Uso de software libre disminuirá costos e incrementará participación

El proyecto de ley que establece utilizar programas de software libre en los organismos del Estado, sería la manera más eficaz de abaratar gastos

La propuesta para emplear software de código abierto en los entes públicos, tiene apoyo en el ambiente legislativo.

El proyecto de ley que establece utilizar programas de software libre en los organismos del Estado, sería la manera más eficaz de abaratar gastos desmedidos en la parte tecnológica, e impulsar el conocimiento, al tener acceso a las bases de estos productos.
Así lo manifiestan los impulsores de dicha propuesta, aprobada en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, y que se encuentra bajo el expediente 16912.
El software libre es aquel que se abre para que se pueda copiar, estudiar y modificar por cualquier persona, para hacerle mejoras, pero que no es necesariamente gratis. En contraposición, en el software propietario, el creador prohíbe a los usuarios esas libertades.
Presentado por los diputados Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Andrea Morales, independiente, el proyecto pretende que el software libre sea empleado en todas las instituciones públicas, en los sistemas de información y manejo de datos, avalando los derechos de propiedad intelectual.
Anteriormente, la hoy candidata por el Partido Liberación Nacional, Laura Chinchilla, había presentado un documento similar, que fue rechazado.

OPORTUNIDAD PARA INSTITUCIONES

Los beneficios que pueden obtener las entidades estatales al mudarse al software libre y dejar de lado los programas como Word o Excel, son palpables, siempre que sea un proceso planeado, explicó el presidente de la Red Costarricense de Software Libre, Marcelo Magallón.
Es una opción viable para evitar demandas judiciales por no pagar licencias y para brindar más de una alternativa al escoger un sistema operativo. No se busca desbancar al software propietario, sino que se opte por el libre en igualdad de oportunidades, afirmó. (Ver nota aparte: “El Estado es el cliente más grande”).
La diputada independiente Andrea Morales, señaló que defiende esta alternativa, porque “socializa”, apoya el uso de programas sin discriminación y promueve la investigación. La idea de instaurarlo en las instituciones estatales se originó primeramente por los onerosos gastos en licencias.
Espera que se dé un debate trascendente al discutirlo en plenario, pero considera que no es un asunto de urgencia como otros en la agenda. 
Alberto Salom, del PAC, concordó con su excompañera de bancada en que las sumas que se invierten en las licencias son excesivas, además de que las instituciones quedan sujetas a una tecnología compleja que desconocen.
 “El Estado se está viendo perjudicado por el hecho curioso de que alguna gente acude al software propietario pudiendo acudir al libre. Tengo la duda de si se debe a negocios que se hacen por debajo entre algunas de las empresas transnacionales y gente de la administración pública”.
Opinó que otra de sus ventajas es la accesibilidad, al no tener que capacitar de forma permanente a los empleados y empleadas para adaptarlos a una nueva tecnología. A su vez, no quedan vedados los programas con licencia, debido a que en ocasiones se debe acudir a un software específico que no es libre.
Luego de aprobarse la propuesta, cree que es primordial informar a los diputados y diputadas, para que no se vean presionados por las trasnacionales.

COMPLEMENTO, NO REEMPLAZO

Informes de la Contraloría General de la República sobre deficiencias con la compra de software propietario, dependencia absoluta a ese tipo de programas y $213 millones invertidos en un periodo de tres años para adquirir licencias. Estos fueron los motivos que llevaron a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa a aprobar el proyecto de ley para la utilización de software libre en las instituciones del Estado.
Luego de un año de análisis, la Comisión dedujo que un modelo mixto era la opción más viable, al estar en una época de crisis en la que se necesita ahorrar, aseveró Federico Tinoco, presidente de esa unidad.
“Si se opta por el software libre, no estamos excluyendo al otro (al propietario), sino que se están planteando dos opciones. Cuando un gobierno depende solo de una tecnología, se convierte en un encadenamiento.”
Citó como contraproducente el ejemplo del Ministerio de Educación, que adquirió un software obsoleto. Añadió que otras instituciones con dificultades son los bancos estatales, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros y el Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen buenas referencias de la Municipalidad de San Ramón.
Tinoco ve muy buen ambiente para su futura transformación en ley, al ser posible que tenga apoyo de varias fracciones, como las que se posicionan en contra de los monopolios.

 


“El Estado es el cliente más grande”

Marcelo Magallón, Presidente de la Red Costarricense de Software Libre

¿Por qué se debe convertir en ley este proyecto?

– Porque sirve como motor social, en dos ejes: primero, las pequeñas y medianas empresas se encuentran presionadas en normalizar su situación de licencias, por eso es que el tema de software libre les resulta atractivo. Una licencia cuesta cerca de $600 u $800, y si una empresa tiene diez computadoras, se multiplica, y en una demanda judicial se infla. Segundo, hay compañías que pueden brindar servicios, capacitación y soporte alrededor del software libre.

¿Qué otros beneficios le han encontrado?

– Tenemos el problema del huevo y la gallina: las instituciones públicas dicen que no pueden utilizar el software libre porque no tienen soporte, y las empresas que podrían darlo, no lo hacen porque dicen que no tienen clientes.
La ley va a servir para impulsar esto, las empresas (de software) existentes tendrían un incentivo para publicitar sus servicios. El Estado es el cliente más grande en cuestiones de tecnologías de información. Hay mucho espacio para que se dé esa interacción.
El proyecto dice que se utilizará en la medida de lo posible. Pero hay instituciones que tienen necesidades muy específicas y sistemas muy difíciles de sustituir; ahí se podría mantener el propietario.

¿Qué acciones ha llevado a cabo la red sobre este tema?

– La comisión (de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa) nos llamó para consultar nuestra opinión y hemos hecho actividades de difusión en las que hemos hablado del proyecto de ley.
Tenemos reservas porque la experiencia en otros países ha sido diversa. Cuando se impone el uso de un programa específico, el resultado es que los usuarios se resisten, porque no quieren cambiar lo que ya conocen. Eso se solventa con adecuada capacitación, y entendiendo que hay planes que se deben trazar.
La red apuesta por la neutralidad tecnológica, no obligar a los usuarios a consumir productos específicos, sino darles la posibilidad de acceder a distintos.
Una vez que se apruebe el proyecto, nuestro papel será de facilitadores. Muchas instituciones acuden a nosotros, y tratamos de orientarlos o remitirlos a alguien que los pueda ayudar.

 


¿Libre o propietario? Candidatos emiten criterio

¿Promovería en su gobierno la utilización de software libre en las empresas del Estado?

Ottón Solís (PAC): “Sí, siempre que se coordine en el nivel gubernamental y se evite la compra de sistemas incompatibles. Se debe estimular la creatividad nacional y no gastar mucho dinero, pero hay compromisos con software propietarios que deben permanecer. Las leyes de propiedad intelectual son las encargadas de velar por los derechos de autor, pero no me interesaría evitar la piratería, si significa un acceso de manera barata a los programas y no dar gusto a las transnacionales”.

Otto Guevara (ML): “Tanto el software libre como el propietario pueden aportar valor a la gestión del sector público. No promovemos la estricta utilización de uno, sino la posibilidad de acceder a uno u otro dependiendo de las necesidades. Creemos que se debe emitir una directriz presidencial dirigida a todas las instituciones públicas en donde se obligue a incluir dentro de las posibilidades de contratación al software libre, en igualdad de condiciones que el software propietario”.

Óscar López (PASE): “Estoy totalmente de acuerdo, reconozco las bondades del software libre, yo soy usuario de Linux. El país no debería gastar millones en antivirus y licencias, debe usar código abierto. Usamos programas piratas por necesidad, no por actitud delincuencial. Se debe liberar el gasto económico”.

Laura Chinchilla (PLN): “Lo promovería si se ajusta a las necesidades de los servicios que cada institución presta. A la hora de optar por software libre o propietario, los criterios que deben prevalecer son la adaptabilidad al tipo de aplicaciones que cada proceso requiera y los costos de licenciamiento y servicio.  Lo más apropiado es que el Estado cuente con la mayor libertad posible de escoger cualquier tipo de plataforma que garantice buena calidad de las aplicaciones, sistemas operativos abiertos, baja dependencia tecnológica y costos moderados”.
Rafael Ángel Calderón (PUSC): Se envió el cuestionario a las encargadas de prensa Mónika Ruiz y Natalia Morales, y se hicieron varias llamadas a lo largo de la semana. Sin embargo, ellas aseveraron que el candidato se encontraba con una agenda muy llena debido al juicio que enfrenta. A la hora del cierre no hubo respuesta.

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