Usan decretos derogados en cartas de TLC

Resoluciones podrían comprometer soberanía , igual que cartas negociadas con Robert Zoellick, aunque los negociadores lo niegan La denominada «Lista Nacional de Medidas Disconformes»

Resoluciones podrían comprometer soberanía , igual que cartas negociadas con Robert Zoellick, aunque los negociadores lo niegan

La denominada «Lista Nacional de Medidas Disconformes» incluida por Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos «resucita» decretos derogados por el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (INCOPESCA), de manera que compromete la soberanía pesquera y marítima del país, entre otras implicaciones.

Dichas medidas consisten en un listado de leyes que cada país negociante elabora para evitar que sean modificadas por dicho convenio comercial.

Humberto Arce, coordinador del Bloque Patriótico (BP) y el legislador de este grupo político, Juan José Vargas, aseguraron que en el texto del tratado se mencionan los decretos ejecutivos derogados 17.272-MAG (del 10 de octubre de 1986) y 24.383-MAG-TUR (6 de junio de 1995).

«Fueron eliminados, respectivamente, por las disposiciones 16.646-MAG (23 de mayo de 1990) y 24.966-MAG-TUR (27 de febrero de 1996) que buscan dotar de mayores facultades a INCOPESCA para regular toda actividad pesquera», dijo Vargas.

MÁS Y MÁS …

Este parlamentario -quien se refirió al tema en una mesa redonda organizada por la Asamblea Legislativa y la Fundación Könrad Adenauer- destacó que también se incluyen en el TLC el decreto 8.816-A (13 de julio de 1978)  y el 12.737-A (23 de junio de 1981).

«En el caso del 8.816-A se prohibía la pesca con línea larga o palangre en las primeras 100 millas desde la costa. Al rehabilitarse este decreto prácticamente los extranjeros podrían alegar derechos de pesca en las segundas 100 millas. Así, se desplazan las competencias que asumió INCOPESCA como ente rector desde 1994, además de lesionar la soberanía», mencionó Vargas.

También dijo que las medidas disconformes contemplan el decreto ejecutivo 19.141-MAG (23 de junio de 1989) que se refiere a los requisitos para constituir los Comités Locales de Pescadores (COLOPEZ) «los cuales no tienen nada que ver con el TLC. Son manifiestos los errores que los negociadores han cometido al introducir materia no vigente».

Tanto para este diputado como para Arce este tipo de hechos son graves porque «ceden buena parte de nuestros recursos de pesca a extranjeros».

El coordinador del BP envió cartas al Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos para que aclarara el tema, pero aún no ha contestado.

UNIVERSIDAD intentó obtener respuestas de Roberto Echandi, jefe de la negociación con Estados Unidos y de la mesa de cooperación, quien por medio de una de sus representantes de prensa dijo que lo sostenido por los diputados constituye una lectura incorrecta y que durante esta semana contestaría las inquietudes de este Semanario.

Arce por su parte añadió que la Ley sobre Hidrocarburos está incorporada en el tratado como una medida disconforme y esto también es riesgoso ya que beneficiará a un sector económico específico.

«Este tema será uno de los principales que denunciaremos cuando el TLC se discuta en el plenario legislativo. De ahí que la tramitación del tratado debe ser pausada, con muy buena revisión», aseveró.

PAGO DE INDEMNIZACIONES

Las mencionadas cartas de la delegación negociadora costarricense con Zoellick aparecen en una parte anexa del tratado que bien podría pasar inadvertida, pero existen «cartas paralelas las cuales obligan al Estado a pagar indemnizaciones».

Así lo denunció la diputada del BP, Emilia Rodríguez, para quien una de esas misivas (denominadas en inglés «side letter») trata sobre el espectro radioeléctrico en términos que tendrá «repercusiones negativas para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)».

«Obligaría al Estado al pago de indemnizaciones porque se debería ceder o compartir los rangos de frecuencias entre 800 y 900 megahertz (MHz) así como 1.700 y 1999 (MHz)», aseguró.

La legisladora sustentó su afirmación en las respuestas dadas por el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos y la Embajadora Especial para las Negociaciones Comerciales, Anabel González en un interrogatorio realizado hace un mes en la Comisión Mixta para el Fortalecimiento del ICE.

En el documento paralelo se establece que Costa Rica deberá asumir la obligación para el suministro de servicios inalámbricos y asegurar que habrá suficientes frecuencias comercialmente relevantes para cumplir con los compromisos de apertura de servicios inalámbricos móviles comerciales contemplados en el Anexo Tercero.

No obstante, Rodríguez presentó a los negociadores un informe emitido por la Oficina Nacional de Control de Radio en el que se comprueba que no hay frecuencias disponibles en esos rangos.

«De ahí que los términos estipulados en la carta carecen de posibilidades técnicas para su cumplimiento sin lesionar los intereses de los actuales beneficiados, dentro de los que se encuentra el ICE», aseveró.

Añadió que «en esos rangos se encuentran también las frecuencias utilizadas por el Instituto para suministrar los servicios de telefonía celular y las que ha reservado para su ampliación, por lo que si el Poder Ejecutivo pretende cumplir con la obligación de la carta afectaría a la entidad para beneficiar a las empresas transnacionales o locales que participen de la apertura».

A una consulta de Rodríguez sobre qué pasaría si el país incumple con lo acordado entre Trejos y Zoellick, la embajadora especial dijo que «la obligación que se adquiere es la de permitir la competencia en la prestación de servicios celulares. El país verá cómo lo cumple. De lo contrario, este requerimiento es exigible a través de los mecanismos de solución de controversias».

«DEBE SER REVISADO»

Federico Vargas, de la fracción socialcristiana consideró que será necesario revisar si en realidad el país se verá comprometido a hacer indemnización alguna.

«He estudiado el tema y estimo que el TLC debe aprobarse pero a la vez, debe garantizarse que se mantenga en el Estado la universalidad de los servicios», destacó.

Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) estimó que «las cartas paralelas forman parte de cómo se interpreta el TLC y trataremos de que no se hagan reformas inconvenientes para el país. Al menos yo no comparto lo que han argumentado hasta ahora los negociadores».

«Reformas o renegociación»: ese es el criterio de Luis Ramírez, jefe elegido de los liberacionistas para quien si existen aspectos inconvenientes para el país, se debe recurrir al mecanismo conocido como «reservas» con el objetivo de hacer las variantes necesarias.

Según este parlamentario existe la necesidad de aprobar medidas de compensación (en inglés «Counter Vailling Duties») para que cada país negociador haga las enmiendas que considere pertinentes «como estos aspectos» de las cartas paralelas.

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