La presidenta Laura Chinchilla advirtió hoy que el estado de la institucionalidad democrática del país «es precupante», tras quejarse de las dificultades de las instituciones para resolver los problemas de la democracia, al tiempo que alertó sobre los alcances del enorme déficit fiscal.
La mandataria hizo los llamados de alerta en su segundo informe de labores al país, presentado este 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa.
«Muchos costarricenses muestran escepticismo o se sienten frustrados con el estado de la nación. En particular, con el funcionamiento de nuestra democracia. No es la existencia de uno u otro problema lo que molesta a los ciudadanos, sino la dificultad de las instituciones para resolverlos», alertó la gobernante.
La presidenta, que el 8 de mayo cumple los primeros dos de sus cuatro años de gobierno, dijo que hay instituciones del sistema que tienen dificultades para responder a los reclamos de la ciudadanía.
«Admitámolo con sinceridad: nuestro estado no está respondiendo con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas. Ante esto, la ciudadanía opta por alejarse de nuestros llamados;se aparta de la vida pública y hasta llega a dudar de la democracia y de las intenciones de sus representantes», dijo.
Chinchilla advirtió que las instituciones públicas «tienen cada vez más problemas para cumplir con sus mandatos y tomar decisiones que nuestro pueblo demanda. Hoy, la responsabilidad de impulsar y tramitar leyes la comparten los tres Poderes del Estado, en procesos que se vuelven confusos e interminables, y en donde el veto de las minorías termina por imponerse a la voluntad de las mayorías democráticamente electas».
«El necesario balance de poderes hemos terminado convirtièndolo en un juego en el que, al final, nadie gana; como consecuencia, todos perdemos, esto no es sostenible», dijo la mandataria.
A esto, agregó que algunos grupos «se sienten con derecho a sustituir la autoridad o a arrogarse su representatividad, con absoluto desdén por la democracia. Algunos intereses gremiales y corporativos buscan apoderarse de la agenda pública en detrimiento del interés general, y acuden alegremente a las medidas de hecho para sustituir los mecanismos de nuestro Estado de Derecho».
La mandataria no ha escondido su enojo por el entrabamiento de iniciativas suyas en la Asabmlea Legislativa y su disgusto incluso, con la sala constitucional, que recientemente declaró ilegal la aprobación de un plan de reforma fiscal, que había sido uno de los principales caballos de batalla de la mandataria en su segundo año de gobierno.
La presidenta dijo que el déficit fiscal de Costa Rica, que calificó como el más grande de América Latina, «atenta» contra el sistema social solidario existente en este país centroamericano.
Tras insistir que el Estado precisa de recursos frescos para el desarrollo de los proyectos y programas, advirtió que Costa Rica es el país de Centroamérica con la más baja carga tributaria.
«Esto, en vez de preocuparnos, es de avergonzar», puntualizó Chinchilla.
