De 9.000 quintales que permanecen sin vender, 2.000 serán adquiridos por el CNP. De fondo está el tema de la seguridad alimentaria de un país que produce sólo el 20% de su consumo de frijoles.
Un muy moderado optimismo sienten los representantes de los productores de frijol de la Zona Sur ante las soluciones que lograron tras una reunión sostenida con el viceministro de Agricultura y Ganadería, Román Solera, y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Carlos Manuel Vicente.
El encuentro se realizó el pasado miércoles 7 de abril en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en este estuvo ausente tanto el actual jerarca de esa cartera, Javier Flores, como la ministra designada para el próximo Gobierno, Gloria Abraham.
En la pasada edición de UNIVERSIDAD se trató el tema de la apremiante situación que viven los productores de frijol de la Zona Sur, quienes no logran colocar un remanente de 9.000 quintales de la primera cosecha de este año, lo cual se debe, entre otras razones, a un portillo legal que permite a los industriales comercializadores no comprar esa parte de la cosecha y recibir exenciones fiscales a la importación del producto.
Cien personas viajaron desde la Zona Sur para negociar con representantes de Gobierno sobre el tema. Al final, ambas partes suscribieron un documento en el cual el CNP se comprometió a adquirir 2.000 quintales a un precio de ¢30.000 cada uno, además de que de manera gratuita almacenará otros 4.000 quintales, en vista de que sus bodegas presentan mejores condiciones. Además, se conformó una comisión interinstitucional que integrará a productores e industriales, para buscar las medidas que resuelvan de manera definitiva el problema de la comercialización del frijol nacional.
“No me siento optimista, es tanto el tiempo que tenemos de escuchar bonitas conversaciones que no salgo satisfecho, yo hubiera querido ver aquí al Ministro, porque es el máximo jerarca y supuestamente está ahí para ayudarnos a los productores, pero creo que no ha comprendido bien su puesto. También se solicitó la presencia de la ministra designada, pero tampoco vino”, lamentó Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejibaye, de Pérez Zeledón, al salir del encuentro.
Por su parte, el viceministro Solera dijo sentirse “muy complacido” con el resultado de la reunión y destacó que a pesar de la urgencia que tienen los productores buscaron manifestarse de forma pacífica.
“El tema central es que la producción nacional sale con un precio por quintal de aproximadamente ¢35.000, mientras que en el mercado internacional cuesta prácticamente ¢20.000, es una diferencia sustancial”, indicó.
Aún así, apuntó que la producción nacional es muy pequeña, pues se trata del 20% del consumo total del país, “el industrial adquiere el producto, pues de la Zona Sur se colocó más del 90%, pero quedan remanentes difíciles de colocar y es en lo que como administración tratamos de ayudar”.
“Esto no debiera suceder, por eso con la conformación de la comisión esperamos resolver no sólo el tema de la comercialización, sino encontrar también otras opciones en las que creo que el proceso agroindustrial ayudará a que ellos no tengan estos problemas con la cosecha”, señaló.
SOLUCIÓN PARCIAL
El documento resultante de la reunión fue firmado por Román Solera, del MAG; Carlos Manuel Vicente, presidente ejecutivo del CNP; y Alexis Bermúdez y Freddy Morera por parte de los productores. Como testigos también firmaron el diputado Mora y el sacerdote Gerardo Fernández, quien acompañó a los productores.
El texto consta de cinco puntos en los que, tras reconocer el problema de comercialización de los 9.000 quintales, el CNP asumió el mencionado compromiso de la compra de 2.000 quintales, cuyo transporte correrá por cuenta de la institución.
La comisión que buscará una solución definitiva al problema de la comercialización, está integrada por funcionarios del CNP, del MAG y del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria (INTA).
Además de los funcionarios gubernamentales, la comisión contará con cuatro representantes de los productores, Alexis Bermúdez, presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas, de Buenos Aires de Puntarenas, y Morera en representación de los de la Zona Sur, y otros dos por definir de la Zona Norte. Finalmente, también habrá un representante del sector intermediario industrial.
El último punto del acuerdo señala que de la producción de frijol aún pendiente por comercializar, es decir 7.000 quintales, el MAG y el CNP “adquieren el compromiso de indicar a los productores a más tardar el miércoles 14 de abril en qué plazo se estará comercializando”.
El diputado liberacionista Alexánder Mora, quien estuvo presente y firmó el documento como testigo de honor, señaló que es preciso aprobar legislación “para que no se pueda importar frijoles hasta que la producción nacional sea vendida en su totalidad”.
Durante el encuentro fue evidente el descontento de los agricultores por la ausencia del ministro Flores, así como de la ministra designada, Gloria Abraham. “De buenas intenciones está lleno el país, pero no hemos sentido las buenas intenciones de Javier Flores, sólo nos dice lo que queremos oír”, manifestó Morera.
El agricultor informó luego de la reunión que los agricultores ven con buenos ojos la conformación de la comisión, pero “nos quedan unos 3.000 quintales a los que no se les da solución, sólo 2.000 quintales encuentran solución verdadera”. “Si de verdad se trabaja en serio el procedimiento por el cual se solucione el problema de distribución del frijol nacional, no debería volverse a repetir esto pero hay que analizar muchas cosas, por ejemplo si se deben bajar los costos o si algún sector debería bajar sus utilidades”.
Al cierre de edición se realizó la primera sesión de trabajo de la mencionada comisión. Según explicó Morera a UNIVERSIDAD, lo más importante fue una propuesta del sector industrial de que se le cobre un canon a la importación de arroz, algo que según dijo los productores ven con mucha cautela.
Por su parte, Carlos Manuel Vicente, presidente ejecutivo del CNP, detalló que esa institución colocorá los 2.000 quintales que comprará a los agricultores a través de su Programa de Abastecimiento Institucional. En cuanto a los restantes 7.000 quintales, manifestó que “recurriremos a la solidaridad del pueblo costarricense, buscaremos establecer un plan de mercadeo a través de los sindicatos, para que sea el personal de las instituciones el que compre, hacemos un llamado a comprar frijol costarricense”.
Vicente además hizo un llamado “a la responsdabilidad social empresarial de los industriales para que nos ayden a comprar ese poquito de grano costarricense, pues la cosecha nacional representa únicamente un 20% del consumo de frijol”.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
En ese sentido, se le preguntó al funcionario qué tan grave, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria nacional, son los hechos de que el país sólo produce el 20% de los frijoles que consume y la reticencia que los productores dicen encontrar en la industria para comprar su producto.
Respondió que “no podemos permitir que el pequeño productor desaparezca, el valor social de ese productor es mucho más alto que cualquier cosecha, tenemos que promoverlo, ayudarlo y dignificarlo, debemos acompañarlo en todo el proceso y eso es parte del trabajo que haremos en la comisión”.
Por su parte, el viceministro Román Solera manifestó que “si fuera desde el punto de vista de garantizar seguridad alimentaria como tal, uno de cuyos principios es disponibilidad, simple y sencillamente se adquiere toda la producción a nivel internacional y se resuelve. Lo que pasa es que internacionalmente se tiende a que los países garanticen su propia producción, el mercado internacional es muy cambiante, hoy China y Nicaragua tienen un producto muy barato, pero mañana puede que no lo tengan”.
Solera añadió que “el problema pasa primero por el tema de los recursos para producir, pero también por el de las condiciones del mercado internacional, no es un sólo factor el que determina. Lo importante es que sí garanticemos que cualquier habitante de Costa Rica cuente con el grano de frijol y arroz como mínimo para su alimentación”.
Una visión diferente del tema planteó Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, quien opinó que la situación actual “es reflejo del abandono de políticas de seguridad alimentaria, el cual se ha dado porque se ha creído que es mejor exportar las cosas en las que somos ‘competitivos’ y entonces el país tendría recursos para conseguir afuera las otras en que en teoría no lo somos, en vez de analizar las causas de por qué no se es competitivo desde una perspectiva más amplia”.
Al respecto, indicó que es necesario ofrecer más información al servicio del productor para mejorar el rendimiento, además de “valorizar lo local y el respeto en el país por las normativas laborales y ambientales, darle valor al costo no solo económico sino ecológico que representa traer alimentos por ejemplo de China, por la huella de carbono que implica esa importación”.
Arauz señaló que el valor estratégico de la seguridad alimentaria radica en el mantenimiento de la base productiva de lo que nos comemos. “Estados Unidos subsidia sus productos básicos y ni siquiera discute al respecto, cuando se dio el proceso del Tratado de Libre Comercio, de una vez sacaron ese tema y dijeron que no estaba en discusión y actúan así porque saben que el tema es prioritario y estratégico”.
El especialista consideró que “hay una amenaza real de desaparición del sector frijolero, el productor tiene que recibir mucho más apoyo de parte de las instituciones en asistencia técnica, comercialización y protección contra competencia desleal, para nadie es un secreto que en China se pagan salarios mucho menores a los nuestros, al igual que en otros países centroamericanos, pero el país tiene una política de bienestar social que no tiene que abandonarse ni usarse como excusa para no comprar a los productores nacionales”.
