El avión Caribú del Ministerio de Seguridad permanece inmóvil en el aeropuerto de Colorado Sur, desde hace dos meses. (Foto: David Chavarría)

El avión Caribú del Ministerio de Seguridad Pública yace desde junio aparcado en la pista de aterrizaje de Colorado Sur −comunidad más cerca a isla Portillos, punto de conflicto entre Costa Rica y Nicaragua desde el 2010−.

El aeromotor cincuentenario forma parte del paisaje de una localidad donde el tiempo transcurre a la velocidad que el río Colorado dicte, y en la cual las promesas de cambio dadas por el Ejecutivo parecen haber sido arrastradas por esa misma corriente, afluente del San Juan nicaragüense.

Los “barreños”, como se identifican los pobladores de estas comunidades en medio de canales marítimos, viven a 20 kilómetros (km) de la zona de disputa fronteriza.

La invasión de tropas nicaragüenses a una isla menor a los 3 km cuadrados generó mucha expectativa entre la población barreña, en torno a la inversión de fondos públicos que, además de asegurar el resguardo de la soberanía nacional, llevaría el ansiado desarrollo a una zona que si no fuera por la presencia de una central telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pareciera no pertenecer al país.

Tres años no han sido suficientes para que el Gobierno pueda cumplir ese pliego de promesas hechas a los vecinos de las comunidades cercanas a isla Calero: Colorado Sur y Norte e isla Brava.

CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS

Las barras del Colorado se ubican a 45 minutos en lancha desde Puerto Lindo, última comunidad antes de viajar por el río. El ingreso desde Cariari de Pococí a Puerto Lindo se complica, ya que su camino es de lastre.

Al inicio del conflicto fronterizo, se envió material y maquinaria a la zona, con el objetivo de reparar el camino; no obstante, dicho equipo abandonó el lugar para iniciar la construcción de la denominada “trocha fronteriza”, según el testimonio del presiente de la Asociación de Desarrollo Integral de Colorado, Jesús Chaves.

“Había un almacenamiento de material que se usaba para arreglar el camino, pero cuando estaba medio arreglado se les metió la brillante idea de hacer la trocha y lo pidieron prestado, pero al final no lo devolvieron, por lo que el camino nunca se arregló”, criticó Chaves.

Respecto al Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) −que atiende a las cerca de 4000 personas que viven en las comunidades de las Barras−, este se ubica en puerto Lindo, y es visitado tan solo una vez al mes por el médico, por lo que en una emergencia las familias deben hacer un esfuerzo para poder recibir atención en Cariari.

En isla Brava, se vive sin electricidad y sin agua potable. “El agua del río (Colorado) sirve solo para lavar cuando está claro; con la de lluvia hacemos el resto”, asegura la vecina de esta localidad, Marielos Castrillo Carrillo.

PROMESAS Y MÁS PROMESAS

Estas son las actuales instalaciones del comando policial instalado en la zona, luego del inicio del conflicto con Nicaragua. (Foto: David Chavarría)

Al arribar a Colorado Sur, se aprecia desde lejos la figura del Caribú, avión que por desperfectos mecánicos se encuentra en la pista de esta comunidad a la espera de que sea reparado. De la misma manera, los lugareños esperan que algún día se intervengan las comunidades, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Al iniciarse el conflicto fronterizo, el Ministerio de Salud clausuró el puesto policial por no reunir las condiciones sanitarias adecuadas.

Debido a que el Ministerio de Seguridad necesitaba aumentar la presencia policial por el conflicto, pidió prestado el salón comunal al pueblo, para instalar provisionalmente a los cuerpos de seguridad. Tres años después, aún los policías usan ese espacio, que fue acondicionado con tan solo algunas divisiones internas.

A cambio del uso del salón, el Gobierno prometió mejoras en los espacios públicos, así como la colaboración en el desarrollo de un proyecto que dote de agua potable a Colorado Sur.

“Con la crisis nos hicieron muchas promesas, pero hasta el momento son solo mentiras, ya que no vemos ningún cambio”, reclamó el vecino de Colorado Sur e integrante de la Asociación de Desarrollo Integral, Carlos Martínez, quien inmediatamente recordó que “aquí vino el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), pero no sabemos qué fue lo que planificaron, ya que no hemos visto alguna mejora”.

Por otro lado, pese a que se solicitó una entrevista con las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, al cierre de la presente edición no se obtuvo una respuesta.

Mientras tanto, el director del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, Oldemar Madrigal, explicó que no se han logrado encontrar los motivos por los cuales falló la máquina del avión Caribú y están a la espera de que la empresa suplidora de los motores −en Estados Unidos− realice los diagnósticos necesarios.

Sin embargo, Madrigal aseguró que ya se gestiona las reparaciones del motor dañado, que serán cubiertas por la garantía que todavía se encuentra vigente.

Este Gobierno no verá las obras concluidas

Las comunidades más cercanas a isla Portillos tendrán que esperar por las mejoras que la presidenta Laura Chinchilla anunció en marzo con el denominado “Plan de abordaje integral para el desarrollo del cordón Fronterizo Norte”, una serie de mejoras que se impulsarían para todas las comunidades, con un presupuesto de hasta ¢ 146.000 millones.

En esa ocasión, Chinchilla aseguró que el dinero sería invertido en su totalidad durante los meses que restaban de su administración, e insistió que “no habrá ningún obstáculo que se interponga entre la voluntad política de seguir adelante con esta obra y la posibilidad de concretarla”, en alusión directa a la finalización de la construcción de la trocha fronteriza, que consumirá ¢ 40.000 millones. Pero, por lo visto, una nueva administración se encargará de ver concluidas las obras importantes.

Aparentemente, frente a la voluntad del Gobierno por ejecutar sus proyectos, hay un obstáculo infranqueable: el estatus territorial de la zona.

Cabe mencionar que las comunidades de Barra del Colorado están inmersas en una maraña legal, en la cual los pobladores de esta zona libran una lucha por la posesión de sus tierras, debido a la existencia de la Ley de la Milla Fronteriza, que establece la inalienabilidad de los dos kilómetros de frontera hacia adentro.

Por esta razón, los habitantes de estas tierras no cuentan con títulos de propiedad, ya que la tierra fue dada a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

“Esto no va a pasar en este Gobierno”, reconoció el Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, quien argumentó que “las políticas públicas deben adecuarse al orden jurídico”.

El ministro aseguró que ya hay proyectos desarrollándose en las comunidades fronterizas y entre estos señaló la inversión en infraestructura educativa y la reactivación de las obras de construcción de la trocha, proyecto dado a la empresa CACISA, y que será supervisada por la organización United Nations Office for Project Services (UNOPS), adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Dado que el proyecto para impulsar el desarrollo de la frontera norte corre el peligro de que al cambiar de administración sea engavetado, el ministro Gallardo hizo saber que impulsarán una ley que consolide la iniciativa y no se corra ese riesgo. “Estamos conscientes de que ese es un problema”, acotó Gallardo.