El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en Costa Rica denunció este jueves que el Departamento Legal de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) habría adelantado criterio en el caso del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, al considerar subjetivos los argumentos del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud que proponían rechazar los permisos.
Así quedó consignado en un recurso de revocatoria a los premisos ambientales presentado hoy ante la SETENA, tras haber analizado el expediente del proyecto para el edificio legislativo.
De acuerdo con el recurso, en entre los folios 581 y 582 del expediente un documento del Fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) con un registro de documentos, eventos y reuniones sobre este proyecto.
Ese documento señala que el 15 de julio del 2014, el Departamento Legal de Setena había pedido el criterio al Ministerio de Cultura para que se pronunciara sobre los aspectos técnicos de este proyecto que fueran de su competencia.
Para el 3 de octubre de este año, se registra una reunión entre el Departamento Legal de SETENA y el Fideicomiso del BCR, en la cual se habría presentado el adelanto de criterio que reclama ICOMOS.
“Se nos comunicó que el Fideicomiso no debía preocuparse sobre los argumentos que podían resultar subjetivos para el rechazo y que Setena se iba a limitar a revisar los asuntos netamente técnicos. Que era necesario dar un poco más de tiempo para completar este análisis dado que la institución estaba muy ocupada atendiendo el asunto de APM Termináis”, dice el documento citado por ICOMOS en la denuncia.
“ No está de más decir que el reiterado criterio, expresado públicamente por el Fideicomiso del BCR, con respecto a la afectación del paisaje y la negación del permiso por parte del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud es que este es un argumento «SUBJETIVO».”, añade ICOMOS en su recurso.
Para el abogado de ICOMOS, Álvaro Sagot, es claro que SETENA adelantó criterio en esa reunión del 3 de octubre, lo que se refuerza con el hecho de que al otorgar los permisos ambientales el pasado 2 de diciembre, la entidad declaró que no entraba a resolver nada del entorno paisajístico al argumentar que no tenían forma de analizarlo por falta de personal especializado en el tema.
Para Sagot, al decirle al proyectista que “no se preocupara”, SETENA renunció a la aplicación de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, que le obliga a ponderar la afectación en el paisaje (como parte del medio ambiente) y del patrimonio cultural.
“Es vital que se tenga claro que la SETENA ha incurrido en ilegalidades y evasión de responsabilidades constitucionales pues es inédito que diga que al no tener personal capacitado sobre paisaje o patrimonio omite referirse a ese tema”, afirmó el abogado.
Para Sagot, esto sienta un mal precedente, pues en el futuro podría seguir otorgando permisos omitiendo hacer valoraciones en temas fundamentales como el agua, con solo argumentar que en ese momento no tenían el personal capacitado para hacer el análisis.
“La SETENA deja una vez más deja claro que dicta resoluciones contrarias a la protección ambiental al descuidar el tema del paisaje y el patrimonio histórico pues dejó el tema del entorno y la integralidad de varios monumentos por fuera de su análisis, a pesar de ICOMOS y el Ministerio de Cultura habían emitido oposiciones detalladas y técnicas. Este tipo de aspectos son nefastos para un Estado que se supone que protege los diferentes recursos”, añadió Sagot.
En el recurso, ICOMOS solicita que todos los miembros de la Comisión Plenaria de la SETENA que tramitaron el permiso para el edificio legislativo sean recusados, y una vez resuelto este punto, se anule el visto bueno dado al proyecto.
