Historia se puede repetir con otras concesiones ya anunciadas.

Las protestas vecinales por incumplimientos de mejoras prometidas y el cobro de peajes “abusivos” en la carretera San José-Caldera, en construcción, se hicieron sentir nuevamente la semana pasada en las calles, y en la Asamblea Legislativa.

Representantes de Santa Ana, Mora, Orotina y otras comunidades acudieron el martes 11 de agosto a un conversatorio para intercambiar pareceres sobre el uso que se está dando a las concesiones de obras y servicios públicos en Costa Rica, invitados por los diputados Mario Quirós (Movimiento Libertario) y Marvin Rojas (Partido Acción Ciudadana).

La cita tuvo lugar al día siguiente de que un grupo de manifestantes bloquearon la carretera que conduce a Santa Ana, en el sector de Pozos, donde quemaron llantas y ramas en protesta por el cobro del peaje autorizado al concesionario e incumplimientos de compromisos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), razón por la que demandaron la renuncia de la ministra Karla González. El bloqueo causó un gran atasco en la vía y concluyó tras la intervención de la policía antidisturbios, que arrestó a 36 jóvenes, entre ellos diez menores incluido un niño de 12 años y dos niñas de 14, afirmaron dos de los que pasaron la noche detenidos.

“Este problema no solamente nos compete a nosotros sino a todo el país, porque quieran o no van a tener que transitar por esa carretera”, dijo en el foro Roxiris Vargas, vecina de Santa Ana.

Según el diputado Mario Quirós, lo que está ocurriendo con la concesión vial a Caldera es un “ejemplo dramático”  de las consecuencias que tiene para la ciudadanía el mal uso de las concesiones, y la actuación de autoridades que están “entregadas” a las empresas concesionarias y no les piden cumplir sus obligaciones. “Las concesiones de obra pública las están manejando tan mal, que casi nos están convenciendo de que hay que rechazarlas”, afirmó.

El legislador libertario denunció que se firman los contratos y luego, como sucedió en agosto del año pasado, se cambió “arteramente” para preparar los abusos que se cometerían en mayo y junio del 2009, y que la Administración tuviera que recibirle, o sea, los mismos que cambiaron el contrato, tuvieran que recibirle a la concesionaria las obras sin estar terminadas, ni se evaluaran técnicamente.

Por su parte, el legislador Marvin Rojas señaló: “Creemos en la concesión de obra pública con servicios públicos, porque es una forma de que el país construya  obras para las cuales no tiene dinero y para que se desarrolle, pero comenzamos a pensar que detrás de esto hay un gran negocio.”

“No hay capacidad de fiscalización del Estado, las empresas concesionarias  incumplen una y otra vez, pero el Gobierno no las obliga a cumplir, y ni siquiera les cobra las multas previstas por los incumplimientos. No es que estas empresas no puedan ganar, pues son empresas privadas y es natural que busquen el lucro, pero lo malo es que encuentran autoridades complacientes que las dejan hacer lo que les da la gana”, aseguró.

Rojas mencionó que esta obra al inicio costaba $120 millones, pero la han aumentado y ya va por más de $300 millones y se han incluido proyectos adicionales que se han dado por contratación directa, sin que haya puja para bajar los costos. La constructora ha venido incumpliendo parámetros técnicos y compromisos ambientales, como ha quedado evidenciado en los informes de los supervisores, y pese a ello las autoridades del MOPT han recibido fases del proyecto como terminadas y han dado luz verde al cobro de peajes, apuntó.

Como ejemplos de concesiones mal llevadas señaló el caso del aeropuerto Juan Santamaría en manos del consorcio Alterra, donde después de ocho años no se han hecho las obras que se debían hacer. Asimismo, la concesión del puerto de Caldera, donde la misma empresa obtuvo la concesión para construir una terminal de granos, que no ha sido empezada luego de más de dos años.

Recordó que el concesionario de la vía San José-Caldera, Autopistas del Sol, tiene también la concesión de la ruta San José-San Ramón, proyecto que está paralizado supuestamente por falta de financiamiento. Y es que para qué se van a apurar en construir esa ruta que también va al Pacífico, “si ya se están echando a la bolsa la plata de los peajes” en algunos tramos de la ruta San José-Caldera, apuntó.

Estas situaciones dan elementos de juicio para ver lo que puede pasar con las nuevas concesiones que se anuncian en el caso de la ruta 32 (carretera San José- Limón, por Guápiles) y la carretera San José –Limón, por Turrialba y Siquirris, dijo Rojas.

En ese mismo sentido Ronald Solís, también diputado del PAC, dijo que lo que está sucediendo con la carretera a Caldera debe alertar a comunidades como Grecia, Palmares, San Ramón, Puntarenas, Naranjo y San Carlos,  sobre lo que les espera con la concesión de la vía San José-San Ramón. “Si no quieren que les pase lo mismo peguen el grito ahora, porque si no después va a ser tarde”, advirtió.

Según Solís, en esa ruta el peaje previsto era de $1,85 dólares por vía, pero aún sin empezar el proyecto, el concesionario y el Gobierno ya lo renegociaron y pasó a ser de $2,30, es decir $4,60 ida y vuelta. “Estamos hablando de prácticamente ¢3.000 ida y vuelta por vehículo, cuando en este momento lo que se paga por pasar por esa calle son ¢75 en una vía y ¢150 en otra.  O sea, ahora va a ser por lo menos diez veces más caro”, apuntó.

En este caso se trata de una ruta de solo 55 km, que está construida, tiene puentes y las expropiaciones están realizadas. Básicamente lo que requiere es ampliación de puentes y de la carretera en algunos tramos. “Para mí el asunto de fondo es que esto es un negociazo, esto lo puede hacer el Estado y la tarifa sería mucho menor”, aseguró el diputado ante el plenario legislativo.

A su juicio, las comunidades que están en la ruta a Caldera “son los conejillos de indias” a los que tocó primero, pero todos deberían abrir los ojos.

El Estado es el responsable de generar la obra de infraestructura fundamental, y en el país existe la capacidad porque están los ingenieros, el conocimiento y el capital para que el Estado haga esa obra, pero en lugar de eso aducen absoluta incapacidad, el MOPT se ha vuelto inoperante y parece que todo se lo quieren entregar a algunas empresas.

“Tenemos más recursos que nunca, pero somos ciegos y cuando tenemos los recursos los rechazamos”, aseguró. Por ejemplo, el aeropuerto de Liberia requería una inversión de $17 millones, Aviación Civil tenía $35 millones, pero en vez de acometer la obra se lo da al mismo consorcio que ahora tiene el Juan Santamaría, y seis meses antes Aviación Civil invirtió $6 millones en la pista para dársela nueva y arreglada al concesionario.

Con los muelles de Limón se da el colmo, que después de 13 años de que no les hacían dragado, ahora que el Gobierno los quiere dar en concesión, decide invertir $4,5 millones (¢2.500 millones) para dragarlos y entregárselos al concesionario dragados, dijo Solís.

“Aquí hay algo raro y que no es conveniente para el país. Es necesario que el Estado reasuma su responsabilidad y que no permita negocios exagerados. Estamos de acuerdo en la concesión de obra pública si se trata de proyectos magnos como, por ejemplo, un metro, donde ni existe el conocimiento ni la capacidad, y queremos gente que traiga plata, conocimiento y riesgo, pero no esto que ya está hecho y que ya está funcionando”, manifestó Solís.

CONTRALORÍA

Consultado si la Contraloría General de la República (CGR) ha ejercido control sobre el cumplimiento del contrato de concesión vial San José-Caldera, Manuel Corrales, jefe de la División de Obra Pública, dijo que en un informe emitido este año, la entidad señaló una serie de debilidades que se encontraron en el ejercicio de la supervisión en la obra, y que preocupan, porque debilitan el mecanismo de control en una obra tan importante para el país donde se están invirtiendo más de $200 millones.

“Ahí encontramos deficiencias desde el punto de vista de control en cuanto al recurso humano que se tenia que aportar de acuerdo con el contrato, sistemas de información que se tenían que generar, para que se controlara la concesión, índices desde el punto de vista de calidad de la obra, que tenían que producirse y no se estaban produciendo. Eso generó disposiciones para que la administración tomara medidas y fortaleciera la supervisión”, añadió.

La CGR es el ente de control superior y en principio no es la responsable de que se reciban o no las obras en el momento que se tienen que recibir, explicó Corrales ante la pregunta de si el ente contralor no debería intervenir para verificar si el CNC ha recibido como concluidos tramos del proyecto que no están terminados, y pese a ello se ha autorizado el cobro de peaje, como se ha denunciado.

“Hay que considerar que hay distintos órganos de control y hay un contrato de concesión que tiene sus propios órganos de supervisión. Incluso está la propia auditoría interna del CNC que podría tener parte en este tipo de controles. El responsable de que se estén incumpliendo las obligaciones contractuales en principio es la propia administración. Ésta debe verificar, acorde con lo establecido en el contrato, que se esté cumpliendo. La contraparte de la administración en ese sentido son órganos que establece el contrato y son los que tienen que darle la información a la administración, agregó.

¿Es razonable que la CGR espere hasta que la obra esté terminada y entregada para verificar si ha cumplido con los estipulado en el contrato? Ante esa pregunta, Manuel Meléndez, jefe de la División de Asesoría Jurídica, dijo que “la CGR tiene facultad para hacer fiscalizaciones antes, en el momento y después de la construcción del proyecto. En qué momento ingrese a fiscalizar va a depender de otras circunstancias, pero tenemos facultades en todo momento. Aunque esos son facultades de la CGR, en este caso concreto hay otros órganos que están de por medio. Es un contrato que tiene una unidad propia de fiscalización.”

Por su parte Corrales apuntó que hay que tener en cuenta que este no es un contrato de construcción de obra pública, el cual tiene características muy diferentes a un contrato de concesión. En el primero se supone que hay una administración que construye la obra, hay un contratista y la supervisión se puede dar a través de órganos de supervisión y la administración mantiene una línea muy directa con la construcción de la obra.

En los contratos de concesión, en cambio, se supone que hay un concesionario que va a construir una obra, y que después la va a administrar durante 25 años, en el caso de Caldera.

 “En teoría es el concesionario el que tiene que velar por que la obra se haga con calidad y que se haga con índices adecuados de durabilidad, porque si no lo hace le perjudica en la etapa de mantenimiento de la obra. Le digo que esto es en teoría, porque puede ser que en la práctica no lo haga, pero tiene que verificarse que la calidad de la obra se dé de acuerdo con los estándares establecidos.”

Ahí tiene que haber una administración, la cual tiene una contraparte a través de órganos de fiscalización, que son los que velan por que eso se dé en forma adecuada, insistió Corrales.

“Nos privatizaron la carretera”

JUAN CARLOS ANTILLÓN

Éste no es un problema que tenemos solo los vecinos de las zonas afectadas como Santa Ana, Ciudad Colón, Orotina y todos los pueblos que estamos aquí representados. Éste es un problema de un Gobierno que no sabe lo que está haciendo, nos está engañando y nos está hablando de un progreso que no es.
La carretera a Caldera en realidad es un enclave, donde se le cede a una empresa extranjera todos los derechos.
Hay un estudio de la ONU que dice que la problemática que tienen los pueblos subdesarrollados al enfrentarse a las grandes compañías multinacionales son la corrupción y que no tienen la capacidad jurídica para valorar los planteamientos ni las acciones de las multinacionales. Eso explica que se quiera implantar mecanismos de corrupción para imponer sistemas absolutamente ineficientes. Los Estados ineficientes no pueden construir y entonces nos meten la figura de la concesión, pero sometida a problemas de corrupción y de incapacidad jurídica para valorar qué es lo que se quiere hacer.

GASTÓN VARGAS

El concejo municipal de Santa Ana ha avalado en todos sus extremos las manifestaciones de la comunidad, porque son atropellos los que hemos recibido y no ha habido un diálogo diáfano. El peaje que se piensa cobrar en el sector de Brasil es inaceptable (de ¢160) y es un atropello para todas las personas que van a sus casas de Mora, Puriscal y Santa Ana.
Esta concesión lo que hizo fue privatizar la vía Próspero Fernández, una carretera que ya estaba pagada, no obstante, aquí hubo un aumento de las tarifas de alrededor de 1.300%.
El Gobierno no ha sido lo suficientemente transparente para decir las cosas. El contrato prácticamente lo han tenido en secreto. Hay testimonios de muchísimas personas de Santa Ana sobre las cosas que se han hecho mal, como un puente peatonal construido donde no se necesitaba y que no va a tener ningún uso. Es puente que está costando millones a la ciudadanía pero no hay responsables del desaguisado.

JORGE MURILLO

Esas obras que está realizando el Gobierno están financiadas ya por varios impuestos que tienen como destino específico la red vial nacional. La ley sobre la propiedad de vehículos y la ley que crea el impuesto único sobre los combustibles generan sumas superiores a los ¢500.000 millones en cada administración. Estas sumas bastarían para tener un sistema vial perfectamente adecuado a las necesidades del país, pero ha estado en abandono.
Es increíble que siendo un deber del Gobierno efectuar el mantenimiento de las carreteras, venga a cobrarnos de nuevo por ese mantenimiento que precisamente se financia con los impuestos mencionados. De manera que los peajes no tienen justificación alguna. Es en realidad un segundo cobro que se hace. Y además hay un tercer cobro que se hace a través del endeudamiento. Solo para infraestructura vial se acaba de contratar un gigantesco empréstito de $850 millones con el BID, y otro que corresponde a la carretera a Caldera que van a pagar nuestros hijos y nietos, por $300 millones.
Cuando uno ve estas cifras comprende que el peaje no tiene justificación, y el movimiento de protesta tiene una justificación dentro de un ámbito democrático.

VICTORIA JIMÉNEZ

En Orotina el Movimiento Patriótico pro Defensa de la Vida nos hacemos presentes y nos unimos al movimiento de Santa Ana y muchos más que van a nacer alrededor de esta mal llamada autopista, que es una carretera prácticamente privada.
La carretera a Caldera es una carretera que tiene años de existir y es la única vía de comunicación que tenemos los vecinos de Orotina para llegar al centro del cantón, para el comercio, para sacar nuestros productos, y la Municipalidad de Orotina no ha incluido entre sus planes operativos la reconstrucción de calles alternas.
No nos oponemos al progreso, nos oponemos a las injusticias que están haciendo con nosotros. Extraña mucho que teniendo todo un equipo de ingenieros civiles capaces, pongan en operación un peaje en una carretera donde en estos momentos es espeluznante ver a nuestros hijos cruzar sin puentes peatonales, y donde las paradas las pusieron donde les dio la gana, porque nunca se consultó al pueblo de Orotina donde se necesitaban. Múltiples accidentes han ocurrido en esa carretera, que es la misma de antes, nada más que ahora está maquillada y más insegura.

KATIA FIJEAC

Queremos compartir la terrible situación que vivimos los habitantes de los asentamientos campesinos del IDA (Instituto de Desarrollo Agrario), la impotencia de ver cómo el peaje se abre en condiciones de ilegalidad y su ubicación se varió según los intereses de la concesionaria a un lugar diferente de donde originalmente estaba convenido.
Es mentira que el pago del peaje es voluntario, muchas personas no cuentan con una vía alterna y obligatoriamente tienen que pagar dicho peaje. A mí me preocupa muchísimo como madre de familia, como vecina, el impacto socioeconómico que eso ha traído a nuestro pueblo. Nuestros hijos estudian en el colegio técnico de Orotina, a siete km de nuestro asentamiento, y si ya de por sí para una familia campesina como la nuestra es difícil mandar a sus hijos al colegio, esto unido a los aumentos de los buses, lo hace casi imposible, pues somos parceleros que tenemos poquísimos ingresos para vivir.
Día a día vivimos el horror de enfrentar a los guardas de seguridad y a los señores que trabajan para Autopistas del Sol decirnos que no podemos caminar por la carretera, porque desde el momento que fue concesionada ya no podemos pasar por ahí porque es una obra privada.