La Contralora General de al República, Marta Acosta, reveló esta mañana un estudio que señala que tres bancos públicos pagaron como incentivos a la productividad más de ¢99.000 millones entre los años 2006 y 2012.
Se trata del pago de incentivos a la productividad efectuados por el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular.
Acosta calificó los pagos como un abuso debido a los montos pagados, a la ausencia de controles y a que además se tomaron en cuenta las utilidades del banco y también las utilidades las de otras empresas relacionadas a las entidades finacieras, como operadora de pensiones y puestos de bolsa.
Estas entidades financieras públicas pagaron incentivos a sus empleados tomando un porcentaje de sus utilidades netas. Según la Contralora, es un sistema en donde se pagan bonificaciones sin tener un modelo de evaluación de desempeño alineado con los objetivos de cada banco.
La Contralora destacó además que se excedieron los topes máximos previstos para estos incentivos en el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. Esto debido a que además de pagar las bonificaciones, las entidades financieras tomaron dinero de las utilidades netas para cancelar las cargas sociales.
Acosta señaló que el pago de estos incentivos encarece el costo de intermediación financiera (el costo de producción del banco), por lo cual el público sale perjudicado.
Algunas entidades de bien público que por ley deben recibir parte de las utilidades de la banca pública se vieron afectadas al recibir un menor monto en esos años, como por ejemplo el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación, la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costarricense del Seguro Social.
