La experiencia del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA), alerta sobre el peligro que pueden significar para la democracia y la autonomía de nuestro el país, la eventual firma de un pacto similar con EE.UU, así como el del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Si bien ningún sector nacional rechazaría integrarse a un tratado que le permitiera exportar en mejores condiciones una cantidad mayor de lo que produce, el modelo de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) demuestra que tales ventajas se alcanzan a costa de sacrificar el derecho del resto de la ciudadanía y de las comunidades a determinar su propio destino.
Como se verá a continuación, lo sucedido con el NAFTA y el modelo que se propone para el ALCA, proyecta una preocupante sombra sobre los procesos de negociación que desarrolla el Poder Ejecutivo, como el TLC entre EE.UU y Centroamérica, cuya primera ronda de negociaciones concluyó en San José, la semana pasada.
Lo que ocurre con un tratado como el NAFTA para la institucionalidad democrática de los países signatarios, es una de las razones por las cuales el movimiento de resistencia hacia esta clase de globalización continúa recogiendo un amplio apoyo.
El 21 de abril de 2001, en un reportaje titulado «El poderoso pequeño secreto del NAFTA», el diario estadounidense The New York Times se refirió, por ejemplo, a la forma como, en el marco de ese tratado, se solucionan las controversias: «Sus reuniones son secretas. Sus miembros, generalmente desconocidos. Las decisiones que toman no tienen que ser totalmente públicas. Sin embargo, la manera como un grupo de tribunales internacionales maneja las disputas entre inversionistas y gobiernos extranjeros ha llevado a que leyes nacionales sean revocadas, se cuestionen los sistemas judiciales y se desafíen las regulaciones ambientales. Y todo esto es hecho en el nombre de proteger a los inversionistas foráneos bajo el NAFTA.»
A propósito, Meade Barlow, presidenta del Council of Canadians, la organización de defensa de los intereses ciudadanos más grande de ese país del norte, pone como ejemplo de lo anterior casos concretos ocurridos con la invocación del capítulo sobre inversiones (Capítulo 11) del NAFTA.
En 1996, la empresa estadounidense Metalclad Corporation, dedicada a eliminar desechos, acusó al gobierno mexicano de violar el Capítulo 11 cuando el Estado de San Luis de Potosí le denegó el permiso para reabrir unas instalaciones, después de que una auditoría geológica demostró que hacerlo contaminaría el suministro local de agua.
El gobernador de ese Estado mexicano declaró que el sitio era parte de una zona ecológica de 600 mil acres. Metaclad adujo que esto era un acto de expropiación, inició un proceso legal por daños y perjuicios, y en agosto de 2000, un tribunal del NAFTA expidió un fallo a favor de la empresa que ordenó al gobierno mexicano pagarle $16.5 millones como indemnización.
Otra empresa, Ethyl Corp., de Virgina, EE.UU, usó el Capítulo 11 para obligar al gobierno canadiense a revocar la legislación que prohibía la venta «transfronteriza» de su producto, MMT, un aditivo para la gasolina prohibido en muchos países y que fue calificado como «neurotoxina peligrosa» por el entonces Primer Ministro, Jean Chrétien.
A otra compañía estadounidense, S.D. Meyers, el gobierno canadiense tuvo que pagarle $50 millones por las «pérdidas» en que incurrió por estar vigente el apoyo canadiense a la Convención de Basilea, que prohibió temporalmente trasladar desechos peligrosos por las fronteras.
En 2000, la empresa exportadora de agua, Sun Belt Water Inc., de California, enjuició al gobierno canadiense por $14 mil millones porque la provincia canadiense de Columbia Británica prohibió la exportación de agua en grandes cantidades.
Por su parte, la empresa canadiense Methanex -la productora de metanol más grande del mundo-, enjuició al gobierno estadounidense porque las autoridades de California ordenaron, en 1999, retirar paulatinamente ese controvertido contaminante, que es empleado como aditivo de la gasolina.
Y la organización ambiental de EE.UU. Earthjustice, presentó una demanda ante la corte distrital de Washington contra el Representante Comercial de Estados Unidos (equivalente del COMEX), por no hacer públicas las propuestas escritas presentadas durante el proceso de negociaciones del ALCA. («Bridges Weekly Trade News Digest», 10/04/01).
Barlow explicó que el NAFTA fue «el primer tratado de comercio internacional del mundo en permitir que un interés privado, usualmente una empresa o un sector industrial, pase por encima de su propio gobierno y, a pesar de no ser signatario del tratado (se refiere a los gobiernos federales o locales), cuestione directamente las leyes, políticas y prácticas de otro gobierno miembro del TLC, si esas leyes, políticas y prácticas inciden en los «derechos» de la empresa en cuestión.» («El ALCA y la amenaza para los programas sociales, el medio ambiente y la justicia social en las Américas», 2000).
En este sentido, Barlow también advirtió que el modelo a seguir por los TLC que se firman en el continente, es el mismo de nueve grupos de trabajo diseñado para el ALCA por un comité tripartito compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), porque la meta final de todos ellos es confluir en el ALCA, bajo la hegemonía estadounidense.
¿Y NOSOTROS?
Sana como tiende a se, por su propia supervivencia cotidiana, la memoria colectiva es corta. Pero refresquémosla.
El TLC con Canadá fue firmado por el presidente Miguel Ángel Rodríguez, en ese país, el 23 de abril de 2002, a pesar de que su contenido solo fue anunciado públicamente tres días antes.
Lo firmó no obstante la protesta de las personas dedicadas a la siembra de papa y hortalizas, a quienes defender sus intereses les costó, literalmente, sangre, sudor y lágrimas.
Lo mismo sucede con el TLC entre EE.UU y Centroamérica. Para comenzar, se planteó como base de las negociaciones un texto secreto –el del TLC entre EE.UU y Chile–. Para terminar, a las personas que representaban a quienes producen y al resto de la sociedad costarricense, se las mantuvo en el llamado «cuarto adjunto», donde la libertad de información está estrictamente sometida a los controles de una camisa de fuerza.
En entrevista exclusiva con UNIVERSIDAD, el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos recordó que si el Ejecutivo firma el TLC, este todavía puede ser aprobado o improbado por la Asamblea Legislativa – -que no puede modificarlo-. (Edición 1511)
Si todo acto refleja una voluntad política, entonces la pregunta es: ¿por qué el Poder Ejecutivo no negocia primero, abiertamente y sin restricciones, con todo el país, un tratado que, para mal o para bien, afectará a todo el país?
Es la pregunta «de los quinientos mil».
