TLC Centroamérica – EE.UU. Legisladores calientan motores

La «Comisión académica para el estudio del CAFTA» se presentó públicamente en la Asamblea Legislativa. En la foto Ana Rosa Ruiz, del Instituto Tecnológico.

La «Comisión académica para el estudio del CAFTA» se presentó públicamente en la Asamblea Legislativa. En la foto Ana Rosa Ruiz, del Instituto Tecnológico. (Foto: Allen Campos)

Cuando sólo faltan cuatro rondas de negociaciones para que termine la discusión del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, se creó en la Asamblea Legislativa una Comisión Académica para su análisis, iniciativa calificada de «tardía».

La «Comisión académica para el estudio del CAFTA» -idea de un grupo de diputados- se integró el pasado 29 de julio con siete representantes de universidades, diez profesionales y técnicos expertos en los temas del tratado, y once legisladores.

Su objetivo es asesorar a los diputados y las diputadas sobre lo que se ha negociado  en el Tratado, para que estén mejor preparados cuando el proyecto llegue a la Asamblea para su discusión. El artículo 121 de la Constitución Política le da potestad al poder legislativo de aprobar o rechazar convenios internacionales como el CAFTA.

La instancia también pretende recoger las propuestas de diversos sectores, analizarlas y luego elaborar una propuesta final, la cual se discutiría en el ámbito nacional; luego  se entregaría a los órganos que participan en las decisiones sobre la firma y aprobación del Tratado.

«La discusión colectiva ha sido escasa y muchos se preguntan, ¿para qué la reflexión si de todas maneras tendremos que adherirnos a este Tratado? Pero lo que se busca es un ejercicio de recapacitación en la Asamblea; es imperativo tener una Asamblea informada y apta», expresó Velia Govaere, coordinadora del sector técnico-profesional, y de la Maestría en Derecho Económico en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Por su parte Manuel Amador Hernández, presidente del Colegio de Abogados, afirmó que «recibiremos todas las opiniones de cualquier sector que quiera manifestarse al respecto; desde el más radical izquierdismo, hasta el más radical derechismo».

 

POCOS ESPACIOS DE CONSULTA

Efectivamente hay pocos espacios para el debate y pocos saben «detalladamente» lo que se negocia. Pero de acuerdo con Amparo Pacheco, directora de Aplicación de Acuerdos de Comercio Internacional del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), «a la gente le es difícil informarse porque sólo los especialistas entienden de temas como normas de origen».

La economista, quien también es encargada de relaciones con la sociedad civil para la negociación del CAFTA, detalló que el COMEX ha puesto a disposición de la sociedad los siguientes canales de información: la biblioteca del Ministerio; la página web, las publicaciones sobre el TLC y los eventos públicos que organizan.

Agregó que existen ocho espacios de consulta con la sociedad civil y que uno de ellos es el Cuarto Adjunto, en el que han participado 90 organizaciones del país.

Aparentemente estos espacios no son suficientes o, como sugiere el diputado del PLN, Luis Ramírez Ramírez, «no ha habido un espacio objetivo, técnico y confiable».

Ramírez es uno de los impulsores de la Comisión Académica y dijo a UNIVERSIDAD que los sectores que serán afectados, como cámaras y trabajadores, han creado espacios, pero con sus propios matices. En setiembre pasado Ramírez recolectó firmas de la fracción del PLN y solicitó al Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, convocara a una reunión; «pero él llamó sólo al sector exportador en el Hotel San José Palacio, por eso decidimos crear una instancia de este tipo».

PEDIRÍAN PRORROGA

Consultado sobre la escogencia de los integrantes de la Comisión, Ramírez explicó que los diputados enviaron cartas a los rectores para que designaran un representante. La única entidad que no respondió fue la Universidad Nacional (UNA), señaló.

De cualquier manera la UNA tiene su propio grupo, Diálogo Ciudadano Intersectorial, el cual funciona desde febrero pasado y en él participan representantes de campesinos, ambientalistas, consumidores, cooperativistas y sector privado. En total hay 16 organizaciones, más dos observadoras del COMEX, que asisten como enlace.

En el caso de la Comisión Académica, se pretende que los sectores hagan sus propuestas -indicó Ramírez-, que las valore el grupo técnico-profesional y después presionar al equipo negociador del COMEX para que las incorporen en los textos.

Fuentes extraoficiales comentaron a UNIVERSIDAD que algunos legisladores se preparan para bloquear el proyecto cuando llegue al Congreso; pero el legislador expresó: «No podemos tener una predisposición frente al Tratado porque estaríamos actuando equivocadamente y hay diputados que saben mucho del tema, mientras otros requieren más insumos. No obstante, pensamos pedir una prórroga para discutirlo porque el Gobierno no se ha abierto el diálogo como debería».

Por su lado Patricia Rodríguez Holtemeyer, quien integra la Comisión y es autora del libro «¿Con quién negociamos? La estrategia comercial de los EE.UU. en los últimos 20 años», señaló a UNIVERSIDAD que la idea no es incidir en la negociación, sino «asesorar a los diputados no sólo a la hora de aceptar el Tratado, sino cuando vaya el Ministro Trejos, para que sepan qué preguntas hacerle. Bueno… podríamos convertirnos en intermediarios y así canalizar las inquietudes de grupos interesados».

CRITICOS

Por otra parte, hay grupos que no quieren intermediarios. El Encuentro Popular, por ejemplo, es una instancia de las organizaciones sociales y políticas, formada en febrero de este año. El coordinador Carlos Aguilar dijo a UNIVERSIDAD que sería bueno que la Comisión se hubiera conformado antes, ya que no tienen credibilidad las personas que la forman e hizo un llamado a las organizaciones sociales para que no se sumen a la iniciativa.

También criticó que en las publicaciones del COMEX -como el Volumen 6, julio 2003-,  se presenten listas de «organizaciones  consultadas en materia laboral», cuando sólo han participado en foros públicos, como la Asociación Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA). Esta no está de acuerdo con su inclusión en dicha lista.

«Enviamos una carta solicitando al COMEX aclarar esto. También convocamos a la

Jornada Contra el Libre Comercio en el camino de las alternativas populares, los días 22 y 23 de agosto», añadió.

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