El Alcalde asegura que la nueva reforma al Plan Regulador brindará opciones habitacionales para todos los estratos sociales, pero los vecinos manifiestan que los proyectos se dirigirán hacia segmentos de mayores recursos. (Foto: Katya Alvarado)
Mientras que un grupo de vecinos de Curridabat enfrenta a su Alcalde y lo acusa de incurrir en situaciones “anómalas” relacionadas con el Plan Regulador, el representante del municipio considera “estúpidas y desorientadas” las quejas, al tiempo que justifica la necesidad de implementar la reforma para lograr “el desarrollo del cantón”.
Entre los principales cuestionamientos del grupo de vecinos ¾encabezados por el economista Francisco Solano¾ se encuentran la “poca transparencia con la que se convocó a la población a la consulta pública para implementar la reforma, falta de estudios técnicos de proyectos habitacionales y ciclovía, cambio en el uso del suelo”, entre otros.
Por su parte, el Alcalde, Edgar Mora, desmiente las acusaciones y afirma que el ayuntamiento se ha apegado por completo a la legislación vigente, prevista en la Ley de Planificación Urbana, y otras relacionadas.El 8 de diciembre del 2012, la Municipalidad de Curridabat realizó una audiencia pública para presentar a la comunidad el proyecto de modificación al Plan Regulador.
Esta audiencia es la única parte de una serie de procedimientos ¾como talleres y foros¾ que el municipio está obligado a acatar si prevé implementar cambios al Plan Regulador vigente de 1993, según lo dispone el numeral 17 de la Ley de Planificación Urbana.
El grupo de vecinos ha protagonizado fuertes disputas en las sesiones del Concejo, enviado consultas por escrito al órgano superior del gobierno local e incluso ha publicado varios artículos en el periódico local Curridabat Hoy, en las que dejan ver su descontento por “las directrices asumidas por la Municipalidad de Curridabat”.
ROMPER LAS ALTURAS
Uno de los objetivos de la modificación del Plan Regulador del Cantón de Curridabat es reestructurar el uso del espacio y readecuar su trayectoria habitacional “hacia las demandas de la situación actual”, según se desprende de una presentación de este, hecha por el Alcalde Mora.
Eso significará una cirugía urbana que hará que, en unos años, este cantón josefino tenga un nuevo rostro, que combinará viviendas tradicionales, comercio y otros servicios, con el sistema de vivienda vertical o complejos habitacionales multifamiliares, edificios que podrán llegar a ser hasta de 20 pisos según la zona.
Para Francisco Solano, este nuevo concepto urbanístico planteado para el cantón supone un sistema aplicado ya en otros países llamados “policentros”, previstos para crear nuevos centros urbanos e impulsar el desarrollo de las ciudades, un fenómeno que según él, replicará los experimentados en Santa Ana, Escazú y La Sabana.
“Algunas de estas propuestas no corresponden a los desarrollos naturales que viene teniendo el cantón y están enfocados en un concepto llamado “New Urbanism”, que en realidad lo que busca es concentrar los beneficios más en el desarrollador que en el habitante”, lamentó Solano.
“Si están hablando de ciudades más caminables, pero al final, estos desarrollos urbanísticos terminan expulsando al habitante porque representan altos costos económicos que no toda la gente puede adquirir”, dijo.
“Se habla del desarrollo de 160 torres, ¿quién va a comprar eso? los precios de esos apartamentos dejan por fuera a la mayoría de la población”, fustigó Solano.
El Alcalde asegura que este proyecto no será igual a Escazú o La Sabana, sino que está pensado para ofrecerle al habitante del cantón diversas opciones habitacionales, para estimular que particularmente la gente joven regrese a vivir en la zona.
“Le voy a decir lo que pierde por no cambiar: pierde gente, jóvenes que se están yendo a vivir más cerca de sus trabajos, fuerza de trabajo; por otro lado, va a ganar estabilidad, arraigo y población”, afirmó Mora.
“Mire, hay un anhelo en la ciudadanía de reducir los plazos de desplazamiento, de abrir fuentes de trabajo, estamos pensando una ciudad con productos inmobiliarios novedosos que no están en este momento en el mercado, como el apartamento vertical con un costo de $70 mil dólares (unos ¢35 millones) en promedio.
Por su parte, Solano mostró su disconformidad con aspectos ligados al desarrollo de altos edificios como el cambio en el uso del suelo, que ahora es mixto para la mayoría de las zonas (urbana central, general, suburbana) en las que se permitirá la convivencia de residencias tradicionales con torres habitacionales, habilitadas para comercio y servicios.
“No es cierto que se beneficie al desarrollador, porque se le dará al habitante de menores recursos, la posibilidad de permanecer, de tener lugares mejor ubicados; ellos defienden la tesis de que tenemos que estar separados (entre los distintos estratos de la población), pero yo creo que eso es mucho egoísmo, entre más servicios tenga una ciudad, es más barato vivir, pues gasta menos tiempo y combustible en desplazarse”, afirmó Mora.
FALTÓ TRANSPARENCIA
Luis Monge, Mario Murillo, Víctor Ramírez y Francisco Solano, junto a un grupo de vecinos de la localidad, han insistido en que el proceso para hacer consultas a la comunidad sobre “un proyecto tan importante como el cambio al Plan Regulador” no fue participativo ni transparente.
Según ellos, la aprobación del nuevo plan no se ha realizado sobre la base de lo que establece la Ley de Planificación Urbana en torno a los planes reguladores, especialmente en lo que concierne a la divulgación, participación ciudadana y estudios técnicos, por lo que exigen que la propuesta de reforma sea “sometida a una comisión especial de vecinos y miembros del Concejo”, para que se examine el cumplimiento de los procedimientos que establece la Ley, el Código Municipal y los reglamentos internos.
“No se le dio la divulgación; hacer la audiencia pública en una fecha como el fin de año no es conveniente, además se hizo en el cuarto piso, en un espacio muy pequeño, y mucha gente con discapacidad y adultos mayores no pudieron asistir”, se lamentó Luis Monge.
“Nosotros no participamos (talleres) porque no creíamos que era allí donde nos correspondía mostrar nuestra posición”, agregó Monge.
El refuta estas afirmaciones y califica a sus opositores de “desorientados” con posiciones “precarias en términos de argumentos”.
“No ha habido un proceso tan participativo, tan generoso, en términos de incluir las necesidades de diseño y de definición de la ciudad como la que hemos vivido en Curridabat”, afirmó Mora.
“Imagínese que una persona de ese grupo, que incluso no estuvo presente el día de la audiencia por estar hospitalizado, firma un recurso de amparo, en la cual la Sala Constitucional nos da la razón. Es mentira que hayamos irrespetado la Ley 7600, pues habilitamos un espacio en el primer piso con recursos para que la misma fuera vista y escuchada por todos”, agregó Mora.
En este sentido, el Alcalde mencionó que aunque válidas, las quejas de los vecinos no proceden pues el tiempo para hacerlo ya pasó. “En un proceso reglamentado hay momentos y son tan obligantes para la administración como para el administrado”, justificó.
Sin embargo, Mario Murillo desmiente esta afirmación pues, según dice, tanto la audiencia como los talleres no permiten la participación de los ciudadanos.
“No es cierto que nos han dado la oportunidad, lo que uno llega es a escuchar solamente, se topa uno con un plan que ya está cocinado”, afirmó.
ESTUDIOS TÉCNICOS
Tanto para los complejos habitacionales como para la ciclovía, el grupo de vecinos considera que la Municipalidad no cuenta con los estudios técnicos respectivos.
“¿Se efectuó el estudio de impacto vial, ambiental, la ley 7600? Son algunos de sus cuestionamientos.
“Lo que hace un plan regulador es dar la sencilla posibilidad de hacer un proyecto, no los permisos, pues esto tendrá que afrontarlo cada proyecto por separado y los mismos dependen además de otras instituciones como Setena, AyA, si esas aprobaciones no están no se hace”, explicó el Alcalde.
“Ningún plan es tan exhaustivo sino que la fórmula eficaz es que cada uno deba seguir un debido proceso y sustentarse en estudios”, mencionó.
En cuanto a la ciclovía, dijo que la nueva Ley de Tránsito obliga a los municipios a crearla, y que es decisión del ayuntamiento la forma de llevarlo a cabo.
“Esta ciclovía es una obligación, por eso la estamos combinando con la creación de Zonas 30, una forma de adecuar las calles en ciertos barrios para reducir la velocidad y “pacificar la calle”. “Hay mucho egoísmo porque la gente no quiere que pase frente a su casa, eso no lo puede tolerar la ética de la ciudad”, aclaró.
“Además, está estipulado que cada seis meses, se abra un espacio para que la comunidad opine y proponga cambios al plan”, concluyó Mora.
