El acueducto rural de La Perla atraviesa la finca; sus tuberías están expuestas a los trabajos que se realizan en la plantación. (Foto: Cristina Robles, Programa de Kioscos Ambientales)

Durante más de cuatro años los vecinos de La Perla de Guácimo esperaron a que el Tribunal de Pococí resolviera la denuncia interpuesta en contra de la empresa piñera Agroindustrial Tico Verde S.A. y ahora que dictaron la resolución en los estrados judiciales de Guápiles la semana anterior, no fue de satisfacción plena para esa comunidad, en donde la compañía ubica su planta empacadora.

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitaba la condena de hasta por dos años de prisión contra Alfonso Sancho y Federico Aguilar, presidente y administrador de la sociedad respectivamente, acusados por infringir la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

También pidió que Tico Verde S.A. eliminara la siembra del monocultivo en las áreas de protección y aquellas que estén sembradas en pendientes, mientras que por los daños ocasionados al Área de Conservación de Tortuguero (ACTo)  se exigía subsanar al Estado con la suma de ¢116.280.721.

Pero, de lo solicitado por la Fiscalía y el ACTo,  los jueces tan solo acogieron lo referido a eliminar los cultivos en áreas de protección y pendientes, dejando sin condena penal a los empresarios acusados. Esto, pese a que la población considera que existían argumentos técnicos de peso para validar la condena.

“El pronunciamiento fue muy triste para nosotros, luego de más de cuatro años esperando este juicio”, indicó el integrante de la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunal (ASADA) de La Perla de Guácimo, Mario Vargas.

La regidora de Guácimo, Erlinda Quesada, se sumó  a la insatisfacción, al señalar que “existe desánimo con la justicia en el país”, pues estima que los jueces fueron muy blandos al dictar la sentencia, en razón de que hay evidencias claras del daño ambiental provocado por la empresa.

Por su parte, el coordinador de la Fiscalía Agrario Ambiental, Luis Diego Hernández, comentó que las conclusiones de los jueces que liberaron penalmente a los imputados no satisfacen a esa fiscalía,  al considerar que “son razones muy de bulto, muy groseras, para que las dejemos pasar; en ese sentido vamos a apelar” (véase: “Piñera amparaba prácticas ambientales nocivas”).

OPOSICIÓN COMUNAL

La población inició desde el año 2008 un proceso de lucha en contra del trabajo de la empresa en la comunidad La Perla de Guácimo, al hacerse evidente que la finca no poseyó del 2005 al 2008 la  viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

La propiedad fue intervenida en varias ocasiones por la Setena y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), los cuales dictaron medidas cautelares a los trabajos que se realizaban en esa plantación.

La regidora Erlinda Quesada explicó que la defensa de la empresa no pudo desmentir lo que decían los técnicos de los ministerios que  participaron en el proceso de audiencias, “solamente alegaban que ellos no hacían daño, pero no aportaban ninguna prueba”.

Ahora la comunidad alega que estará pendiente del cumplimiento de la sentencia y a la espera de la apelación que pueda presentar la Fiscalía. A pesar de que el Tribunal no condenó penalmente a los acusados, el proceso de lucha de la comunidad sienta un antecedente importante, dijo Quesada.

La regidora detalló que el presidente de la sociedad es miembro integrante de la junta directiva de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep); “no deja de ser un gran logro, ya que no es fácil llegar a una condena cuando se enfrenta a una gran empresa”, acotó.

Eliminarle la patente a la planta empacadora de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A. les costó a los cinco regidores del Concejo Municipal de Guácimo una demanda por prevaricato.

La denuncia interpuesta en 2008, fue resuelta a finales del año anterior en los Tribunales de Goicoechea, donde la Fiscalía en la vista preliminar solicitó eliminar la demanda, tras considerar que los miembros del Concejo actuaban amparados a la legislación. “La empresa nos demandó por abuso de autoridad”, puntualizó Erlinda Quesada.

Se intentó recoger el criterio tanto de Alfonso Sancho, presiente de la Sociedad Agroindustrial Tico Verde S.A., así como de Abel Chaves, presidente de la Canapep; sin embargo, al cierre de la edición no se recibió respuesta.

TAA PRESENTARÁ RESOLUCIÓN FINAL

Por otro lado, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) dictará en menos de dos meses su resolución final respecto a la denuncia interpuesta en contra de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A., tras dos años de investigación realizados por este órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

La jueza del TAA, Yamileth Mata, dijo que la medida tenderá a buscar la regeneración natural del sitio o la implementación de un plan de reforestación de las áreas que por ley tienen que estar cubiertas; esto implicaría un “desarraigo” de los cultivos ubicados en las zonas de protección determinadas por la dirección de aguas del Minae”.

La denuncia presentada desde el 2006 por las autoridades de la Municipalidad de Guácimo −al considerar que la piñera ocasionaba problemas de contaminación de aguas y destrucción de caminos−, podría sumarse al fallo dictado por los Tribunales de Pococí.

Coordinador de la Fiscalía Agrario Ambiental:

Piñera amparaba prácticas ambientales nocivas

Para el coordinador de la Fiscalía Agrario Ambiental, Luis Diego Hernández, la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A. desarrollaba prácticas agrícolas nocivas para el entorno natural de la zona. A continuación se ofrece un resumen de sus criterios. 

¿Qué valoración hace del fallo dictado por el Tribunal de Pococí?

-En términos generales no nos satisface, porque no se condena a los imputados por varios delitos, entre estos invasión de áreas de protección, contaminación de aguas. Sin embargo, sí nos satisface parcialmente la resolución, en el tanto sí ordena el desarraigo de los cultivos de piña en las áreas de protección de las quebradas y ordena cambiar el tipo de siembra. En esto la resolución nos da la razón, en que la piñera objetivamente estaba amparando prácticas nocivas hacia los recursos naturales.

¿Por qué si estas prácticas que usted cataloga como “nocivas” son tipificadas como delito, no se pudo demostrar ante los jueces?

-Por supuesto que si fue elevado a juicio es porque existía una alta probabilidad de que estas prácticas representaran un delito; así que la tesis del Tribunal es que por alguna razón no se logró demostrar la autoría de los hechos; sin embargo, objetivamente sí constituyen delitos y violaciones a la legislación ambiental; no nos satisfacen las razones de la absolutoria en la parte penal, por lo que  procederemos a la apelación de la resolución luego de estudiarla.

¿Cómo fundamentan los jueces sus votos para absolver de la condena penal a la Sociedad Agroindustrial Tico Verde S.A.?

-Aducen que no se pudo determinar si fueron los imputados quienes invadieron, ya que las áreas ya estaban ocupadas con anterioridad a la fecha de los hechos que se acusan, y que el sitio no era bosque, pero no es requisito de las áreas de protección tener áreas boscosas; más bien esto es otro delito: el cambio en el uso de suelos. Hay que recalcar que hubo un voto salvado de uno de los jueces, que sí condenó a los imputados por los delitos y fundamentó en este sentido.

La Fiscalía continuará con el proceso. ¿Cómo será la etapa que prosigue? ¿Se procurará la condena penal?

-Sí, porque no nos satisfacen las razones expuestas oralmente por los jueces. Por ejemplo, ese argumento de que no se trataba de cobertura de bosque  nos parece irrelevante para el delito de invasión de áreas de protección, ya que en ese caso todas las áreas de protección de la Gran Área Metropolitana  tendrían licencia para ser invadidas, porque no tienen cobertura boscosa; son razones muy de bulto, muy groseras, para que las dejemos pasar; en ese sentido vamos a apelar.

¿Cuándo se iniciaría la apelación?

-Cuando nos notifiquen tendríamos 15 días para presentar la apelación.