El hecho de que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) la calidad fitosanitaria del arroz importado desde Estados Unidos sea certificada por laboratorios privados en ese país, más la posibilidad de que se elimine la fijación de precios por parte del Estado, son las principales preocupaciones que manifiestan los productores de arroz.
El desasosiego crece después de que el pasado mes de diciembre, autoridades nacionales y el Centro de Investigación en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica (CIGRAS) confirmaron la presencia de unas toxinas denominadas aflatoxinas, producidas por un hongo cancerígeno en un embarque de arroz importado desde Estados Unidos por las empresas DEMASA y Pelón de la Bajura.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, indicó que la entrada de ese grano de mala calidad “es consecuencia directa del TLC. Antes, era la Corporación Arrocera Nacional la que se encargaba de hacer las importaciones; ahora el análisis se hace una vez que el arroz está adentro”.
“La gente no ha entrado en cuenta de que con el TLC, las normas que rigen son las que impongan las empresas privadas; con el caso del arroz se pone a prueba el hecho de que renunciamos a los instrumentos nacionales”, añadió.
Revisión de calidad
La confirmación de las nocivas características del arroz importado, se dio tras una denuncia realizada ante el Ministerio de Salud por Campos y la regional Atlántica de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
“Escuchamos el rumor de que se trataba posiblemente del peor arroz importado en los últimos años, porque la cosecha en Estados Unidos había sido de mala calidad y además habían almacenado arroces muy húmedos”, detalló.
Ante la pregunta de qué cambios sobre la evaluación de la idoneidad alimentaria del arroz importado implica el TLC, la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, manifestó por escrito que “hemos dado toda la explicación del caso. El grano importado pasa por niveles de revisión de calidad, sale con un certificado de calidad de Estados Unidos. Nos parece muy probable que lo que pasó fue un problema de almacenamiento en el barco, porque salió con un certificado sanitario de Estados Unidos de que estaba en buenas condiciones”.
Añadió entonces que la diferencia entre ese certificado y las condiciones en que el producto llegó al país “puede ser resultado del tiempo que pasó almacenado y las condiciones de almacenamiento”.
La funcionaria comentó que “no importa quién importe, lo importante es que los requisitos de ingreso se cumplan y en este caso se cumplieron”. Llamó la atención al hecho de que “si no se hubieran cumplido los procedimientos establecidos, no nos hubiéramos dado cuenta de que el arroz estaba contaminado y procedía su destrucción”.
Pero, según Campos, las certificaciones en Estados Unidos “no son emitidas por organismos institucionales, sino en laboratorios privados. En el libre comercio la ética tiene parámetros elásticos. Así, los productos llegan al país sin ningún control sanitario ni fitosanitario”.
En una nota adjunta a las respuestas de Abraham, la directora del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Magda González, señaló que el problema de contaminación del último contingente importado en el 2010 “fue detectado y resuelto, precisamente gracias al trabajo de inspección oportuna que realiza el SFE”.
Añadió que “nunca se ha puesto en riesgo la salud de la población costarricense, ya que en este caso y como siempre, se han seguido los procedimientos de coordinación con los entes competentes, para el control sanitario y de calidad establecidos en la normativa”.
Cabe mencionar que antes de la entrada en vigencia del TLC, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) enviaba una delegación a verificar el estado del producto en el puerto de embarque, porque esa instancia era la responsable de la importación a través de un decreto de desabasto.
Esa verificación se hacía a partir de un protocolo que incluía el envío de muestras del producto al SFE y al laboratorio de calidad de la CONARROZ, de previo al envío del contingente importado, según explicó Campos, quien fuera presidente de la CONARROZ.
En el marco del TLC, es a cada empresa a la que se le asigna la importación y es a la hora de ingresar el barco en puerto, donde a las autoridades del SFE les corresponde verificar que el producto cumpla con los parámetros de calidad.
Campos reconoció que tras el referendo del 2007, el sector arrocero enfrenta un proceso de apertura, en el cual los productores de arroz sienten que pueden sobrevivir, “pero será un negocio que quieren conservar en muy pocas manos, eliminar a los pequeños y medianos productores, para que sólo queden los grandes, que además son importadores y están vinculados a los grandes suplidores del grano a nivel internacional”.
Fijación de precios
En el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la fijación de precios es considerada un “subsidio distorsionante” de la actividad, de manera que Estados Unidos y otros países presionan para que Costa Rica la elimine (ver UNIVERSIDAD del 6 de octubre del 2010).
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ha dicho que no puede eludir la disposición legal que le obliga a fijar los precios del arroz, mientras que desde el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se aboga fuertemente por que se elimine esa medida.
Este 1 de enero entró a regir el decreto ejecutivo No. 36247-MEIC, firmado por la presidenta Laura Chinchilla y la jerarca del MEIC, María de los Ángeles Antillón, el cual fijó en ¢20.050 el precio mínimo de compra del saco de arroz por parte de los industriales a los productores, una rebaja importante a los ¢24.315 que se habían establecido por esa misma vía en marzo del 2009.
Sin embargo, organizaciones de productores de diferentes regiones del país se organizaron para impugnarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Campos explicó que la eventual eliminación de la fijación de precio significaría “eliminar la producción nacional, porque el arroz importado es malo, barato y ya se mueve a través de canales específicos sobre los suplidores en Estados Unidos y los importadores en Costa Rica”.
Para Campos, se trata de la “estocada final al sector, porque reduce las posibilidades de competir a partir de los costos internos de producción, que en Costa Rica son entre un 30% y un 40% más caros que en Panamá o Nicaragua”.
Sobre la rebaja en el precio mínimo del saco de arroz, indicó que “ya ocasiona pérdidas al agricultor”, y por eso calificó la medida como “una fijación antojadiza del MEIC; el texto del decreto dice que es para ajustarse a las medidas de la OMC; eso significa que al perjudicar a los agricultores van eliminando la actividad y así se acaba el problema”.
Respecto al precio mínimo del saco de arroz, la ministra Abraham se limitó a decir que “seremos respetuosos de lo que dicten los tribunales. Lo importante es que el precio es un instrumento específico, que garantiza a los productores un determinado nivel de ingresos, sean o no eficientes”.
Para Abraham, si los productores incrementan su competitividad podrían lograr mejores ingresos, “pero como el precio está fijado como un techo, están en un lugar confortable que no estimula la competitividad; por eso estamos proponiendo un programa de competitividad particularmente para los pequeños y los medianos, donde hablamos de una integralidad de instrumentos”.
La funcionaria aseveró que “no debemos renunciar a producir granos” y reconoció la necesidad de mejorar las condiciones de producción, especialmente de los productores más pequeños.
“No se trata de que tengamos políticas como hasta ahora, de mercados tan cerrados que solamente estimulan a no hacer ningún tipo de esfuerzo para mejorar la competitividad”, indicó.
