobre inversión de los recursos:

-Se aumentan las posibilidades de inversión de los recursos del RCC mediante el otorgamiento de préstamos a los afiliados del sistema (ahora se le presta a jubilados, pero la idea es prestarle a docentes activos); la concesión de obra pública y la inversión en títulos extranjeros.

– Exonera del impuesto de la renta a los títulos valores de las inversiones del RCC.

– Permite la compra directa de títulos en ventanilla.

– Establece que todos los que empezaron a trabajar en el magisterio antes del 15 de julio de 1992 están en el régimen de reparto antiguo (por años de servicio) y los que entraron después están en el RCC (por cotizaciones).

-Autoriza que un 8% de los rendimientos de la cartera de inversión se usen para cubrir gastos administrativos del régimen,y permitir así el financiamiento del RCC.

La Universidad de Costa Rica (UCR) pidió cambios al proyecto de ley, como no aplicar el artículo 71  que grava las pensiones con una contribución especial, a quienes se hayan dedicado única y exclusivamente a educación, ni a los adultos mayores. Según Aguilar, estas son dos excelentes propuestas.

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