Agentes del Ministerio Público allanaron las oficinas centrales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ubicadas en Barrio Amón, en un operativo en conjunto con oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La información la confirmó durante la mañana del miércoles la oficina de prensa de la Fiscalía.
La intervención se realizó como parte de una investigación que realiza el Ministerio Público para determinar un posible tráfico de influencias en varios proyectos de interés social, donde al menos cuatro personas denunciaron ser excluidas del beneficio. De acuerdo con la denuncia planteada por estas personas, en su lugar se habrían colocado familiares de personas relacionadas con las instituciones.
Los proyectos habitacionales son Villa Paola y Radial 2, en Guararí de Heredia. El Banco Hipotecario de Vivienda financió ambos proyectos mediante el programa de erradicacion de precarios, por lo que también esta institución fue intervenida.
Al momento de presentarse los agentes en las oficinas del INVU, la presidenta de la Institución, Sonia Montero, se encontraba realizando un recorrido por proyectos de la institución en Alajuelita, pero regresó a las oficinas para comunicarse con los inspectores de la Fiscalía y el OIJ, según confirmó la vocera del Instituto.
La presidenta Montero tiene previsto presentar hoy las acciones que el Instituto ha desarrollado para afrontar la problemática del sector vivienda en el país, en una conferencia en conjunto con el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol. Ahí aportará más detalles sobre el allanamiento.
En las últimas semanas, la Contraloría General de la República señaló en un informe publicado el lunes 18 de agosto que grupos de personas físicas y jurídicas relacionadas a agentes acumulaban una gran cantidad de las cuentas de ahorro de la institución. Uno de estos grupos acumulaba 11% de los planes del sistema.
Por su parte, UNIVERSIDAD publicó en su edición de esta semana que entre 2010 y 2012 el INVU utilizó ₡6.000 millones que tomó de su Sistema de Ahorro y Préstamo para pagar gastos burocráticos asociados a este sistema.
Tras conocer los detalles del informe, la presidenta Montero optó por enviar sus contenidos al Ministerio Público, para que este determinara si había alguna acción penal. Así lo anunció en una conferencia de prensa el pasado jueves, en las propias oficinas centrales del INVU que hoy allana el OIJ.
Nota: esta información fue actualizada durante el transcurso del miércoles 27 de agosto.
