En vísperas de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), voceros de las comunidades de El Cairo y Milano de Siquirres –provincia de Limón− expusieron este viernes 20 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, su hastío por no tener un acueducto con agua potable desde hace más de ocho años.
Debido a la contaminación por agroquímicos producida por cultivos de piña en la región, dichas poblaciones deben beber agua que se reparte en camiones cisternas, con un costo acumulado cercano a los ¢500 millones, según informó en la audiencia Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Representantes nacionales del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), de las comunidades caribeñas afectadas y del Estado costarricense, externaron sus puntos de vista durante un hora y doce minutos en la sede del CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El embajador costarricense ante la OEA, Pablo Barahona, y la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, lamentaron que el caso de estas comunidades se llevara hasta esa instancia en Washington y afirmaron que hay voluntad del Estado y de otras entidades vinculadas con la mencionada problemática, para discutirlo en el país.
Mientras tanto, Soledad Castro, de CEDARENA y en representación de las peticionarias, criticó que “sin adecuada planificación y ante una fuerte amenaza de contaminación, se ha presentado un fuerte aumento de conflictos por el acceso al agua” en la región.
Por su parte, Erlinda Quesada, de las comunidades afectadas, lamentó que se han sentido desprotegidos por el Estado, ya que por más de 12 años no han solucionado los problemas que sufren por la contaminación de las fuentes de agua, ni el abastecimiento con líquido potable.
Xinia Briceño, dirigente de Milano de Siquirres, relató el caso de niños que se enferman con vómitos y problemas gastrointestinales, por no contar con adecuado abastecimiento de agua potable.
A las críticas de los vecinos siquirreños, la jerarca de AyA, Astorga, alegó que los problemas de las comunidades de este cantón no pueden generalizarse al país y argumentó que están desarrollando una serie de medidas para solucionarles el problema, sumado a que el Gobierno tiene la mejor disposición para dotarles de acueductos libres de contaminación.
Con base en lo expuesto por las diversas partes en la audiencia de este viernes 20, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiará el caso y presentará recomendaciones al país.
