El Gobierno entregó hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, con el cual pretende recaudar ¢500.000 millones adicionales (2.5% del Producto Interno Bruto).
El documento bajo el expediente 17.959, fue entregado este lunes por el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, y el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, durante el regreso a labores de los diputados.
Herrero explicó que la propuesta procura no afectar los bienes y servicios que consumen las personas de menos ingresos, y recarga el 60% de los nuevos impuestos sobre el 20% más rico del país.
El proyecto pretende gravar a todos los servicios con un impuesto de ventas, el cual aumentará de un 13% a un 14%, con algunas excepciones como es el caso de los servicios de salud privada.
Los servicios de educación privada pagarán un impuesto del 10% en el caso de universidades con carreras acreditadas, y un 14% en los centros con carreras sin acreditar.
En el caso de escuelas y colegios privados, estarán exentos del impuesto aquellos que cobren mensualidades menores a los ¢110.000. La educación pública en todos los niveles no tiene ningún tipo de gravamen.
Herrero indicó que se realizará una “canasta básica diferenciada” con los productos que consumen las personas más pobres, pues actualmente hay muchos artículos que pueden considerarse “de lujo” que no pagan ningún tipo de tributo.
También se cobrará a los profesionales liberales un impuesto sobre la renta similar al que pagan las empresas pequeñas, según sea su volumen de ingresos. El impuesto a las grandes empresas no tendría variaciones.
Otros servicios que quedarán exentos serán los de transporte público (taxis y autobuses), mientras que el impuesto a la propiedad de vehículos se incrementará de manera generalizada en un 10%.
Los alquileres, y el consumo de electricidad y agua, tendrán un umbral a partir del cual serán gravados. En el caso de los impuestos sobre los salarios, estos mantendrán invariables las tasas actuales.
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, afirmó que la situación fiscal del país es “grave”, por lo cual es necesario implementar una solución cuanto antes.El año anterior las finanzas del gobierno cerraron con un déficit equivalente al 5.5% del PIB.
