Los trabajadores de PAIS-UCR y las autoridades de la Universidad no llegan a ningún acuerdo. (Foto: Katya Alvarado)

Los 450 trabajadores del Programa Integral en Salud (PAIS), que actualmente administra la Universidad de Costa Rica (UCR), piden a las autoridades universitarias que se les garantice una plaza dentro de la institución, pero la negociación hasta el lunes 25 no conducía a ninguna parte, pues el rector Henning Jensen asegura que no es posible absorber a todo el personal.

Ante esta situación, los funcionarios no tienen un panorama claro, ante el inminente hecho de que serán cesados a partir de febrero próximo, cuando la UCR deje la administración de los 45 Ebáis de La Unión, Montes de Oca y Curridabat, y estos pasen a manos de la Universidad de Iberoamérica (Unibe), empresa contratada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que continúe con el servicio.

Sindicatos, usuarios de los Ebáis y otros sectores, se oponen además a la contratación que hizo la CCSS con la Unibe, al considerar que se privatizan los mencionados servicios de salud.

Las mesas de negociación con las autoridades de la UCR y los representantes sindicales no han alcanzado un término positivo y mientras tanto una buena porción de los trabajadores se mantiene en una huelga indefinida.

Desde el 11 de noviembre los trabajadores se declararon en huelga, como una medida que pretende evitar la pérdida de los empleos. Incluso se han mantenido a pesar de que ya se ha dado una declaratoria de ilegalidad de la huelga y el anuncio de sanciones en su contra.

El rector Jensen ha dicho que la institución ha tenido disposición de negociar y llegar a un acuerdo; sin embargo, fue enfático en que es muy difícil para la entidad asumir a todo el personal de los Ebáis.

“Si lo hiciéramos nos veríamos en la necesidad de cerrar aquellas plazas y nombramientos para los cuales ya tenemos un análisis administrativo positivo; creo que eso no lo va aceptar ninguna unidad académica”, argumentó el Rector.

Por otro lado, agregó que cada trabajador que pase del PAIS a la Universidad costaría en promedio ¢23 millones al año; es decir, si lograran pasar al menos unos 100 empleados, se trataría de ¢2.300 millones, una cantidad de dinero que no tienen en el presupuesto universitario.

“Nosotros lo que le proponemos al sindicato es hacer una intermediación interinstitucional con la Caja y el Ministerio de Salud, para que de esa manera podamos encontrar algunas opciones de traslado y contratación; pero, pedir que sea la Universidad la que los asuma es una exigencia que no podremos cumplir”, añadió Jensen.

Por su parte, los representantes del Sindicato de Empleados (Sindeu) de la UCR  manifestaron que han hecho todo lo posible por resolver la situación de la huelga, pero que la Administración de la UCR “se ha empeñado en crear obstáculos para no llegar a ningún acuerdo”.

“No es cierto que los trabajadores y el Sindeu sean los que han puesto obstáculos para llegar a una solución. Estamos dispuestos a negociar y avanzar en una solución justa y equitativa para los trabajadores del PAIS y la protección de la seguridad social de la nación”, comentó Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu.

Agregó que los trabajadores se mantienen en huelga porque quieren tener trabajo, pues se trata de 450 familias que se quedarán sin sustento. Están desesperados por volver a atender a la población, y los mueve el deseo de defender a las comunidades.

El pasado lunes 25 de noviembre, al cierre de esta edición, la Rectoría de la UCR y los sindicatos habían acordado negociar −con la intervención del ministerio de Trabajo− la posibilidad de que la UCR absorbiera la mayor cantidad de trabajadores que quedarían cesantes, pero no se llegó a ningún acuerdo.

El Sindeu criticó que la Rectoría se negó a participar en la reunión y descalificó al  Ministerio de Trabajo como mediador. Para el martes 26 las partes harían un nuevo intento de negociación en la UCR con el Rector.

Por otra parte, la falta de una solución concreta ha desinflado los ánimos de algunos de los trabajadores que se mantenían en huelga, quienes han decidido volver a sus funciones en los Ebáis.

De acuerdo con Patricia Montero, directora del PAIS-UCR, este lunes se reintegraron más personas a trabajar, lo que no quiere decir que los servicios se estén brindando al cien por ciento.

Actualmente, los servicios de Lourdes y Mercedes están siendo interrumpidos por la huelga y se mantienen en huelga 139 trabajadores, mientras que otros 336 están laborando normalmente.

“Todavía tenemos servicios mermados, problemas en la atención, pues no contamos con personal que cuesta mucho sustituir, como los técnicos en farmacia, auxiliares de registros médicos y ATAP. Aún hay personas convencidas que se alcanzará un acuerdo”, indicó Montero.

EN BUSCA DE ALTERNATIVA

A la mencionada lucha se han unido otros sindicatos, como la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) quienes han motivado una serie de encuentros con los trabajadores y se mantienen preocupados por lo que llaman la privatización de los servicios de salud, al entregar la administración de los Ebáis a la Unibe.

De acuerdo con Luis Chavarría, secretario general de la Undeca, se buscó la mediación del ministerio de Trabajo para resolver el conflicto, sobre todo por el fondo de la lucha, que es garantizar las condiciones laborales de los 450 funcionarios.

“Lo que se busca es una fórmula para que este personal logre incorporarse, ya sea en la Universidad, o se busque otras alternativas de reubicación en otros sectores, por ejemplo en la Caja o instituciones de gobierno. Se trata de un personal sumamente calificado, con años de experiencia en la materia de atención primaria en salud”, detalló Chavarría.

Para el sindicalista, es probable que la Unibe no cuente con el personal suficiente para atender todas las zonas de aquí a febrero, lo que significaría un deterioro de la atención de los ciudadanos.

Andy Fuller, del Sindeu, hizo ver que tanto ellos como el ministerio de Trabajo y otros sindicatos como Undeca y Sintrajap mantendrán abierta la posibilidad de negociar, pero de no darse una pronta solución se darían acciones de presión.

“Estamos hablando que podríamos paralizar temporalmente los servicios en el área de salud de Montes de Oca, los puertos y bloquear rutas como la que lleva al aeropuerto, así como medidas internas en la Universidad. Debemos encontrar una respuesta al problema de los trabajadores”, advirtió Fuller.

Luis Chavarría fue claro en que la lucha contra la privatización de los Ebáis −con la concesión de los servicios a la Unibe− continuará, pues aunque la CCSS sostiene que pagarán menos de lo que les cobra la UCR, lo cierto es que se atenderán 9 Ebáis menos.

“Las autoridades de la Caja dicen que los servicios serán unos ¢3.000 millones menos, pero no hacen mención a que se contará con menos centros. Estamos haciendo un análisis legal del tema”, puntualizó.

Declaratoria de ilegalidad

El pasado viernes 22 de noviembre, la Universidad de Costa Rica fue notificada de que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga en los Ebáis de Montes de Oca y Curridabat.

Además, se mantienen a la espera de que se resuelva la situación de los huelguistas de los Ebáis de La Unión.

Al parecer, la resolución judicial sí caló en algunos trabajadores, que decidieron volver a trabajar a los centros de salud, aunque aún quedan 139 funcionarios que se mantienen en huelga indefinida.

En un comunicado de prensa, la Rectoría destacó que “la declaratoria disuelve el vínculo existente entre patrono y trabajador, por lo tanto en este momento se disuelve el vínculo entre la UCR y los trabajadores de los Ebáis que han estado en huelga”; por lo tanto, quienes no se reincorporen a sus labores podrían enfrentar consecuencias salariales.