La ausencia de una ley que regule adecuadamente la educación privada en Costa Rica es una de las causas de la débil fiscalización que realiza el Estado sobre este tipo de centros educativos.
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, desde el año 1992 la Sala Constitucional señaló la urgencia de crear una ley que regule la educación, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones para concretarla.
“El Ministerio de Educación sólo se ha abocado estrictamente a la aplicación de un Reglamento para tal fin, el cual presenta serias debilidades para que esa cartera ejerza eficazmente su labor”, señaló la Defensoría.
Entre los aspectos que según la Defensoría se lesionan los derechos de los estudiantes, es el abordaje de la violencia en algunos de estos centros educativos, la carencia de garantías mínimas de contenido curricular, respeto a los derechos de los estudiantes, procesos de investigación ante denuncias y cobros desproporcionados de mensualidad y matrículas.
La Defensoría insistió en que es urgente facultar a funcionarios públicos para que ejerzan una adecuada fiscalización de estos aspectos en el sector privado, para que se garantice el éxito educativo, permanencia y respeto a los derechos humanos de los niños y adolecentes que utilizan estos servicios.
