El monto de la condena queda por definir

La estimación provisional de la demanda presentada por el exdiputado José María Villalta era de ¢263.800 millones por los 12 años de omisión

La estimación provisional de la demanda presentada por el exdiputado José María Villalta era de ¢263.800 millones por los 12 años de omisión del Gobierno, pero el tribunal resolvió que los daños consisten solo en la imposibilidad de obtener los recursos derivados de la fuente de financiamiento, no reglamentada durante los períodos entre el 2008 y 2012. El monto por pagar será establecido en la ejecución de la sentencia.

En su demanda, Villalta pidió condenar al Estado por los daños y perjuicios ocasionados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el atraso durante 12 años en la emisión del reglamento para cobrar el 15% de utilidades de las empresas públicas, obligación creada en la Ley de protección del trabajador aprobada en el 2000, para fortalecer el seguro de Enfermedad, Vejez y Muerte (IVM), régimen de pensiones que administra la CCSS.

El tribunal sentenció que el Estado debe pagar en efectivo las obligaciones con la seguridad social −en su condición de patrono y Estado como tal−, respecto del régimen de seguro de enfermedad y maternidad. En lo que se refiere a las obligaciones relacionadas con el IVM, estableció que las obligaciones del Estado con dicho régimen pueden ser canceladas en títulos valores o similares, siempre que medie previo acuerdo con la CCSS.

El Gobierno anunció que apelará la sentencia en Casación, lo que motivó críticas en redes sociales, por la presunta contradicción con la posición del partido oficial Acción Ciudadana, de defender a la Caja.

La condena se deriva del incumplimiento de los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y Óscar Arias, que omitieron crear el reglamento mencionado y así  cumplir con el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.

Dicha reglamentación fue emitida hasta en el 2012 (12 años después de la aprobación de la ley) por la presidenta Laura Chinchilla, luego de que Villalta denunció dicho incumplimiento y de que el asunto fue ventilado en la comisión de la Asamblea Legislativa que analizó la crisis de la Caja. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, que actúa como abogado del Estado, dictaminó que el cobro no se puede hacer retroactivo, sino que empezaría a correr en el 2013.

Al  2010 la suma no cobrada por este concepto era de ¢359.000 millones, según los estudios de la institución. Pero, según un cálculo del administrador Jorge Herrera, que incluyó un 5% de crecimiento de las utilidades de las empresas públicas para el 2011 y 2012, y una tasa de interés del 5% capitalizable en todos los años que había calculado la Caja, la suma serían unos ¢600.000 millones, “una plata que ya es irrecuperable”.


Proyecto busca rescatar autonomía de la Caja

El Frente Amplio (FA) presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el propósito de eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y con ello la injerencia política del Gobierno en la institución de seguridad social.

El proyecto de ley (expediente 19.135) fue elaborado en conjunto con el Frente por la Seguridad Social, integrado por numerosas organizaciones comunales, sociales y sindicales, y presentado el pasado 22 de mayo en el salón de expresidentes en la Asamblea Legislativa.

Patricia Mora, diputada y presidenta del FA, dijo confiar en que el proyecto pase con éxito el trámite legislativo y recordó que la nueva presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz, ha declarado estar de acuerdo con la eliminación de la presidencia ejecutiva, ya que fue una recomendación de la sociedad civil que ella apoyó en la comisión legislativa sobre la crisis de la Caja.

El documento propone  sustituir al presidente ejecutivo por un gerente general que sería nombrado por la junta directiva de la institución a través de un concurso público. Además se nombrarían tres gerentes en tres divisiones: uno financiero, uno médico y el otro administrativo, sin perjuicio de que la Directiva pueda crear más divisiones en el futuro si fuera necesario.

Mora dijo que el proyecto apunta a eliminar la injerencia excesiva que los gobiernos de turno han ejercido sobre la institución de seguridad social.

Francisco Camacho, también diputado del FA, expresó que “no queremos que la Caja siga siendo manoseada según sean los intereses del Gobierno de turno, sino que sea manejada de forma responsable por una junta directiva debidamente establecida, según sean las prioridades de esta institución”.

Roberto Mora, conocido como el “Cobrador de la Caja” −sus denuncias por Internet contra los patronos morosos han posibilitado que la  CCSS recupere muchos millones de colones−, consideró “formidable”  este proyecto de ley.

“Un pueblo sin salud es un pueblo sin democracia, y entonces tenemos que demostrar como pueblo que la Caja tiene que volver al pueblo y que los políticos dejen de meter sus manos sucias para hacer de las suyas en la institución”, agregó Mora.


La CCSS en cifras*

Presupuesto del 2013: ¢2.535.811.9 millones (¢1.554.145.8 Seguro de Salud; ¢862.733.3 IVM; ¢118.932.8 Régimen no contributivo de pensiones).

Plazas al mes de abril 2014: 44.829 (40% enfermería y servicios de apoyo; 25% profesionales en ciencias médicas; 20% administrativos; 15% servicios generales).

El pago de cesantía y su aumento progresivo hasta arribar a 20  años de tope a partir del 1 de julio de 2016, junto con una fase especial de altas jubilaciones, implicarán erogaciones no menores a los ¢35.000 millones anuales en los siguientes años, hasta un nivel máximo de ¢55.000 millones en el año 2018. Así, los recursos destinados al pago de prestaciones legales se triplicarán en términos absolutos en un periodo de siete años, situación insostenible desde el punto de vista financiero..

*Fuente: Web de la CCSS y acta junta directiva N° 8577 del 3 de mayo 2012.


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