Voto castigó corrupción de clase política

Sectores sociales consideran que elecciones carecen de legitimidad.

Guatemala fue enfática en las elecciones del pasado domingo 7 de setiembre: está harta de la corrupción y de los políticos de siempre que se sirven en mesa grande cuando llegan al poder y gobiernan en favor de sus intereses y de los de sus núcleos más cercanos.

Prueba de ello fue el voto emitido en la primera ronda de votaciones, que será concluida en una segunda vuelta electoral del 25 de octubre con el comediante Jimmy Morales a la cabeza, y la exprimera dama Sandra Torres.

Al cierre de esta edición (martes 8 de setiembre a las 7 p.m.) y con el 98,67% de los votos contabilizados Morales, de 46 años, obtenía el primer lugar en la elección del domingo con un 23,86%, mientras que la lucha por el segundo boleto al balotaje se lo disputan Torres, con 19,73%, y Baldizón con 19,64%, según el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.

La elección se desarrolló en un ambiente de indignación contra la clase política y estuvo teñida de gran cantidad de denuncias por parte de la población, sobre compra de votos, acarreo de votantes e incluso el uso de listas de votantes por parte de partidos políticos.

De acuerdo con el sociólogo e investigador Christian Calderón, nadie hubiera podido predecir los resultados de la primera vuelta y tampoco se podía anticipar el fenómeno político en el que se convirtió Jimmy Morales, un comediante y candidato del partido Frente de Convergencia Nacional, casi inexistente en intenciones de voto a principios de año, mientras que Manuel Baldizón –con casi la mitad de los votos a su favor en la última elección- acabaría relegado al tercer puesto, según los datos computados al cierre de esta nota.

“Si bien, la preferencia de Morales por parte del electorado, a primera vista reflejaría el rechazo de la clase política tradicional, en última instancia remite a un conducta electoral practicada por los votantes guatemaltecos: el voto de castigo unido al voto cruzado”, señaló Calderón.

Por su parte, Lidiette Brenes, Exembajadora de Costa Rica en Guatemala consideró el gane de Morales es una muestra de que la gente está totalmente desilusionada de los políticos tradicionales y su forma de ejercer el poder.

Representantes de los movimientos sociales, consideran que las elecciones carecen de legitimidad, pues no responden a las demandas genuinas de la ciudadanía y manifestaron un rechazo, pues desde su punto de vista continúan reproduciéndolas prácticas viciosas que incentivan la operación ilegal, fraudulenta y abusiva de los gobernantes de turno.

“Demandamos una reforma inmediata de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sobre todo relacionado con la opacidad en el financiamiento privado de los partidos, el amplio techo presupuestario que se les permite, el débil control sobre la campaña anticipada y el bajo monto de las multas, además de la poca representatividad de los grupos indígenas, mujeres y minorías marginadas”, enumeró Alejandro Pineda, representante del movimiento social.

Estas elecciones marcaron un cambio en el sistema tradicional, según Calderón, quien consideró que para los partidos políticos y la clase política se evidencia una derrota estratégica y una depuración de sus miembros y para la ciudadanía se abre un proceso creciente de participación directa en la política nacional, tomando conciencia de que pueden generar cambios actuando colectivamente y bajo métodos pacíficos.

Una tarea incierta

Quien asuma el poder en Guatemala el próximo 14 de enero deberá administrar un país agobiado por la pobreza del 54% de sus 15,8 millones de habitantes, y por la violencia que deja unos 6.000 muertos cada año, atribuidos al narcotráfico y a la lucha entre violentas pandillas o maras.

Además deberá enfrentar desafíos relacionados con la urgencia de una agenda de cambios en la política fiscal, que permita cumplir las crecientes demandas sociales, pues los ingresos en la actualidad son del 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando el promedio en la región es del 14%.

Se requiere la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y avanzar en materia de corrupción.

Definitivamente el nuevo gobierno estará vigilado de cerca por una población más despierta, que ha prometido mantener un fuerte escrutinio de las acciones que tomen los gobernantes y alertas de cualquier intento de corrupción o malversación.

 

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