El ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), volverá a los estrados judiciales luego de que los magistrados de la Sala Tercera dispusieran que la llamada «prueba panameña», un conjunto de documentos bancarios obtenidos con las autoridades financieras ese país, es válida y debe ser valorada por el Tribunal.
En abril del 2011 el Tribunal Penal de Hacienda condenó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez como instigador responsable del delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio.
Además fueron condenados el abogado Adrián Quirós Carmona, vinculado al Servicios Notariales QC, por tres delitos de penalidad del corruptor por corrupción agravada en modalidad de cohecho impropio y el ex gerente general de Alcatel en Costa Rica, Edgar Valverde Acosta, por cuatro delitos de penalidad del corruptor por corrupción agravada en modalidad de cohecho impropio.
En esa ocasión también fueron condenados los ex directivos del ICE, Joaquín Fernández Alfaro y Guido Sibaja, así como Eduardo Fonseca García y el ex presidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas.
Todos los condenados habían sido acusados por recibir dádivas para que se adjudicara a la firma Alcatel una licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por 400.000 líneas celulares.
Esa sentencia fue anulada en diciembre del 2012 por un tribunal que alegó prescripción de la acción penal y señaló la invalidez de la prueba panameña.
Los magistrados de la Sala Tercera, resolvieron hoy mediante sentencia 2014-1847 que la prescripción de la acción penal no operó y que el Tribunal debe ahora valorar la prueba 588 para confirmar o anular la sentencia condenatoria que recibieron el ex presidente Rodríguez y los imputados en abril del 2011.
El abogado del ex mandatario, Cristián Arguedas señaló ayer que se debe esperar a leer la resolución completa de la Sala Tercera, pues lo que se tiene hasta ahora es muy escueto, sin embargo el defensor valoró que a su juicio lo resuelto no afectará la situación jurídica del ex presidente.
«En el tema de la prescripción, si bien era importante para la defensa, lo cierto es que don Miguel Ángel Rodríguez no fue absuelta por prescripción sino que fue absuelto por el fondo cuando se declaró la invalidez del testimonio de José Antonio Lobo, que era prácticamente la única prueba directa que tenía la fiscalía en contra de don Miguel Ángel, de modo que para nosotros era importante pero no trascendental», razonó el abogado.
Arguedas también minimizó el efecto que pueda tener en su caso la prueba panameña, «esa prueba trata exclusivamente de la cuenta bancaria de Marchwood Holdings, que era una sociedad de Walter Reiche y que se le imputaba a Eliseo Vargas, esa cuenta no tiene relación en lo más mínimo con don Miguel Ángel Rodríguez, la invalidez de esa prueba era importante para la defensa porque es la que originó todo el caso ICE-Alcatel, si esa prueba se venía abajo todo el caso se venía abajo, pero para nuestro caso no suma ni resta».
El defensor destacó además que en su resolución la Sala Tercera mantuvo la absolutoria del ex mandatario en el conocido «Caso Taiwan», relacionado a giros provenientes del gobierno asiático que habrían ingresado a una cuenta de la firma Inversiones Denisse en Panamá.
La prueba 588
La prueba panameña es una asistencia judicial que las autoridades judiciales del vecino país entregaron a Costa Rica con 420 folios, donde se detallan los movimientos financieros Marchwood Holdings una firma que entonces presidía el vicepresidente de Corporación Fischel Walter Reiche y que recibió dinero desde una cuenta que el bufete Servicios Notariales Q C tenía en Bahamas.
Servicios Notariales QC es una firma que recibió dinero proveniente de la telefónica francesa Alcatel CIT y los depositó en cuentas bancarias relacionadas a políticos y funcionarios públicos de Costa Rica.
Según la acusación, parte de ese dinero habría llegado a cuentas ligadas al ex presidente Rodríguez y otra parte se habría utilizado para girar cheques a nombre de su esposa Lorena Clare y para pagar una de sus tarjetas de crédito en el banco BICSA.
La resolución de la Sala Tercera obliga al Tribunal ahora a valorar esos documentos y además otras pruebas en contra de los imputados como la prueba 543, 544, y 545 que había sido aportadas por el Ministerio Público.
Tras valorar todas estas evidencia aportadas por el Ministerio Público el Tribunal podrá confirmar la sentencia condenatoria que se dio en 2011 u ordenar la celebración de un nuevo juicio oral.
