Tras dos años de exponer en foros y medios de comunicación sus argumentos sobre las irregularidades alrededor del proyecto minero en Las Crucitas, ambientalistas y académicos recibieron la razón de parte del Tribunal Contencioso Administrativo.

El 24 de noviembre, este tribunal integrado por los jueces David Fallas, Eduardo González, y la jueza Grace Loaiza, decidió anular la concesión minera, la viabilidad ambiental y el decreto de “conveniencia nacional” otorgados a la empresa Industrias Infinito S.A.

En la lectura del “por tanto” los opositores pudieron escuchar cómo muchos de sus argumentos se convirtieron en los motivos por los cuales el tribunal decidió anular el polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto en la zona norte fronteriza con Nicaragua.

Mayor fue la sorpresa cuando los jueces ordenaron comunicar la sentencia al Ministerio Público, para que determine si procede abrir una causa contra el expresidente Óscar Arias y su exministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el otorgamiento irregular de los permisos citados.

VIABILIDAD ANULADA

Uno de los cuestionamientos centrales de los grupos ambientalistas y académicos alrededor del proyecto en Las Crucitas, fue el otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Allan Astorga, geólogo y exsecretario general de la SETENA, fue uno de los más insistentes detractores de la forma en que fue otorgada la viabilidad ambiental a inicios del 2008.
Infinito recibió la viabilidad de la SETENA en el 2005, pero a finales del 2007 solicitó una modificación en el diseño de la mina, con la que redujo el área de superficie que pretendía impactar, aunque aumentó la profundidad de la mina de 15 a más de 70 metros.
La SETENA aceptó el cambio como una simple modificación y en poco más de dos meses, con vacaciones de por medio, le dio el visto bueno al proyecto minero.
Astorga sostuvo que una modificación tan importante como la presentada no podía tramitarse tan rápido, y debía solicitarse un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el proyecto cambió radicalmente; criterio que el Tribunal acogió en su sentencia.
“SETENA demostró una gran debilidad al aceptar en tiempo tan corto una viabilidad ambiental y que nunca pidiera un nuevo EIA, además de que inhibiera a la sociedad conocer el proyecto”, afirmó Astorga.
Álvaro Sagot, uno de los abogados ambientalistas que participó de este proceso, indicó que el IEA presentado por Industrias Infinito contenía errores tan graves como el indicar que en la zona del proyecto había mangle, y presencia de especies vegetales que ni siquiera existen en Costa Rica.
El tribunal consideró que al estar vigente la moratoria a la actividad minera, decretada por el gobierno de Abel Pacheco en el 2002, SETENA no debía dar trámite a la viabilidad ambiental, por lo que decidió anularla desde su primera aprobación en 2005.

DECRETO SIN FUNDAMENTO

El decreto de “conveniencia nacional” otorgado por el expresidente Óscar Arias a este proyecto, también fue cuestionado y anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual no encontró el fundamento técnico que requería el documento según lo establecido por la ley.
Sobre este decreto, el grupo de universitarios “Llamado Urgente por el País” mantuvo la tesis de que para otorgar una declaratoria de este tipo se requería de un estudio “costo-beneficio”, además de que una declaratoria de este tipo solo puede otorgarse a obras de infraestructura.
Otra incongruencia encontrada por los jueces tiene que ver con el área que se permitiría impactar a la empresa minera para desarrollar su actividad.
“La SETENA dio una viabilidad ambiental en febrero de 2008 que cubría un área de 227 hectáreas, que implicaba solo para explotación 50 hectáreas en los cerros Botija y Fortuna; luego viene la Dirección de Geología, en abril, y da la concesión para 1000 hectáreas, y luego el decreto de conveniencia dice que son 260 hectáreas”, comentó Allan Astorga.
A esto se sumó el hecho de que la concesión minera prohibía a la empresa impactar el acuífero regional, mientras que la viabilidad ambiental sí lo permitió al acoger la modificación del proyecto.
Por otra parte, los planos y diagramas de flujo del proyecto minero Crucitas no contaban con el visado del Colegio de Ingenieros Químicos, y se determinó que la empresa pretendía disponer de un camino público para la construcción de su laguna de relaves.
Aparte de todas estas irregularidades, Industrias Infinito, el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, fueron condenados a la reparación integral de los daños ambientales provocados por la tala rasa en la propiedad de la minera, que se calcula arrasó con 50 hectáreas en solo tres días.

ARIAS A INVESTIGACIÓN

Quizá la parte de la sentencia que causó mayor impacto fue la solicitud del tribunal al Ministerio Público, para que determine si procede iniciar una investigación contra el expresidente Óscar Arias, por las irregularidades detectadas en el proceso.
Junto a Arias serían investigados su exministro de Ambiente, Roberto Dobles; la exsecretaria general de la SETENA, Sonia Espinoza; el director de Geología y Minas, José Francisco Castro; la directora del Registro Minero, Cynthia Cavallini; y la exregente ambiental, Sandra Arredondo; entre otros funcionarios.
“Hemos demostrado que teníamos razón y aquí el Estado mostró absoluta ligereza, total falta de cuidado. El tribunal dice que podría haber voluntad de que esto sea así y por eso pide investigar a Óscar Arias y toda esta gente”, afirmó el abogado Edgardo Araya, coadyuvante en este proceso.
Para Araya, la sentencia del Contencioso Administrativo le deja claro al poder económico del país que “no puede hacer lo que quiera en el país”, e insistió en la posible voluntad de la administración estatal de llevar a cabo el proyecto Crucitas “a como de lugar”, según observó el propio tribunal.
Araya lamentó el papel del Estado costarricense en este proceso, donde siempre actuó en defensa de los intereses de la empresa minera, mientras que los ambientalistas tuvieron que asumir la defensa de los derechos de todos los costarricenses.
“Me duele que hayamos tenido nosotros que asumir la defensa del país, cuando las instituciones que se supone tienen que defenderla, no la están  defendiendo”, criticó.
Para Allan Astorga, el que se pida investigar la responsabilidad de funcionarios es una “señal relevante”, que muestra la necesidad de despolitizar instituciones como la SETENA y la Dirección de Geología y Minas, cuyas decisiones deben ser técnicas y apegadas a los reglamentos.

“El Contencioso vio lo que la Sala IV no quiso ver”

Luego de que la Sala Constitucional indicara en abril pasado que el proyecto Crucitas no tenía ningún problema de constitucionalidad, para los grupos opositores parecía haber poca esperanza de detener el desarrollo de esta mina en la zona norte.
Sin embargo, la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo presentada por la  Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), les permitió no solo mantener la esperanza, sino también las medidas cautelares para evitar que se continuara con la corta del bosque.
Tanto ante los tribunales de apelación, como al iniciar el contencioso administrativo, la empresa Industrias Infinito y los representantes del Estado adujeron que lo resuelto por la Sala Constitucional hacía de este caso una “cosa juzgada”, por lo que el juicio no podía continuar.
Sin embargo, ambos tribunales sostuvieron siempre que lo analizado por la Sala IV tiene que ver con la constitucionalidad, y el juicio Contencioso Administrativo vería los aspectos de legalidad.
“El  artículo 55 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice que los alcances declarados sin lugar por la Sala Constitucional, pueden ser conocidos por otras instancias”, explicó el abogado Álvaro Sagot.
Para el experto en derecho ambiental, la Sala Constitucional pudo haber entrado a ver el detalle de las ilegalidades e incongruencias que se presentaron en el otorgamiento de los premisos, “pero el Contencioso tuvo que ver lo que la Sala IV no quiso ver, y no lo quiso ver porque todo estaba ahí, en blanco y negro”, afirmó el especialista.
El docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) opinó que la Sala Constitucional “rompió” con una larga tradición de protección al medio ambiente, que pudo salvarse en el proceso contencioso administrativo.
“Con esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo dejamos esa desesperanza en que habíamos caído, y ahora podemos decir que hay jueces y juezas muy serios y responsables que estudian cada uno de los casos con mucho detalle”, afirmó el académico.
Sin que se haya producido la lectura completa de la sentencia (que se realizará el 14 de diciembre), la empresa Industrias Infinito ya ha anunciado que apelará ante la Sala I con la intensión de anular lo dispuesto.
Para Sagot, los fundamentos de las demandas y de la sentencia son tan fuertes, que sería muy difícil la anulación de la sentencia, y advirtió que el respaldo de la Sala I a lo resuelto por el contencioso será el mejor escudo contra una eventual demanda internacional por parte de Infinito.
“En el sector ambiental y académico le estamos haciendo un trabajo por adelantado a la Procuraduría General de la República, defendiendo los intereses costarricenses, porque si logramos que se mantengan las nulidades, se caen los argumentos en un eventual arbitraje, porque no tienen derechos adquiridos si los actos fueron declarados absolutamente nulos”, consideró.

Universidades fueron protagonistas del debate

En los largos meses de debate que generó el proyecto Crucitas, especialistas de diferentes áreas se convirtieron en las voces de la denuncia con sus conocimientos, e incluso algunos también brindaron sus criterios a favor de la minería.
Quizás los más constantes en esta discusión han sido los integrantes del grupo “Llamado Urgente por el País”, en el que se reúnen profesionales de diversos campos, provenientes en su mayoría de las universidades públicas.
La bióloga de la Universidad de Costa Rica, Yamileth Astorga, coordinadora de este grupo, comentó que ante hechos de la gravedad del proyecto Crucitas, y otros que se presentan en el país, los profesionales honestos no pueden simplemente guardar silencio.
“No es solo manifestarnos para dar una opinión. Con verdadero conocimiento de causa hicimos estudio, análisis, dedicamos muchas horas extra a estudiar, buscar información y dar a conocer al país los riesgos de un proyecto como este”, comentó Astorga.
Ella recordó que Llamado Urgente denunció muchas de las situaciones que fueron consideradas por el Tribunal Contencioso Administrativo como causas de nulidad para los permisos otorgados a Industrias Infinito.
Para Astorga, la iniciativa de estos universitarios comprometidos, se puede canalizar en acciones reales por medio de la representación que tiene el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en la SETENA, pues esta institución ha demostrado que no hace análisis crítico de los proyectos que recibe.
Las universidades también participaron con pronunciamientos de sus Consejos Universitarios, que en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico (ITCR), se manifestaron en contra del proyecto minero.
También promovieron diversos debates y foros sobre el tema, de los cuales el último se dio el propio 24 de noviembre en la Universidad Nacional, al mismo tiempo que el tribunal daba lectura al “por tanto de la sentencia”.

Ambientalistas celebran sentencia

La sentencia que anula los permisos otorgados a la empresa minera Industrias Infinito, fue recibida como un triunfo para grupos y personas ambientalistas que se manifestaron de diversas formas contra este proyecto.

Fabián Pacheco, ambientalista: Me devuelve la fe en el Estado Social de Derecho, pues fueron corroboradas las sospechas que teníamos los ecologistas sobre los intereses privados que había de por medio en este caso, y que se reflejan en la solicitud de investigación a un expresidente.

Claudio Monge, diputado PAC: Se le hace justicia al pueblo de Costa Rica, porque el 90 % del pueblo está en contra de este proyecto. Vamos a presionar a las autoridades del Poder Ejecutivo y las autoridades locales para que no se abandone a esas poblaciones que necesitan buenos caminos, agua potable, maestros, escuelas, clínicas. La lucha por el medio ambiente, es por la calidad de vida del ser humano, la gente de Coopevega y comunidades cercanas necesitan nuestro apoyo.

David Rojas, ayunante contra Crucitas: Este fallo no solo les da la razón a los que hicimos huelga de hambre, no solo les da la razón a los que hicimos la caminata entre Casa Presidencial y Crucitas, sino que les da la razón a las comunidades de la zona norte que tienen 17 años en esta lucha, les da la razón a todas las universidades públicas, le da la razón a la Iglesia Católica, a personalidades del arte y la cultura, y a todas aquellas personas que han venido denunciando las irregularidades alrededor de este caso.

Rocío Carranza, actriz:  Es un día hermoso para Costa Rica y el mundo entero, porque no solo le ganamos a esta empresa y ganó la vida, la salud y la naturaleza, sino que ganaron los derechos. No  nos importa si altos mandos nos tienen que dar cuentas de cosas raras que hicieron. Costa Rica queda en alto por proteger la naturaleza.

Bernal Gamboa, abogado de    la APREFLOFAS: Las irregularidades que salen ahí son tan evidentes y tan obvias que no era posible alegar error. El tribunal lo ve y aquí hubo dolo para tramitar esto de manera irregular, por lo que se envía al Ministerio Público y  pide la investigación.