El Gobierno acordó pagarle a la empresa brasileña OAS $34,9 millones (¢17.500 millones) para dar por finalizado el contrato de concesión que permitiría la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.
El abogado del movimiento social Foros Nacionales, Alvaro Sagot, calificó de irresponsable la acción del Gobierno habiendo de por medio un proceso contencioso administrativo pendiente de resolución judicial.
El monto deberá pagarse antes del 15 de marzo próximo y el dinero saldrá del presupuesto del Consejo Nacional de Concesiones, informó este lunes el ministro de Planificación, Roberto Gallardo.
Con el pago queda despejada la vía para realizar las obras mediante un fideicomiso, dijo. La decisión de rescindir un contrato válido y refrendado por la Contraloría General de la República tiene consecuencias para el país, añadió el miistro.
OAS recibirá $15 millones por los planos de la carretera, 8 millones por terrenos expropiados, $10 millones por seguros y planillas y $1.9 millones por impuestos pagados.
Esa es la conciliación a la que llegó el Gobierno con la empresa, luego que esta reclamó el pago de $46 millones (¢23.000 millones) tras el anuncio que hizo la presidenta Laura Chinchilla en abril pasado -presionada por protestas populares que encabezó el Foro de Occidente- de que por “mutuo acuerdo” con OAS se había decidido cancelar la concesión.
“Me parece irresponsable la actitud del Gobierno”, dijo Álvaro Sagot, quien con otros abogados tiene presentado un proceso contencioso administrativo contra la concesión a OAS, alegando ilegalidades que hacen nulo el contrato.
“Es un pago multimillonario de los costarricenses que va a ser entregado a una empresa sin sustento, porque están de por medio acciones judiciales que tienen que resolverse. Hay por ejemplo permisos ambientales caducos con los que nunca hubiera sido posible que se trasmitiera esa concesión y eso es parte de lo que estaríamos tratando en los procesos judiciales”, manifestó Sagot.
El acuerdo del Gobierno es simplemente un elemento nuevo que se le va agregar a la demanda, pero no varía el fondo del asunto, agregó.
Marisela Zamora, integrante del Foro de Occidente, dijo que es ilegítimo pagar por un contrato que es nulo. “Esa ha sido nuestra posición desde el principio y sigue siéndola, comentó Zamora, quien añadió que el Foro deberá decidir colectivamente las acciones a seguir tras la decisión del Gobierno.
