Advierten que EE.UU apresura la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLC) para evadir la discusión pública y la movilización ciudadana. Piden compromiso de transparencia al presidente Pacheco.
José Luis Vega Carballo: «El Presidente Pacheco debería hacer una negociación de orden público, sin cláusula de confidencialidad, porque se trata de los intereses del país».
La retórica de la administración Bush de expandir la democracia por medio de ampliar los mercados sin regulaciones, se desmorona ante la forma antidemocrática como pretende la firma de este nuevo tratado en el tiempo récord de un año, sin un debate público abierto y transparente, y a pesar de que otros TLC solo han profundizado la pobreza y la desigualdad.
Estas son las críticas y advertencias que hacen personas e instituciones, tanto costarricenses como foráneas, que investigan los procesos de negociaciones comerciales promovidos por el Gobierno estadounidense.
Vincent McElhinny, director de programa de la Iniciativa de la Sociedad Civil, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma que existen «serias preocupaciones con respecto al cronograma que se ha establecido para las negociaciones del TLC, cinco rondas en un período de apenas 12 meses. Esta agenda comprimida permite tener muy poco tiempo para lograr mejoras significativas en la capacidad negociadora de los asesores centroamericanos o para permitir una participación constructiva de la sociedad civil. La necesidad de más espacio para esta participación, y la inversión que se requerirá para asistir a quienes resultarán afectados más negativamente por el tratado, hacen que doce meses resulten todavía más inadecuados.» («¿Saltando sin mirar? Preguntas serias, vacíos de información y plazos acelerados», 17/01/03)
McElhinny advierte lo peligroso que será para la democracia en la región persistir por esta senda, luego del «deterioro que se ha registrado en el apoyo para las reformas políticas y económicas» en encuestas recientes.
«El 58% de la población centroamericana está insatisfecha con el desempeño de las economías de mercado; el 68% dice que la privatización ha sido una mala idea; el 80% piensa que la corrupción ha aumentado; el 50% dice que la democracia no funciona en la región; y el 85% tiene muy poca o ninguna confianza en sus partidos políticos,» recuerda.
El funcionario del BID pone como ejemplo los resultados que el NAFTA o TLC firmado por EE.UU, Canadá y México, ha tenido para este último país.
«Las investigaciones sobre la apertura comercial no han podido demostrar que los países que incrementan su comercio también reducen sus niveles de pobreza y desigualdad. El caso de México es particularmente instructivo. El volumen de sus exportaciones se ha triplicado bajo el NAFTA y el crecimiento económico promedió un robusto 6% de 1996 a 2000. Pero las investigaciones del BID han mostrado que el 20% de los sectores con ingresos más altos capturaron los beneficios del NAFTA, mientras que más del 60% de la población mexicana permanece atrapada en la pobreza.»
El investigador abogó en su momento porque «las audiencias públicas deberían realizarse regularmente, no solo en Washington sino en cada uno de los cinco países centroamericanos, antes de iniciar las negociaciones y como un mecanismo periódico para revelar información relevante al proceso de negociación». «Desafortunadamente, estos mecanismos no existen en el proceso del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA o TLC), igual que en otras negociaciones comerciales. Fue emblemática la reciente negativa del Representante de Comercio de EE.UU. de denegar la solicitud del senador Baucus para que un grupo de congresistas estuviera presente en las negociaciones del TLC con Chile y tuviera acceso al texto en discusión.»
Como ya es de conocimiento público, las negociaciones del TLC, iniciadas hace dos semanas en nuestro país, supuestamente lo hicieron sobre ese mismo texto base que, sin embargo, permaneció secreto para los negociadores de Centroamérica, pero no para los de EE.UU.
«DEMOCRACIA» DEL SECRETO
Precisamente preocupada por el carácter anti-democrático de las negociaciones comerciales promovidas por EE.UU, la institución National Security Archives, afiliada a la George Washington University, publica en su sito de Internet, los documentos que ha podido obtener de los tribunales secretos del NAFTA. («¿Comerciando la democracia?», http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB65/).
Como explicamos en la edición No. 1512, estos tribunales secretos existen al amparo del Capítulo 11 de ese tratado, y al dirimir controversias comerciales, han pasado por encima de la legislación nacional de México y Canadá, y obligaron a sus gobiernos a pagar compensaciones multimillonarias a varias transnacionales.
¿El TLC extenderá a la región el alcance del Capítulo 11 del NAFTA? Mark Engler, un exinvestigador de la Fundación Arias, responde: «Probablemente. Pero, dado que las negociaciones son secretas, no lo sabremos con certeza sino hasta el último minuto.» («CAFTA: Libre comercio vs. Democracia»,03/01/03).
Si se extendiera el Capítulo 11 y Costa Rica firmara el TLC, de nada valdría, por ejemplo, haber aprobado un capítulo constitucional en defensa del medio ambiente –en el supuesto de que el presidente Pacheco persistiera en su intención o se lograra antes de diciembre del presente año–.
Engler también advierte que «en otra carrera calculada, los ministros quieren terminar las negociaciones del CAFTA para diciembre de 2003, antes de que nuevas elecciones en América Central puedan producir líderes opuestos al pacto. Una preocupación clave es El Salvador, donde los movimientos pro-CAFTA para privatizar los servicios públicos como la atención de la salud y los servicios básicos-, han desprestigiado ampliamente al gobierno de derecha. Si la población salvadoreña eligiera un Presidente de la oposición en marzo de 2004, la Casa Blanca querría tener al nuevo gobierno atado a las mismas políticas comerciales que su predecesor. La verdad es que el CAFTA no promoverá la democracia. Y la democracia puede ser la mejor esperanza que queda para hundir el CAFTA.»
PACHECO DEBE COMPROMETERSE
Consultado sobre las consecuencias que, para nuestro país, tiene la forma como se están llevando las negociaciones del CAFTA, el sociólogo y profesor de la UCR, José Luis Vega Carballo, alertó que «sencillamente hay una privatización del proceso, que debería ser de orden público porque están en juego los intereses del país, a un estilo de negociación que predomina entre las partes en el sector privado, donde las negociaciones son secretas.»
El sociólogo agregó que se están usando «tácticas de un estilo espurio, que son contraproducentes. En una negociación cuyo propósito es que todas las partes ganen, hay transparencia y se avanza lentamente, de acuerdo con los intereses de cada quien. Pero en este proceso se utilizan tácticas «de toma y daca», y de antemano se tiene previsto que habrá perdedores que ni siquiera se han enterado de que van a perder.»
Vega Carballo recordó que tanto el procedimiento como gran cantidad de acuerdos ya han sido pactados en secreto, en mesas de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, los cuales no se harán de conocimiento público sino hasta marzo de 2005.
Como es de conocimiento público, el presidente Abel Pacheco ha asegurado que no se privatizará o abrirá a la competencia el sector electricidad y telecomunicaciones. Sin embargo, esto no es suficiente.
«Estados Unidos quiere una absoluta apertura y protección para las inversiones extranjeras, es decir, la extensión del Capítulo 11 del NAFTA, lo cual afectará nuestras regulaciones ambientales y laborales», advirtió.
Agregó que el Presidente «debe comprometerse definitivamente a que no haya perdedores y exigir un estilo de negociación con base en principios. Debe permitir que asistan observadores de la Asamblea Legislativa para que el Congreso, los partidos políticos y la ciudadanía estén enterados de las cartas en juego. El Presidente debe hacer una negociación de orden público, sin cláusula de confidencialidad o secreto, porque se trata de los intereses del país», enfatizó.
Pero ¿lo dejarán? Difícil saberlo cuando el propio Pacheco acaba de ser «privatizado» y, al parecer, metido en una «cláusula de confidencialidad» para que no se comprometa públicamente cuando da declaraciones espontáneas. Así las cosas, la lucha ciudadana por la democracia y la transparencia pasaría, entonces, por desprivatizar al Presidente.
