El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica recibió hoy a los delegados de siete países, para la primera reunión de implementación del “Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el Área del Caribe”.
Este acuerdo está vigente para Belice, Estados Unidos, Francia, Guatemala, República Dominicana, Holanda y Costa Rica; también fueron invitados representantes de Panamá, Honduras, Colombia, Nicaragua y Gran Bretaña, que aún tienen pendiente su ratificación.
De acuerdo con la Cancillería, este es el primer instrumento multilateral para el combate del narcotráfico que se desarrolla en América Latina y el Caribe.
El ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, destacó que este tipo de esfuerzos permiten combinar recursos para hacer frente a los narcotraficantes, y adelantó que Costa Rica impulsará la creación de un convenio similar para combatirlos en el Océano Pacífico.
Chantal Haage, representante de Francia, ofreció detalles de la primera operación de la fragata de vigilancia francesa “Ventôse”, que permitió la captura de una lancha y de cinco personas que trasportaban tres toneladas de cocaína, frente a aguas costarricenses.
El canciller de Belice, Wilfred Peter Elrington, se refirió a la importancia de la educación y la creación de empleo, como factores que pueden prevenir la expansión del narcotráfico y de sus actividades criminales.
La reunión tuvo como punto llamativo la presencia de una delegación nicaragüense, la primera desde que inició el conflicto con Costa Rica por la fronteriza isla Calero, en octubre del año anterior.
El representante de Nicaragua, César Vega, dijo que Nicaragua acoge con beneplácito la convocatoria de Costa Rica, y aseguró estar “dispuesto a luchar junto contra la escoria del narcotráfico”.
“Nicaragua siempre va a estar dispuesta a ir unidos, tomados de la mano para acabar con el narcotráfico”, agregó el nicaragüense.
El acuerdo, conocido también como “Convenio de San José”, se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 1982.
