El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no define aún si investigará el financiamiento del inmueble utilizado por el actual alcalde de San José, Johnny Araya, durante las pasadas elecciones municipales; pese a que la casa club no fue reportada ante el órgano electoral, ni ante la sede del Partido Liberación Nacional (PLN), tal y como lo dio a conocer la semana anterior UNIVERSIDAD.
Así lo manifestó Héctor Fernández, director del Registro Electoral y Financiamiento, quien aseguró que a pesar de que el TSE podría “actuar de oficio” aún no se esclarece si este caso entrará en el análisis del departamento.
Mientras que el exletrado del Tribunal Pablo Barahona fustigó el accionar del TSE, al externar su preocupación por las “vacilaciones” del órgano electoral. Barahona manifestó que “siempre que surgen cuestionamientos contra figuras importantes dentro de una campaña política el Tribunal Supremo se agacha”.
Agregó que es lamentable que instancias de control como el Tribunal solamente traten estos asuntos delicados “cuando reciben presión”, por lo que subrayó que “la institución debería actuar por obligación y no por presión”.
Por su parte, el funcionario del Tribunal Supremo Héctor Fernández expresó, además, que no existe restricción para que la denuncia la presente un ciudadano.
No obstante, el exletrado del TSE Pablo Barahona afirma que es “vergonzoso” que un ciudadano asuma el riesgo de lo que implica denunciar una presunta irregularidad suscitada en campaña, cuando según Barahona “el muerto es de ellos”; “para eso le pagamos salarios muy altos del bolsillo de todos los costarricenses”, opinó.
La preocupación de Barahona es que a pesar de que el TSE tenga la capacidad funcional, legal, organizativa y económica, al parecer no muestra “capacidad moral, ni política”.
“Yo no le veo valentía suficiente -a los magistrados, ni a todos los funcionarios que los respaldan- para entrarle a los asuntos que realmente importan y que los ciudadanos nos asustan”, arguyó Barahona.
Quien además manifestó que la actitud del TSE podría propiciar “impunidad electoral rampante, cortesía de una institución muy poco valiente, para decirlo de manera elegante”.
REPORTE DE INMUEBLE
La casa club utilizada por la tendencia de Johnny Araya durante las pasadas elecciones municipales fue financiada por Orlando Guerrero, extesorero del actual alcalde de San José, según afirmó él a este semanario.
El inmueble ubicado en Paseo Colón, antiguo edificio Lachner &Sáenz es propiedad de la sociedad Dinámica de Transportes S.A, presidida por el diputado liberacionista Óscar Alfaro Zamora. Esto aunque sobre el inmueble pesa un fideicomiso en manos de Avenida de las Américas S.A, sociedad representada judicialmente por Jean Pierre Pino Sbravatti.
Según Guerrero, el acuerdo establecía que al finalizar la campaña Araya le devolvería el gasto realizado. No obstante de ese acuerdo no hay registro, ya que fue verbal; y del pago realizado no quedó constancia porque se hizo en efectivo.
Héctor Fernández del TSE aseguró que “todos los egresos de un partido –durante la campaña- deben ser rastreables”.
“Per se no es una violación, si un partidario quiere darle a un partido un inmueble, si se lo da gratis es una donación, si se lo cobró, posteriormente eso tiene que estar reflejado de alguna forma como se hizo, ya sea con una factura, el depósito en una cuenta, independientemente de que lo cobren o no al TSE”, expresó Fernández.
No obstante ese pago, según Fernández, debe hacerse desde las “cuentas del partido”; por lo que “si se puede demostrar que hay un pago del partido ya con base en eso no hay ningún problema, entra como un gasto que debió haber sido reportado, y si no entra como una donación o aporte en especie”.
Pero para el exletrado del TSE Barahona, ninguna de las explicaciones –publicadas por UNIVERSIDAD en la edición anterior-, por más verosímiles que sean, se justifican legalmente.
“Es que aunque el candidato haya pagado igual se infringió la norma electoral, al no cumplirse el principio de publicidad que rige la materia electoral”, argumentó Barahona.
RESPONSABILIDADES
La normativa electoral establece una pena de dos a cuatro años de cárcel a quien realice una contribución en especie no reportada, evadiendo los controles de las finanzas partidarias.
Mientras que a los miembros del comité ejecutivo superior del partido, las jefaturas de las campañas electorales, cualquier otro personero que reciba contribuciones, donaciones o aportes considerados ilegales, serán sancionados con una pena de dos a seis años de prisión.
Igual condena recibirá el candidato o precandidato que reciba la contribución o donación directamente.
