La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos (RedMICA) junto con la Universidad Estatal a Distancia, el Colegio de Periodistas y otras organizaciones como universidades públicas, presentaron la semana anterior el proyecto de ley para una nueva Ley de Radio y Televisión.
El documento solventa las preocupaciones que vienen expresando estos entes desde hace ya varios años: la falta de una regulación sobre la radiodifusión en el país.
Temas como radios comunitarias, lineamientos y plazos para las concesiones, regulaciones de uso, el establecimiento de un canon y el derecho a la comunicación como base de todo el planteamiento son los expresados en la ley que comenzó su campaña para recoger firmas, para ser presentada como iniciativa popular.
“Este es un proyecto de ley de la ciudadanía, como lo ha sido la Ley de Aguas y la Ley de Vida Silvestre porque para nosotros las frecuencias del espectro radioeléctrico son, como el agua, un bien que nos pertenece a todos y que hay que regular de manera que todos puedan disfrutarlo”, explicó Catalina Montenegro, integrante de la RedMICA.
La iniciativa elaborada por organizaciones de la sociedad civil ingresa al debate público costarricense a la vez que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones impulsa con diversos sectores un texto base de consulta para una nueva ley de radio y televisión.
PROCESO REGULADO Y COBROS DIFERENCIADOS
La última vez que en el país se decidió que se debían regular las concesiones de la frecuencias radioeléctricas era el año 1954 y no se contemplaron la banda de Frecuencia Modulada (radio FM) ni la transmisión por televisión. De ese momento data la única legislación con la que se cuenta y desde entonces, tanto los concesionarios como los parámetros con los que trabajan han sido los mismos.
“Estamos en una situación donde una ley que data de ese tiempo ya no da para atender todas las necesidades y diversidades que ha desarrollado este país”, explicó Marvin Amador, profesor de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para esto, el proyecto de ley plantea que los posibles concesionarios concursen por las frecuencias por concesiones de veinte años. En caso de que el contrato sea exitoso y no haya problemas con los lineamientos que establece la ley, se puede solicitar una prórroga de 10 años más. Pasados esos treinta años es posible volver a concursar por la misma frecuencia.
“La idea es que se mantengan los medios mucho tiempo. Sabemos que se necesitan varios años para establecerse, que hay una inversión que hay que reconocer. Está bien que existan medios de tradición, pero también que surjan nuevos medios, no solo comunitarios sino más medios privados”, aseguró Montenegro.
Para quienes ganen los concursos para las frecuencias de radio y televisión, se establece un canon que deben pagar anualmente; sin embargo, el monto de este será fijado tomando en cuenta “las utilidades de las personas concesionarias, la cantidad de espectro reservado, las frecuencias y ancho de banda adjudicados, el plazo de la concesión, la densidad poblacional, el índice de desarrollo humano de la población del área de concesión y la potencia de los equipos de transmisión”, según indica la legislación.
Este monto actualmente ronda entre los ¢1.000 y ¢4.000 anuales, dejando al Estado una ganancia de aproximadamente ¢3 millones al año, prácticamente nada en comparación con las sumas millonarias que recaudan las emisoras por usar un bien público.
Los recursos obtenidos del cobro de este canon serán asignados en un 40% a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), un 10% para el Micitt, un 10% para el fortalecimiento de las emisoras culturales y comunitarias adscritas a la red del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) y un 40% para apoyar el desarrollo de nuevas emisoras comunitarias y culturales.
EMISORAS EN TODO EL PAÍS
Además de la regulación en el uso del espectro, uno de los principales aspectos que busca solventar este proyecto de ley es la concentración de transmisiones que salen de la Gran Área Metropolitana, en la cual se produce el 88,2% de los contenidos.
Según un estudio de la Sutel presentado en febrero del año anterior, el cumplimiento de las obligaciones de cobertura de las emisoras es en promedio inferior al 32% del territorio que les corresponde cubrir, lo que evidencia que hay una gran parte del territorio no atendido y que la banda está subutilizada.
Ante este panorama han surgido emisoras como Éxito FM, en La Cruz de Guanacaste, que operan sin una concesión otorgada, para dar cobertura a su región que, como en el caso de La Cruz, no tiene acceso a los principales medios nacionales, y aunque lo tuviera, su contenido no se ajusta a sus necesidades.
Con este propósito, en el proyecto de ley se da énfasis a los incentivos para la creación de emisoras comunitarias y culturales que den un espacio a diversos grupos en zonas distintas del país. Estos grupos deben tener una propuesta concreta y funcionar sin ningún fin de lucro; cualquier excedente deberá ser reinvertido en el cumplimiento de sus objetivos.
Según el artículo 22 del proyecto, debe tratarse de “personas jurídicas debidamente constituidas como asociaciones civiles o de desarrollo, fundaciones, cooperativas y otras figuras asociativas sin fines de lucro” y un 60% de su programación debe estar enfocada a “atender las necesidades sociales y educativas de las comunidades a las que van dirigidas”.
El proyecto de ley pretende liberar frecuencias provenientes de la subutilización y la concentración para asegurar el espacio tanto a las emisoras comunitarias y culturales, como a las estatales que serían utilizadas para educación e información de interés público.
Según un estudio difundido en el 2003 por este medio, más de la mitad del espectro está en manos de cinco empresas concesionarias, dejando poco espacio para que otros grupos puedan hacer uso de él.
“Sabemos que entre menos medios existan en un país hay menos democracia, menos libertad de expresión, menos diversidad y hay procesos muy complejos como los que se están dando en Guatemala y México”, reflexionó Montenegro.
FALTAS Y SANCIONES
Los aspectos que el proyecto de ley plantea como faltas tienen que ver con sus principios fundamentales: universalidad, accesibilidad y derecho a la información.
Por ejemplo, se plantea que el 50% de las transmisiones deben tratarse de producción nacional. Esta cuota debe estar distribuida en distintos horarios y debe tratarse de contenidos de diferente naturaleza: series, animados, documentales, películas en el caso de la televisión y música de cualquier género en el caso de la radio.
De no cumplir con este requerimiento, los concesionarios serán sancionados con un incremento del 50% de la cuota establecida durante un periodo igual al que funcionaron incumplieron la norma.
Una sanción similar se establece cuando se nieguen a ceder el espacio de mínimo media hora semanal al Estado para divulgación científica, educativa y cultural a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Juventud. Este incumplimiento se traduciría en un incremento de un 50% del espacio establecido en el mismo periodo en que se incumplió.
Por otro lado, se plantea una serie de faltas muy graves, graves y leves; sin embargo, el proyecto se cuida de proteger la libertad editorial y de expresión de cada medio, por lo que estas corresponden a infracciones relacionadas con el mal uso de las tecnologías necesarias, el uso ilegal de las frecuencias, el arrendamiento de estas o no cooperar con las autoridades reguladoras.
El proceso de construcción del proyecto de ley tardó seis años. “Se podría decir que regula, organiza y sobre todo redistribuye lo que no se está usando de manera óptima”, sintetiza Montenegro.
