Héctor Fernández: La investigación de TSE encontró que hay conductas que pueden encuadrar en delitos y será la Fiscalía la que determine si hay delitos que perseguir (Foto: archivo).
La virtual unción del alcalde capitalino como candidato presidencial oficialista para el 2014, tras la intempestiva renuncia del precandidato Rodrigo Arias y la adhesión del también precandidato Fernando Berrocal, así como la investigación iniciada por la Fiscalía a las cuentas de la sociedad anónima Laura hacia el 2010, entre otros hechos políticos, agitaron la actualidad electoral.
El anuncio de Arias el pasado 4 de enero de que renunciaba a la precandidatura presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN) fue sorpresivo, pero no inexplicable, aunque las aclaraciones que el exministro de la presidencia y hermano del Premio Nobel de la Paz Óscar Arias hizo para justificar la decisión (encuestas desfavorables y falta de financiamiento) no convencieron a todos.
A algunos les pareció difícil creer que esas fueran las únicas razones que convencieran a Arias de abandonar una campaña iniciada prematuramente. Una campaña que el exjerarca de la Presidencia y mano derecha del expresidente Óscar Arias lanzó desde el 2010 cuando apenas se estrenaba Laura Chinchilla en su gobierno, y en la que –solo en la publicidad de radio y televisión en el periodo de febrero a octubre del 2012- se habían invertido ¢698.6 millones, según el registro de la firma especializada Mediagurú.
La pregunta que ha flotado es si también habrá un mar de fondo en relación con los resultados que podrían venir de la investigación a la sociedad Laura hacia el 2010, sobre presuntos ingresos que no fueron reportados como ordenaba la ley, y que podrían involucrar a importantes donadores que ahora están temerosos de salir a relucir en un escándalo con nuevos aportes.
Tampoco se pierde de vista una investigación que avanza en el Ministerio Público (Fiscalía) sobre una presunta donación de $200.000 (¢100 millones) a la Fundación Arias para la Paz por parte de sociedades allegadas a la minera canadiense Industrias Infinito y por lo que la Cancillería solicitó finalmente a Canadá, luego de un largo retraso, una prueba que requiere la Fiscalía para avanzar en el caso. Esto en el marco de una investigación que involucra al expresidente Arias por la aprobación del decreto que declaró de interés público la cuestionada explotación minera de oro a cielo abierto por parte de Infinito en Crucitas, frontera norte.
Otra investigación trata de determinar si una donación de Taiwán al gobierno durante la pasada administración fue a parar a dicha fundación.
Entre tanto, el director ejecutivo, Luis Alberto Cordero, quien ha negado que haya habido irregularidades, renunció luego de diez años en el cargo, y sobre los motivos dijo a la prensa que era una decisión tomada desde setiembre pasado, porque diez años son mucho tiempo y es un ciclo cerrado.
DENUNCIA DEL TSE
El TSE presentó el pasado 21 de diciembre a la Fiscalía el informe sobre la investigación que hizo a la sociedad Laura hacia el 2010, y lo declaró confidencial. Incluso le negó el acceso al denunciante Douglas Caamaño, por lo que este presentó un recurso de amparo que la Sala Constitucional acogió la semana pasada para darle trámite.
El departamento de partidos políticos del órgano electoral investigó la denuncia presentada en febrero pasado por Caamaño y por el diputado Danilo Cubero, del Movimiento Libertario. Ellos pidieron investigar a la presidenta Chinchilla, su hermano Adrián, al actual ministro de Medio Ambiente, René Castro, y a Jorge Walter Bolaños, extesorero de campaña y apoderado de la sociedad Laura hacia el 2010. Ello, por su supuesta responsabilidad como miembros del comando de campaña, en la recepción de donaciones que no fueron reportadas como obligaba la ley electoral.
Pero según informó la Fiscalía mediante un boletín, en los hechos narrados por el TSE no se deriva responsabilidad alguna de la Presidenta de la República ni de otros miembros de los Supremos Poderes del Estado, por lo que el asunto se delegó a la Fiscalía de Probidad y Transparencia.
Agregó que el TSE implica a Bolaños (actual representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica) y dos excolaboradoes: Bernal Gutiérrez y Gerardo Lizano (embajador de Costa Rica en Ecuador).
La presidenta Chinchilla declaró que confía plenamente en Bolaños, que se ha entregado la información requerida y que la investigación demostrará que todas las cuentas estuvieron en orden.
FILTRACIÓN
Pese a la declarada confidencialidad hubo una filtración y según el diario La Nación, el TSE denunció que la precampaña de Chinchilla recibió ingresos por ¢715 millones pero solo reportó ¢344 millones provenientes de 148 personas y 42 sociedades.
Además dijo que en las cuentas bancarias revisadas aparece un giro a Carlos Ricardo Benavides, actual ministro de la Presidencia, para cubrir gastos de campaña, cuando aún se desempeñaba como ministro de turismo durante la anterior administración. Ello implicaría beligerancia político-partidaria, prohibida por la ley.
Según Douglas Caamaño, el TSE “pegó cuatro gritos” cuando se trató de denuncias contra el Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana, pero ahora al tenor de los delicados hallazgos que encontraron entonces declaran que es confidencial.
Dijo que el recurso de amparo lo justificó sobre el derecho que le asiste a ser informado de algo que es de interés público, y que solicitó al tribunal que investigara para que le informe.
Consideró que la celeridad con que la Sala Cuarta dio trámite al recurso es buen indicio de que los magistrados vieron fundamento en su reclamo, por lo que está optimista de que pronto salga una resolución favorable que ordene al órgano electoral entregarle el informe, que podría revelar muchas cosas interesantes.
Consultado Héctor Fernández, director del registro electoral del TSE, en qué consistió la denuncia presentada a la Fiscalía, dijo que el TSE no la puede dar a conocer, porque hay una normativa que establece que cuando se puedan derivar responsabilidades para algunas personas los hechos no pueden ser revelados sin dar oportunidad de defensa a los aludidos.
Lo que se investigó fue una denuncia presentada ante el departamento de partidos políticos, y la recomendación fue elevar al Ministerio Público la denuncia para que ellos valoren si hay algún delito que perseguir, ya que se considera que algunas de las conductas podrían encuadrar en delitos, dijo Fernández a UNIVERSIDAD.
Actualmente el TSE tiene denuncias ante la Fiscalía contra dirigentes de cuatro partidos: el PLN, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y Renovación Costarricense. En cuanto al PLN son cuatro expedientes por denuncias relacionadas con el manejo de los fondos en la pasada campaña, incluido el caso de la sociedad Laura hacia el 2010.
