Al cierre de esta edición el 22 de febrero, el reconocimiento oficial de una nueva directiva y otras novedades atizaban el conflicto en entre el Gobierno y SINTRAJAP, el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en torno al proyecto de dar en concesión los muelles de Limón a una empresa privada.

Durante una audiencia celebrada el pasado 19 de febrero en el Juzgado de Menor Cuantía de Trabajo de Limón, los directivos de SINTRAJAP conciliaron un acuerdo con la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que los acusó de violaciones a las leyes laborales.

El juez Alberto García archivará la causa una vez que el sindicato realice la asamblea general que ya había convocado para este 26 de febrero -o para el 5 de marzo en caso de que no hubiera quórum-. Además, la directiva deberá someter a votación de los afiliados si aceptan o no la millonaria indemnización que les ofrece el Gobierno a cambio de aceptar la concesión de los muelles.

Los directivos, que se han opuesto a la concesión y han calificado de soborno la millonaria indemnización ofrecida a los trabajadores para que la acepten, denunciaron que el Gobierno despliega un plan y utiliza el MTSS para intervenir en el sindicato y coaccionar a los trabajadores amenazándolos de quedarse sin empleo y con las manos vacías si no aceptan la oferta (ver recuadro “Atemorizan…”).

Entre tanto, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica le pidió al Gobierno que respete  el principio constitucional de la autonomía sindical y “cese las acciones hostiles e ilegales contra SINTRAJAP.”

El director nacional de la Inspección General de Trabajo, Guillermo Acuña, quien firmó la acusación contra el Sindicato, dijo que la denuncia que su oficina planteó es de mera legalidad. Sostuvo que su actuación es transparente y negó que esté involucrado en alguna estrategia para descabezar el sindicato.

Ante la pregunta de si el Gobierno está aplicando un plan contra el sindicato, comentó que “si yo le dijera que sí, sería un mentiroso porque lo desconozco. Si yo me dejo ir por las fuentes periodísticas, podría decir: diay, sí se la están montando (al sindicato), pero habría que estar en Limón para ver qué es lo que dice la gente ya involucrada…no me quiero meter en nada político.”

El lunes, un grupo de sindicalistas se presentaron con carteles de protesta a las oficinas del MTSS en San José, cuando corría el rumor de que el Ministerio ya había decidido avalar la asamblea que realizaron trabajadores partidarios de la concesión, encabezados por el denominado “Grupo mediador”.

Esta información se confirmó horas después, con lo cual se despeja el camino para que el sindicato pase a ser controlado por el grupo favorable a modificar la Convención Colectiva de Trabajo y se acepte la concesión de los muelles de JAPDEVA, cosa que actualmente está prohibida por dicho convenio laboral.
Cabe recordar que dicho grupo desconoció en enero pasado a la directiva del sindicato, nombró una nueva y pidió al Ministerio su reconocimiento como representantes legítimos del sindicato. El Ministerio les resolvió favorablemente, pero la medida podría ser apelada por el sindicato, que también podría acudir a instancias judiciales para combatirla.

Llama la atención la inusitada celeridad con que actuó la Inspección de Trabajo para investigar y acusar al sindicato del violación a las leyes laborales, en contraste con la lentitud que caracteriza los trámites en el MTSS. Asimismo, se observan algunas incongruencias en las fechas consignadas en el informe que presentaron los investigadores, y que dio pie a la acusación ante el juzgado de trabajo. Una de ellas, que el órgano investigador se constituyó un día antes de que –según el acta de los investigadores- ocurriera el hecho ilegal objeto de la investigación.

EXTRAÑO

Acuña nombró el 19 de octubre pasado el órgano investigador integrado por los inspectores Álvaro Ruiz Matarrita y Gerardo Calvo Madrigal, “por el procedimiento de denuncia por conflicto entre SINTRAJAP y un grupo de trabajadores afiliados al sindicato.”
La investigación se inició un día después, cuando se produjo la primera visita de los inspectores y se concluyó el 6 de noviembre, fecha de la última visita, de acuerdo con el informe que los inspectores presentaron a Acuña exactamente un mes después, el 19 de noviembre.
Ese mismo día, Acuña firmó la acusación contra SINTRAJAP, representada por su secretario general Ronaldo Blear, “por infracción a las Leyes de Trabajo y Seguridad Social”, y al día siguiente fue presentada ante el juzgado.
En la investigación los inspectores dicen que comprobaron que “un 25% de los trabajadores firmantes afiliados activos a SINTRAJAP cumplen con las formalidades respectivas para convocar a asamblea de conformidad con el artículo 15 del Estatuto (del sindicato); sin embargo, les fue rechazada (la petición) en fecha 20 de octubre de los corrientes, sin fundamento legal, es por lo que se considera un incumplimiento a la normativa citada, habiéndose realizado la prevención respectiva en fecha 6 de noviembre del año 2009…”,
Al citar la normativa presuntamente violada, la acusación cita entre otros el artículo 15 del estatuto de SINTRAJAP, según el cual “el 25% de los afiliados del Sindicato podrán solicitar a la Junta Directiva, cumpliendo previamente las formalidades del caso, la convocatoria a la Asamblea General y Extraordinaria haciendo constar en la solicitud los motivos que se tengan para sus efectos. La Junta Directiva a su vez deberá revisar que se cumpla con las formalidades y, una vez comprobado que se cumplen, estará obligada a hacer las respectivas convocatorias a más tardar ocho días después de recibida la comunicación.”
¿A quién le corresponde comprobar que se cumplieron las formalidades para convocar a asamblea? se le preguntó a Acuña.
Dijo que eso es función del Departamento de Organización Sociales del MTSS, en un procedimiento independiente del que realiza la Inspección de Trabajo.
¿Entonces cómo comprobaron ustedes, como dicen, que la directiva actuó ilegalmente porque rechazó una solicitud de asamblea general que cumplía con las formalidades?
Acuña respondió –pese a lo anteriormente dicho- que para eso los inspectores fueron asesorados por el jefe del Departamento de Organizaciones Sociales, Joaquín Orozco.
Los directivos de SINTRAJAP alegan que la solicitud presentada por el grupo favorable a la concesión, para convocar a asamblea general, no cumplía las formalidades que señala el mencionado artículo 15, y que, por lo tanto, su obligación era rechazarla.
Según el informe de los inspectores, sus visitas in situ se realizaron entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre. El acta con la prevención fue entregada el mismo 6 de noviembre a las 9:10 a.m. en las oficinas de SINTRAJAP en Limón. De atenerse a lo que dice el acta, eso significaría que a primera hora de ese día los inspectores alcanzaron a hacer la visita, levantar el acta y hacer la notificación al sindicato en Limón.
Por otro lado, en el diario La Prensa Libre con fecha del mismo 6 de noviembre aparecen declaraciones de Acuña en que dice que ya se le había enviado prevención a SINTRAJAP para que convocara a asamblea, porque luego de un “estudio exhaustivo”, se concluyó que la petición cuenta con un apoyo por el porcentaje contemplado por el Estatuto del sindicato.”
Es decir que estas declaraciones fueron dadas al diario el 5 de noviembre, un día antes de que la prevención fuera notifica al sindicato y que se hiciera la última visita, que según el acta de los investigadores se hizo el día 6.
Es que eso es “machotero”, explicó Acuña, cuando se le preguntó si son normales esas inconsistencias de los investigadores. En cuanto a la celeridad con que se llevó a cabo el trámite, dijo que es lo usual, y además éste era un caso sencillo que no requería mucho tiempo para la investigación.
No obstante, de seguido reconoció que aunque en teoría está estipulado que estas investigaciones no duren más de dos meses, en la práctica pueden durar hasta un año o más. Hizo ver incluso su extrañeza de que el juez convocara tan rápido la primera audiencia pública del juicio (el viernes pasado), ya que este tipo de juicios dura en promedio dos años.
Por su parte, Erick Briones, jefe de la asesoría legal de la Inspección de Trabajo, no había reparado que en los documentos presentados aparece el 20 de octubre como la fecha de la infracción cometida por el sindicato, y que esa oficina ordenó investigar el 19 de octubre, un día antes de que supuestamente se cometiera.
Deber ser un error material, no hay problema, se puede corregir en el juicio, manifestó Briones al ver la copia de los documentos que se le mostró.
José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP, calificó de descabellada la acusación de prácticas laborales desleales presentada contra el sindicato por la Inspección Laboral. Las prácticas laborales desleales están tipificadas para los patronos, nunca para ser aplicadas a una parte del sindicato, adujo.
“Como no pueden acusarnos de nada, inventan una acusación de prácticas laborales desleales. En ninguna encajamos nosotros, pero nos están acusando de eso”, subrayó Castillo.
La conciliación se dio porque la acusación no tiene ni pies ni cabeza, ni de forma de fondo, y por SINTRAJAP tiene convocada asamblea a través del secretario general, entonces el caso se archiva, manifestó Castillo.

DIVISIÓN

En el otro bando, Marlon Pinnock, miembro del llamado Grupo Mediador, dijo que “la intransigencia de los directivos de no elevar la propuesta a todo el gremio para que decidiera en la asamblea, hizo que el sindicato como tal se dividiera. Ellos tienen su posición y lógicamente hay algunos que los apoyan, y tal vez no manejan la situación tan fríamente como los que están a favor.”
El trabajador está tan enojado con estos directivos que tomó la decisión de nombrar nueva directiva. “Ellos (los directivos) deberían renunciar por vergüenza y no provocar que se abra un portillo de esta índole en el sindicalismo nacional”, afirmó Pinnock la semana pasada, cuando aún se desconocía la resolución del MTSS reconociendo a nueva directiva.
¿La nueva directiva está actuando en representación del sindicato?, se le preguntó.
“Todavía no, porque no estamos a derecho hasta que no recibamos las credenciales. Pero a nivel de trabajadores y del gremio ya ellos no son los representativos y debe prevalecer la decisión que tome el ministro (de Trabajo sobre la validez de la asamblea realizada por el grupo disconforme). Creo que eso va estar saliendo este viernes (de la semana pasada para los lectores).”
¿Ustedes confían en que les van a cumplir todo lo que les han ofrecido a cambio de aceptar la concesión?
“Lo nuestro no es una cuestión de confianza, es una situación de negociación. Todo lo pactado es una cláusula que se va a incorporar en la convención colectiva, que es ley entre las partes. Una vez que esté ahí, venga quien venga, suceda lo que suceda, si a los trabajadores de JAPDEVA se les cesa en sus funciones tienen el derecho de tener la indemnización”, señaló.
Explicó que no es el Gobierno el que va a sacar la plata para pagar, sino que el concesionario que gane la licitación será el que ponga el 100% de ese dinero para los trabajadores.
Con una indemnización de aproximadamente ¢100 millones (que le tocaría a cada trabajador con al menos 20 años de laborar), a una tasa de interés de un 15%, eso significa casi ¢1.4 millones al mes, y muchos no ganan eso, añadió.
“Nosotros no estamos entregando nada hasta que se nos cumpla lo pactado en convención colectiva. Pero lo primero es quitar la piedra en el camino que son estos directivos, que no se a quién están sirviendo, porque no están escuchando a los trabajadores.
“Nosotros sabemos que este proceso ya una vez aprobado por los trabajadores el mayor tiempo que va a durar es un año. Están esperando tener ya un compromiso serio con el trabajador  para sacar el cartel de licitación.
Y también sabemos que es una alternativa para la provincia de Limón, porque mucha inversión se ha corrido de Limón precisamente por los sindicatos.”
¿No les preocupa que el Sindicato desaparezca?
“Si se da el cambio de modelo de gestión para estos puertos viejos, el Sindicato prevalece, porque no son todos los trabajadores los que se van. Por eso el Gobierno hizo su denuncia de la convención colectiva, donde está eliminando toda la coadministración. Quiere decir que el Sindicato prevalece, pero no va a tener injerencia en las decisiones administrativas de la institución”, consideró Pinnock.
Tras la negativa del Sindicato de aceptar la privatización, el Gobierno elevó de $80 millones a $137 millones (unos ¢80.000 millones) la indemnización ofrecida a los trabajadores, lo que se traduciría, según la propuesta, en el pago de ¢4 millones por cada año trabajado hasta un máximo de 20 años.

Atemorizan con dejar a trabajadores sin nada

Ronaldo Blear, secretario general de SINTRAJAP.
Se ve que efectivamente esto es plan macabro que nosotros hemos venido denunciando y que el Gobierno ha venido cumpliendo paso a paso ya sea en forma directa o a través de los testaferros.
 ¿Teme que el Gobierno pueda acabar con el sindicato?
-El temor es que el estado de derecho está asaltado por el Poder Ejecutivo. Todos sabemos cómo llegó el Presidente de la República (Óscar Arias) a estar sentado donde está sentado ahora. Ellos tienen controlado todo, hasta la Sala Constitucional. El temor de nosotros es que violen la ley. El Código de Trabajo y los estatutos no permiten que se haga lo que están planteando, pero una prueba de que efectivamente eso se está dando es que el Gobierno, utilizando el Ministerio de Trabajo, nos tiene demandados en el Juzgado de Menor Cuantía de Limón.
De manera muy bien estudiada han venido aplicando presión mediática y aplicando la ley del miedo, atemorizando a los trabajadores diciéndole que si no aceptan el soborno se quedan sin nada. Hoy los están sobornando con una cosa fantasiosa, y mañana se puede convertir en una estafa esta situación.
Hay una realidad dolorosa que tenemos en JAPDEVA y es que hay dos clases de trabajadores entre los que están siguiendo este engaño del Gobierno. Unos son trabajadores humildes que están con deudas y los ilusionan con la plata que les ofrecen. Otros son los llamados dirigentes, que nosotros hemos llamado testaferros del Gobierno y que tienen unas deudas impresionantes. En Limón se comenta que están recibiendo dinero y otras ventajas para hacer lo que están haciendo.
Para hacer las reuniones el Gobierno ha estado facilitándoles el bien público, prestándoles las instalaciones, vehículos, obligándolos a ir, porque en lugar de irlos a dejar a sus centros de trabajo, utilizaron vehículos y a los jefes para asegurarse que sus empleados inmediatos estuvieran allí.
Aun así en la primera reunión que tuvieron, el 15 de enero, primero salió en los periódicos que llegaron 900 trabajadores, luego bajaron a 800, a 700 y así se fueron hasta que por el plan estrella del Gobierno 337 personas fueron las que votaron.
Y en la otra reunión que tuvieron, el 29 de enero, no llegaron ni 200 personas. O sea, que en la primera reunión solo pudieron reunir al  20% de los afiliados a SINTRAJAP, porque nosotros tenemos 1.519 afiliados, pero ahora, en la segunda, no llegaron ni el 12%.
Fue un fracaso, porque primero citaron a la gente para las ocho de la mañana, pero la reunión fue empezando a eso de las 10:20, y en ninguna de las convocatorias hicieron el quórum necesario. Hay videos de ellos mismos que lo muestran.
Ahora para el Gobierno el asunto es buscar una solución legal que le permita a la Inspección General de Trabajo obligar a la junta directiva del sindicato a convocar a asamblea extraordinaria a solicitud del 25% de los afiliados.
La Inspección es normalmente el organismo que denuncia a los patronos. Ahora la utilizan para denunciar al sindicato.