Antiguas y nuevas denuncias sobre presuntas anomalías e ilegalidades en el funcionamiento de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) se han ventilado estos días en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto público de la Asamblea Legislativa.

Los cuestionamientos van desde el alquiler millonario e “innecesario” de un nuevo edificio en Guachipelín de Escazú; el alquiler del antiguo edificio al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a pesar de que la ley prohíbe tal uso; incumplimiento de funciones del actual Regulador General, Dennis Meléndez, hasta el funcionamiento de un “Comité de Regulación” que estaría fijando tarifas ilegalmente, entre otros.

Como un primer resultado de lo que se ha destapado, la presidenta de la comisión legislativa, la diputada Marielos Alfaro, envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Auditoría de ARESEP, solicitando una investigación para establecer responsabilidades por el alquiler del edificio al MEIC y para que este desaloje el inmueble. ¿Qué estaban haciendo el cuerpo de asesores jurídicos y técnicos y la auditoría que no advirtieron para que no se cometiera tamaña ilegalidad, ya que la ley de la ARESEP es clara en cuanto a que el edificio no se podía ceder a otra institución? Es una vergüenza, cuestionó Alfaro, del Movimiento Libertario.

La Asociación Consumidores de Costa Rica presentó el pasado 10 de agosto una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos tomados por la Junta Directiva de ARESEP desde el 15 de abril del 2010, a la que se agregó una coadyuvancia del exregulador General Leonel Fonseca.

La acción impugna los acuerdos de Junta Directiva y normas del Reglamento Autónomo de Organización de la ARESEP, conocido como “RIOF”, que crean el Comité de Regulación y las Superintendencias de Agua, Energía y Transporte, encargadas de fijar tarifas.

Dichos acuerdos quebrantan entre otros el principio democrático y el principio de legalidad, aduce la Asociación, que pide al tribunal constitucional ordenar a la ARESEP  abstenerse de tramitar procedimientos tarifarios y sancionatorios por medio del Comité de Regulación, hasta tanto esa Sala no se pronuncie sobre esta acción, y estas funciones no sean asumidas por el Regulador General.

Según el exregulador Fonseca, por una errónea interpretación la normativa se ha encargado de manera espuria a un comité de regulación  fundamentales facultades de imperio de resolver las tarifas de los servicios públicos a cargo de la ARESEP, y de manera arbitraria e ilegal se crearon  las Superintendencias para Aguas, Energía y Transporte (que aún no funcionan).

Añadió que con tales actos se han lesionado principios fundamentales establecidos en la Constitución Política y en principios y definiciones legalmente establecidos, tal como lo ha demostrado fehacientemente el especialista Rubén Hernández Valle (en una asesoría contratada por el propio Regulador), la Defensoría de los Habitantes, los diputados de la Asamblea Legislativa, las actas de la Comisión de Control de Ingreso y gasto Público, entre otros.

Se ha afectado así de manera irreparable los derechos fundamentales de los habitantes consumidores o usuarios de los servicios públicos, y de las instituciones y  empresas concesionarias de los servicios públicos regulados por la ARESEP, apuntó Fonseca.

Desde inicios del 2010 tanto diputados de la Asamblea Legislativa como la Defensoría de los Habitantes manifestaron dudas sobre la legalidad de los actos del Comité de Regulación, que asumió funciones atribuidas al Regulador.

Se trata de un  grupo de tres personas creado por el anterior Regulador General, Fernando Herrero (actual Ministro de Hacienda), el cual debía fijar transitoriamente las tarifas mientras asumía el nuevo Regulador.

No obstante, la actual junta directiva de la ARESEP prorrogó el funcionamiento del grupo regulador, que luego de 14 meses sigue fijando las tarifas, cuya legalidad ahora está siendo impugnada.

Es uno de varios asuntos que tienen dividida a la Junta directiva de la ARESEP, donde los directores María Lourdes Echandi y Emilio Arias forman minoría y han denunciado la ilegalidad de varios acuerdos.

Echandi declaró en la comisión legislativa que una de las medidas que han cuestionado y que en tres ocasiones han pedido corregir, sin éxito, es la fusión de la asesoría jurídica y técnica de la Junta Directiva con la de la Administración.

Esto sucedió con la entrada en vigencia del nuevo RIOF, el 9 de octubre del 2010, y es una medida que impacta la estructura de ARESEP y debilita el papel rector de la Junta Directiva, como jerarca supremo que es de la Institución, aseguró.

Entre otros temas, Echandi denunció que la Junta Directiva se negó a consultar a CGR la legalidad de alquiler del local de Multipark, en Guachipelín de Escazú, donde se ubica ahora la ARESEP.

El contrato de arrendamiento con el Oficentro Multipark debió ser aprobado por la junta directiva, según la Ley de la ARESEP, pero no sucedió así, y tampoco existió un estudio costo beneficio que valorara la opción de remodelar o reconstruir el antiguo edificio, frente al alquiler del nuevo Multipark, afirmó.

Además, pese a que existe un acuerdo unánime de la Junta Directiva que declaró de interés institucional las decisiones relativas a ese edificio de ARESEP, con la meta de regresar entre los tres y cinco años; sin embargo, el Regulador General decidió suscribir un contrato de arrendamiento de las instalaciones al MEIC, y el contrato fue aprobado por la mayoría de la Junta Directiva, con lo cual en la práctica se imposibilita el regreso al antiguo local.

El auditor de ARESEP, Luis Fernando Fonseca, dijo por su parte que no hubo planificación ni estudio de costo beneficio para el alquiler en Multipark. El tema habría sido discutido en reuniones privadas de la junta directiva, donde no estuvo presente él ni el secretario. Algunas se hicieron en hoteles y una incluso un domingo en la casa particular de Herrero, reveló.

Se le preguntó a Sequeira cómo fue que si el alquiler de Multipark se negoció con Improsa Capital, el contrato se firmó con Fondos de Inversión Improsa, una empresa del mismo grupo económico pero con distinta razón social, aparentemente con el propósito de obviar la relación que  tenía con Improsa uno de los directivos de ARESEP (Jorge Cornick).

“Fue una decisión de ellos” (los empresarios de Improsa) y fue un tema que se consultó a la CGR y esta dijo que “no había problema”, aseguró el auditor.

En medio de los cuestionamientos de los diputados, el regulador Meléndez aseguró que hace más de dos meses presentó a la presidenta Laura Chinchilla su renuncia al cargo, pero no se le  ha respondido.

PODER POLÍTICO

Por su parte, en comparecencia realizada el pasado 25 de agosto ante la comisión legislativa, la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Reguladora (AFAR) responsabilizó a Herrero de promover una reorganización interna que debilitó la capacidad regulatoria de la institución.

También de promover el alquiler millonario en Multipark que “no era necesario”.

Esta contratación no se aprobó en Junta Directiva sino en el despacho del exregulador, dijo el presidente de AFAR, Miguel Badilla.

Reprochó que Herrero autorizara un alquiler de casi ¢1.000 millones al año  por un edificio que incluso es más pequeño que la vieja instalación en La Sabana (pues mide 3.511 m2 y el otro 3.570 m2). Ello, a pesar de un argumento del exregulador para justificar el traslado era que el personal estaba hacinado, pero ahora cuentan con menos espacio.

Según Badilla, la estructura administrativa creada por Herrero concentra el poder en un solo funcionario, el gerente general, Rodolfo González, a quien el exregulador llevó a la ARESEP.

“No cabe duda que el poder político de la ARESEP no está en el regulador (actual), sino que es Fernando Herrero, y adentro su lugarteniente es el gerente general”, aseguró.

La afirmación fue calificada de “tontería” por Herrero (ver recuadro “Es una tontería”). El funcionario está convocado para responder preguntas de la comisión legislativa a finales de setiembre.

La lectura que hacen en AFAR –dijo Badilla- es que la instalación de este grupo de poder dentro de la Autoridad Reguladora responde a un proyecto en que se busca un debilitamiento de la regulación en Costa Rica.

“Como sabemos muy bien, estamos de cara a un proceso de apertura en energía, ya lo hemos tenido en telecomunicaciones, entonces, si se debilita la regulación, este proceso de apertura podría ser que diga que la dinámica de los precios en esos mercados regulados sea muy distinta que la que prevalecería si tuviéramos por el contrario una Autoridad Reguladora suficientemente fuerte, capaz de intervenir en forma acertada en mercados de naturaleza oligopólica”, comentó.

“Es una tontería”

La reorganización interna que impulsó en la ARESEP se hizo para proteger al Regulador de la influencia de los sectores regulados, afirmó Fernando Herrero.

¿Qué dice a las acusaciones que se han hecho de que Ud. debilitó la ARESEP con la reorganización que hizo y sigue controlando la institución?

-Eso es una tontería. Mi  esfuerzo iba dirigido a montar un sistema que protegiera al regulador, que le impidiera estar muy pegado al regulado.  Si el regulador está muy pegado a las telecomunicaciones, a los proveedores de agua o del  transporte público, empieza a responder a los intereses del grupo. Esa era la preocupación que yo tenía en esa época (de Regulador General en el Gobierno anterior). Yo plantee un modelo y empezamos a trabajar en ello. Con el cambio de Gobierno entra otro grupo de gente, revisan todo lo que se actuó anteriormente y seguimos en ese camino.

¿Pero las medidas adoptadas no debilitaron más bien la institución?

-No, no. Eso es una organización sindical de ARESEP (la que afirma eso); la ARESEP es una institución totalmente distinta de la que a mí me tocó estar. Es una institución fuerte, tiene un equipo técnico de alto nivel para hacer las cosas que tiene que hacer. Se logró que empezara otra vez a tener empleados jóvenes, porque hubo un desequilibrio en la institución por el sistema salarial que tenía, porque solo se quedaban los que tenían muchos años de estar. Me parece que las instituciones tienen que ser una mezcla de los mayores que traen la tradición y la experiencia y los nuevos que vienen aprendiendo  y con preguntas nuevas.

Se cuestiona que el traslado a las oficinas de Multipark fue una decisión innecesaria…

-En eso hay varias cosas. Creo que esta no es la pelea. Lo que hay es un grupo de interés que le parece que el diseño institucional que yo plantee no es el adecuado – lo cual es legítimo de plantear obviamente-,  y tomó como un símbolo la discusión de si manteníamos junta  la ARESEP y SUTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones). Bueno, ahí están a la par, que era lo que yo quería lograr, porque me parece que hay muchas cosas en las que tienen que protegerse una a la otra. Pero las personas que estaban en contra de eso hicieron todo un símbolo del edificio y cuestionan lo del edificio.

Yo era la persona responsable de decidir, y decidí usando mi competencia. Si a alguien no le gusta  es un cuestionamiento político, pero yo hice lo que podía hacer.

La otra cosa es que se hizo un proceso de contratación en el que participaron los mejores abogados en contratación administrativa del país. El expediente que tiene la ARESEP de esa contratación  yo le apuesto lo que sea que usted no lo encuentra fácilmente en el sector público.

¿No es cierto entonces que fue una contratación precipitada?

-Es un expediente modelo, porque todo lo estuvimos haciendo con un enorme cuidado para que se cumpliera la ley y la parte técnica. Se analizó el edifico de ARESEP, se plantearon las necesidades hacia adelante, se concluyó que era mejor alquilar uno que botar ese (el propio de ARESEP) y hacer otro más grande o construir una sección pegada. Esas opciones se plantearon. En términos de costos se hace también mucha bulla, pero al costo (del alquiler) hay que restarle que la SUTEL de todos modos iba a necesitar espacio adicional; que (el edificio antiguo) está alquilado al MEIC. También, que hay que desarrollar la regulación en los otros sectores; si vamos a un nuevo esquema de regulación de la electricidad, hay que expandir el área encargada de la regulación de la electricidad.

El sistema de transporte público tiene severos problemas y muchos de esos problemas se deben a la forma en que está organizada la regulación, repartida entre el Consejo de Transporte Público y la ARESEP, un sistema que me parece poco sano. Bueno, ahí  ARESEP debe tener los equipos para poder atender ese tipo de desafío. Esa es mi visión de esto.