El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez (izquierda), junto a su colega de Trabajo, Víctor Morales, en el inicio del diálogo con Ronaldo Blear (camisa a rayas al fondo) y otros dirigentes de Sintrajap, el pasado viernes 7 de noviembre. (Foto: Katya Alvarado)
El desenlace de la huelga en los muelles de Limón y Moín −que fue suspendida por el sindicato para reanudar el suspendido diálogo con el Gobierno− llegó a un puerto muerto y constituye un golpe para el movimiento sindical, según el diputado y exdirigente laboral Jorge Arguedas.
Diferente es el parecer de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para quien “apenas se ha jugado el primer tiempo del partido”.
“Esto debe ser visto como el primer tiempo. Estamos en los 15 minutos de descanso. Creo que viene un segundo tiempo”, insistió Vargas, para quien los procesos ambientales están todavía crudos y uno de los escenarios posibles podría ser que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se traiga abajo el proyecto.
La jerarca de la Defensoría de los Habitantes, Monserrat Solano, apeló a la buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y Sintrajap. (Foto: Katya Alvarado)
La renegociación del contrato con APM Terminals es una posibilidad real, que el mismo presidente Luis Guillermo Solís lanzó en la campaña electoral. Que ahora se sienta arrinconado por las cámaras o no tenga las agallas suficientes para honrar lo que prometió “son otros cien pesos”, agregó Vargas.
Estas son las valoraciones enfrentadas que se dan dentro del mundo sindical, sobre el conflicto que acaparó la atención pública en las últimas semanas y que reflejan las divisiones del movimiento sindical costarricense, evidenciadas una vez más con motivo de la huelga en Limón. Para Vargas, en el ámbito sindical “la autocrítica no ha llegado del todo y está por desenvolverse”.
Tras 15 días de huelga, Sintrajap, el sindicato de trabajadores de la estatal Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), decidió suspenderla para reanudar el diálogo con el Gobierno, ahora bajo mediación de la jerarca de la Defensoría de los Habitantes, Montserrat Solano.
Las partes volvieron el pasado viernes 7 de noviembre a la mesa de diálogo, que había quedado rota luego de que el sindicato rechazó un plan del Gobierno para fortalecer Japdeva, pero que rehuía la revisión de la exclusividad otorgada a la trasnacional holandesa APM Terminals, para el manejo de la carga de barcos portacontenedores.
Las dos partes acordaron finalmente una agenda de cinco puntos para la discusión, que incluye “examinar temas de interés relativos al contrato de la terminal de contenedores de Moín”, según informó la Defensora (ver recuadro).
“Vamos a intentar crear el espacio para llegar a acuerdos; dependerá de las partes cuándo lleguemos a ese momento”, advirtió la funcionaria.
La demanda del sindicato es que se renegocie la cláusula de exclusividad 9.1 del contrato para la construcción y operación de la terminal de contenedores de Moín (TCM), que el pasado gobierno de Laura Chinchilla firmó con APM.
El trasiego en contenedores está en aumento y es la parte sustanciosa del negocio portuario, y debe permitirse la sana competencia en la atención de esa carga, porque de lo contrario el privilegio de la trasnacional llevará al cierre técnico de la empresa estatal, argumentan los sindicalistas.
El Gobierno de Solís sostiene que la medida no se puede renegociar y que por seguridad jurídica va a respetar el contrato firmado. En la campaña electoral por la presidencia de la República, Solís explicó a Sintrajap la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del país.
El presidente Luis Guillermo Solís cosechó aplausos de diversos sectores del país, por el despliegue de la Fuerza Pública, que desde el primer día de la huelga tomó el control de los muelles de Limón.
Las autoridades de Japdeva anunciaron enseguida que la operación de los muelles se restableció, tras la contratación de personal foráneo; pero, una larga cola de furgones en la ruta de acceso a Moín evidenciaba las demoras en la carga y descarga de los barcos.
Como secuela del conflicto con el Sindicato, las autoridades de Japdeva denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la convención colectiva de trabajo firmada con Sintrajap, lo que significa que el acuerdo laboral debe ser renegociado con los trabajadores. También solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el Tribunal de Trabajo de Limón la aprobó y quedó en firme el pasado jueves 6 de noviembre, un día después de que Sintrajap levantó la huelga.
SALIDA HONROSA
En opinión de Arguedas, diputado del Frente Amplio −partido aliado de los sindicatos−, el apoyo a la huelga fue “flojo” y el movimiento fue repudiado por gran parte de la opinión pública, aunque la situación tuvo una “salida honrosa”, si se considera que perder una huelga significa ocupar años para recuperar la unidad de un sindicato, comentó.
En su criterio, “es un muy difícil revertir una opinión en contra, cuando hay una directriz de la cámaras patronales y de la gran prensa, para írsele encima a ese tipo de acciones”.
Además –agregó− es una huelga que se da en medio una situación compleja que vive el país, con un Gobierno que está acomodándose y tiene dirección, con una fracción parlamentaria dividida y no hay con quién hablar.
Para el mencionado diputado, la intervención de la policía en Limón no es del estilo de Luis Guillermo Solís, sino una imposición de la embajada estadounidense por medio del ministro Celso Gamboa, encargado de exhibir fuerza para enfrentar el narcotráfico en las calles de Limón.
Al contexto descrito, Arguedas sumó “graves errores” que han cometido los sindicatos, al aliarse con anteriores gobiernos, que les aprobaron abusos y los convirtieron en botín político en muchos casos, lo que ha desprestigiado a su dirigencia.
Mientras tanto, Albino Vargas cree que Sintrajap tiene que revisar sus estrategias de comunicación, sus políticas de alianzas y su forma de relacionarse con la población de Limón, aunque enfatizó que es muy difícil que se piense distinto sobre los sindicatos, dado que hay una opinión pública “secuestrada por una matriz mediática hegemónica, en la que los sindicatos siempre hemos sido los malos de la película”.
Cuando empezó la lucha contra el Combo del ICE fue exactamente igual, con la misma carga ideológica, pero se logró romper el cerco mediático y se frenó aquel intento de privatización de la empresa estatal en el 2000, ejemplificó.
Vargas estima que la huelga de Sintrajap tuvo como valor principal convertir en noticia de primera plana el referido contrato de concesión, muy típico del bipartidismo clásico, acostumbrado a hacer negocios con los servicios públicos, con ropaje legal o sin él.
Por su parte, el secretario de divulgación y prensa de Sintrajap, José Luis Castillo, negó que se estuvieran debilitando con la huelga; su valoración es que el movimiento estaba creciendo con apoyos que llegaban de otros sindicatos y “nos parece más bien un momento oportuno hacer la tregua cuando estamos fortalecidos y no cuando estamos debilitados o cansados”, alegó.
Puntos sobre la mesa*
En la apertura del diálogo Gobierno-Sintrajap, la defensora de los habitantes, Monserrat Solano, anunció que ambas partes se pusieron de acuerdo sobre una agenda de cinco puntos para la discusión:
1. Se examinarán temas de interés relativos al contrato de la terminal de contenedores de Moín.
2. Mecanismos de evaluación de los posibles impactos que eventualmente podrían surgir con la puesta en marcha de la concesión de la terminal de contenedores de Moín.
3. Adopción de posible acciones y medidas, conforme a los resultados que pudieran arrojar los estudios de impacto y que atiendan el interés público de Limón.
4. Presentación y estudio de opciones de desarrollo portuario e integral de esa provincia.
5. Construcción de mecanismos para el seguimiento de estas acciones, conforme al ordenamiento jurídico costarricense.
*Fuente: Defensoría de los Habitantes
