Transgénicos circulan con facilidad por el país

Miles de costarricenses consumen a diario alimentos transgénicos sin saberlo. Uno de los derechos que exigen los ambientalistas, es que las personas sean

Miles de costarricenses consumen a diario alimentos transgénicos sin saberlo.


Uno de los derechos que exigen los ambientalistas, es que las personas sean informadas debidamente si los productos que consumen son genéticamente modificados (foto con fines ilustrativos).

Un monitoreo realizado por la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad reveló que por el territorio costarricense circulan con facilidad alimentos transgénicos Organismos Genéticamente Modificados (OGM), e incluso en el Mercado Central de San José algún agricultor podría comprar maíz de este tipo para sembrar, lo cual violaría las regulaciones nacionales.

La mencionada agrupación regional dio a conocer el pasado 16 de febrero en el auditorio del Colegio de Periodistas, los resultados del estudio que hicieron en Centroamérica y el Caribe, en el que comprobaron que a estos países llega gran cantidad de soya y maíz  transgénico.

 

Uno de los casos más alarmantes lo encontraron en Guatemala, en donde detectaron que un cargamento de ayuda alimentaria consistía en maíz de la variedad «Starlink», prohibida desde finales del 2000 en Estados Unidos por el ente regulador de drogas y alimentos (FDA).

Los resultados de los monitoreos los dieron a conocer los costarricenses Eva Carazo, de la Mesa Nacional Campesina; Fabián Pacheco, de la Asociación de Ecología Social (AESO); Juan Arriaga, de Sol de Vida; Federico de Farías, de la Red de Coordinación en Biodiversidad ; e Isaac Rojas, de COECOCeiba-Amigos de la Tierra.

La investigación de la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad tuvo lugar en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, en el 2004.

Las muestras fueron tomadas en sitios donde se entrega ayuda alimentaria a la población, en puertos de desembarque, y en puestos de venta de granos y semillas, o de productos alimenticios en supermercados.

Según información de la Alianza, «durante el proceso de análisis se implementó tecnología de campo de acuerdo con los estándares establecidos por el Servicio Federal de Inspección de Granos de Estados Unidos».

Los materiales recolectados los enviaron para practicarles análisis cuantitativos y cualitativos en el laboratorio «Genetic ID» de Estados Unidos, reconocido por la FDA y con acreditación internacional.

Cabe recordar, que la Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó a finales de noviembre del año pasado al Gobierno, una moratoria (suspensión) en la concesión de permisos para introducir variedades transgénicas nuevas en territorio nacional o para renovar cultivos existentes.

En Costa Rica aún no hay legislación que regule la entrada de productos alimenticios elaborados con transgénicos, mientras que su siembra solo está permitida para producir semillas que luego deben ser exportadas.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados obtenidos por la Alianza, del total de muestras recogidas de maíz y soya en las naciones indicadas, el 80% registraron presencia de OGM.

De las muestras que dieron positivo, el 68% fueron encontradas en puestos de venta al público, e introducidas mediante los canales de importación y distribución. Entretanto, el 32% restante entró como ayuda alimentaria (maíz en distintas formas), y fue distribuido en su mayoría por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

Fue dentro de esta ayuda alimentaria que los encargados de monitorear encontraron maíz de la variedad «Starlink», destinado a comunidades guatelmatecas cercanas a la frontera con Honduras. Dicha variedad fue producida por la multinacional biotecnológica «Aventis» y debido a que provoca alergias, la FDA de Estados Unidos la prohibió para consumo humano en el 2000.

Se trató de consultar a la representación en Costa Rica del PMA, para conocer cuáles son sus políticas al respecto; sin embargo, su número no aparece registrado en la guía telefónica y en el servicio de información 113 tampoco lo tenían.

En el ámbito costarricense, los encargados de la recolección de muestras la llevaron a cabo con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, del Departamento de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), y otros.

Barcos en Puerto Caldera -Puntarenas- y Moín -Limón-, así como un puesto de venta en el Mercado Central, fueron puntos monitoreados. Estas muestras las analizaron preliminarmente en la UCR y después en el laboratorio Genetic ID.

De 33 muestreos realizados (28 en maíz y 5 en soya), un 48% evidenció presencia de transgénicos, y en el caso de la soya las cinco tenían una composición resistente al herbicida Roundup Ready, de la firma Monsanto.

Respecto a los granos encontrados en un tramo del Mercado Central, estos correspondieron a maíz conocido como BT1, el cual contiene la toxina Bacillus thuringiensis, usada para defender de enfermedades a la variedad.

Acerca de las consecuencias de este hallazgo, los investigadores advirtieron que «cualquier agricultor costarricense puede estar utilizando granos transgénicos como semillas para sembrar».

Explicaron que los granos entran al país para ser consumidos en alimentos por humanos o animales, mientras que las semillas son empleadas para sembrar. «Este maíz está entrando en forma de grano sin ningún tipo de control y las variedades criollas pueden estar contaminadas con genes transgénicos, lo cual ya ha sucedido en otros países como México y Canadá», puntualizaron.

¿RESPONSABILIDAD DE QUIÉN?

Consultado acerca de lo anterior el expresidente de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad y del Departamento de Protección Fitosanitaria y Salud Animal -Raynier Ramírez- del MAG, alegó que la importación de los citados productos agrícolas son responsabilidad del Ministerio de Salud, porque estos son alimentos.

Al planteársele que los granos que venden en el Mercado Central pueden ser usados para cultivar maíz, dijo que entonces esto constituye un delito y que debía ser indagado por el Organismo de Investigación Judicial.

«Estamos muy claros del rango de acción nuestro y no me voy a meter a hacer cosas que no me competen», agregó.

Ramírez detalló que la comisión de bioseguridad en este momento no funciona, ya que están a la espera de que el Poder Ejecutivo emita el decreto con los nuevos integrantes.

En relación con la moratoria de transgénicos que propuso en noviembre pasado la Red de Coordinación en Biodiversidad, el funcionario afirmó que esta es una decisión política. Cuando el gobierno nombre esta nueva comisión, habrá representación del sector ambientalista y de la ciudadanía.

Isaac Rojas, de COECOCeiba-Amigos de la Tierra, y Fabián Pacheco, de AESO, dijeron que aún no hay respuesta sobre la petición de moratoria y que más bien se han concedido nuevos permisos. Por ello no descartan que en marzo convoquen a algunas medidas de presión.

Demandas

En vista de los resultados del monitoreo que realizaron en cinco países, la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad demandó que se cumplan las siguientes peticiones:

– Que el Programa Mundial de Alimentos -junto con los gobiernos respectivos- retire de inmediato la ayuda alimentaria que contenga maíz Starlink.

– Que el PMA no introduzca semillas ni distribuya semillas, granos y cereales con cualquier tipo de OGM en sus proyectos, y que más bien den ellos prioridad a las semillas locales.

– Que los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana ratifiquen cuanto antes el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología.

– Que los gobiernos de la región suscriptores del Convenio de Diversidad Biológica protejan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y las semillas criollas.

– Que los gobiernos -con base en el principio de precaución (artículo 15 del citado Convenio)- decreten una  moratoria de OGM, hasta que no se establezcan marcos de bioseguridad apropiados.

– Que se incluya a los organismos de la sociedad en la discusión de los marcos jurídicos de bioseguridad.

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