El economista Fernando Naranjo, quien hasta esta tarde se desempeñó como gerente del Banco Nacional (BN) de Costa Rica, renunció a su puesto, según informó la oficina de prensa de la institución bancaria.
El economista hizo efectiva su renuncia en la reunión de la Junta Directiva del Banco, celebrada la tarde de este lunes.
La renuncia de Naranjo se produce menos de ocho horas después de que la Contraloría General de la República revelara que tres entidades financieras estatales (entre ellas el Banco Nacional) habían abusado del sistema de bonificaciones e incentivos sobre los dividendos del banco.
Naranjo señaló que renunciaba para emprender nuevos retos profesionales y regresar a sus labores en Consultores Económicos Financieros (CEFSA), firma a la que estuvo vinculado en su trayectoria previa a su ingreso al Banco Nacional.
«Los resultados obtenidos por el Banco en el año 2014 son excelentes y he considerado que es el momento oportuno para asumir nuevos retos profesionales y personales”, señaló Naranjo.
La Contralora General de al República, Marta Acosta, reveló esta mañana un estudio que señala que estos tres bancos públicos pagaron como incentivos a la productividad más de ¢99.000 millones entre los años 2006 y 2012. Además, lo hicieron sin tener un modelo de evaluación de desempeño alineado con los objetivos de cada banco.
Según el comunicado de prensa difundido por el Banco Nacional, «esta decisión la ha tomado el Sr. Gerente desde hace semanas atrás y no tiene ninguna relación con la divulgación que hizo hoy la Contraloría sobre un estudio de modelos de evaluación del desempeño en bancos del Estado».
El economista asumió el puesto en abril de 2010, luego de que William Hayden dejara el puesto en 2009.
Naranjo fue ministro de Hacienda en la primera administración de Óscar Arias (1986-1990) y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), ambos presidentes electos por el Partido Liberación Nacional.
El ahora ex gerente tenía un salario bruto de cerca de ¢16 millones mensuales (y ¢10 millones mensuales netos que en ciertos meses llega a ¢14 millones), un monto que ha recibido críticas desde diferentes agrupaciones políticas.
