La vicepresidente Ana Helena Chacón agradeció a los representantes de redes de cuido, que se presentaron el 28 de agosto en la Casa Presidencial a entregar su informe de labor. (Foto: Katya Alvarado)
Debilidades y riesgos en el control del uso eficiente de los recursos y en el funcionamiento de los comités comunitarios encargados de las redes de cuido de la persona adulta mayor encontró la auditoría interna del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en estudios hechos en el 2012 y 2013.
Varios informes de la auditoría −sobre el programa de las redes de cuido del adulto mayor, creado en el 2011 por el Gobierno de Laura Chinchilla− documentaron casos de entrega de recursos a comités que aún no estaban constituidos o no habían cumplido los requisitos, y subsidios de alimentos a personas de clase media que no necesitaban, entre otras deficiencias.
Por ello, la auditoría recomendó a las autoridades del Conapam (Consejo rector y la directora ejecutiva, Emiliana Rivera) introducir correctivos. Algunas recomendaciones se cumplieron, pero otras no, dijo el auditor, Arturo Brenes, quien prepara un informe de seguimiento a esas recomendaciones.
Actualmente el programa de Red de Cuido de la Persona Adulta Mayor cuenta con 49 comités comunitarios y 9 comités de apoyo; suma 10.372 personas beneficiarias y cuenta con ¢6775 millones de presupuesto, según datos del Conapam.
Tal número de beneficiarios corresponden al 11,3% de las 92.000 en condición de pobreza en el país (con ingresos inferiores a ¢96.000), o el 2,3% del total de la población adulta mayor del país, formada por 457.000 personas con edad de 65 años o más (ver recuadro).
Al Conapam, adscrito a la Presidencia de la República, le corresponde supervisar, fiscalizar y verificar la correcta utilización de los recursos económicos asignados a las personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema, y la calidad de los servicios prestados.
La abogada Zulema Villalta, nueva presidenta del Conapam, admitió que la entidad no tiene el personal necesario (cuenta con 39 funcionarios en total), oficinas adecuadas, ni los recursos para gastos administrativos suficientes (¢814 millones anuales) para cumplir con los fines y objetivos planteados en la red de cuido.
No obstante, dijo, desde que asumió el cargo en mayo pasado le solicitó al personal mayor sacrificio, para sacar adelante la tarea con los recursos que hay, y con la ayuda de unas 3000 personas voluntarias que trabajan en las redes de cuido, a las que −sin ganar “ni un cinco”− se les exige mucho en materia de requisitos, labores administrativas e informes para cumplir con la normativa y una serie de leyes en las que deben enmarcar la labor.
Esta normativa habría que reformarla y sensibilizarla, para que no constituya una camisa de fuerza que imposibilita a menudo resolver las necesidades concretas de las personas adultas mayores que esperan ayuda, considera Villalta (ver recuadro).
Al referirse a la limitación de recurso humano, el auditor Brenes detalló que solo hay 4 funcionarios para fiscalizar todas las redes de cuido, y 3 son los enlaces de Conapam con estas, aparte de otras labores que desempeñan.
En su criterio, subsisten todavía algunas debilidades en el empleo de los recursos, señaladas en los informes de la auditoría desde el 2012.
Se ha observado –agregó- que en gran medida la ayuda provista consiste en la entrega de alimentos (más del 50% de los subsidios) y hay gente que la recibe sin necesitarla.
Un informe de la auditoría del 2013 advirtió del riesgo del trabajo con las municipalidades que se han hecho cargo de redes de cuido, pues utilizan los recursos más para alimentación y, presuntamente, para politiquería de alcaldes y otros funcionarios.
Otro aspecto anotado es que las municipalidades tienen mucha burocracia y cuando reciben los recursos de la red de cuido en el primer semestre del año, tienen que ir a presupuesto extraordinario y cumplir con las normas de la Contraloría General de la República, por lo que utilizan los recursos hasta en el segundo semestre, con lo que se perjudica a los adultos mayores, que no reciben la ayuda oportunamente.
También se ha encontrado debilidades en la conformación de algunos comités comunitarios de la red de cuido, porque después de ser formados los miembros se desinteresan o retiran.
Por otro lado, si bien los comités deben cumplir con procedimientos establecidos, es un riesgo que la selección de los beneficiarios quede a su discreción, comentó Brenes.
La falta de locales adecuados para el funcionamiento de los comités es otro aspecto señalado por la auditoría, que en una de sus visitas comprobó cómo los alimentos para repartir estaban guardados en servicios sanitarios, junto al inodoro.
Entre las recomendaciones pendientes de cumplir, citó la devolución de ¢60 millones por parte del Hogar María (encargado de la red de cuido en Santo Domingo y en Guararí, Heredia), pues empleó esos recursos en la construcción de casas nuevas y el convenio no establecía eso.
Según la directora ejecutiva del Conapam, en el caso lo que hay es una discrepancia en la interpretación de lo que dice el convenio y el asunto lo va a resolver un órgano director externo (procedimiento administrativo), que determinará lo que proceda.
Rivera dijo que tienen funcionarios del Conapam constantemente visitando y verificando que se dé la integración de los comités, porque el convenio establece que deben estar por lo menos los miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Instituto Mixto de Ayuda Social.
“Ponemos mucho énfasis en esto, porque la idea es articular las acciones a nivel comunitario. Nos ha costado tiempo, pero puedo asegurar que la mayoría de nuestras redes de cuido están integradas así”, añadió.
Es importante –enfatizó− que las diferentes instituciones y las organizaciones sociales se pongan de acuerdo para repartirse la atención al adulto mayor, ya que de lo contrario solos no van a poder.
A su parecer, si el Estado tuviera que pagar los salarios, viáticos y las horas extras que aportan de manera voluntaria los integrantes de los comités, no habría dinero en el país para pagarles. “Obviamente tiene que haber un acompañamiento de nosotros, porque los recursos son públicos y necesitamos que se utilicen de la mejor manera y que realmente lleguen a las personas que los necesitan”, aclaró Rivera.
CUENTAS
Las organizaciones que constituyen la Red de Cuido de las Personas Adultas Mayores presentaron, el pasado 28 de agosto, la rendición de cuentas sobre la labora realizada, ante la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y la Junta Rectora del Conapam.
El encuentro tuvo lugar en la Casa Presidencial, convocado por la vicepresidenta Chacón y coordinadora del Sector Social del Gobierno, para conocer de primera mano los resultados de su gestión, visualizar los retos actuales y tener un informe de cada comité, tanto en cuanto a la calidad del servicio prestado, como del manejo de los dineros asignados.
Chacón agradeció a los voluntarios, “que han decidido no sentarse a esperar a que el flagelo de la pobreza golpee a las personas adultas mayores” y trabajan para atender sus necesidades, una tarea que no la puede resolver exclusivamente un gobierno, si no es con apoyo de las manos solidarias.
Lamentó que se deje a los adultos mayores en abandono, justo cuando la persona tiene más limitaciones en la vida, e instó a construir el país “que estas personas merecen”.
“Hay que generar nuevos tejidos sociales para comprender que nadie debe estar abandonado, que la institucionalidad (refugios de ancianos) es enajenante, y tenemos que brindarles la posibilidad de que permanezcan dentro del núcleo familiar”, exhortó Chacón.
Actualmente administran los recursos proporcionados por este programa: 30 asociaciones que tienen a su cargo hogares de ancianos, 8 asociaciones responsables de Centros Diurnos y 10 municipalidades que participan en el programa (San Pablo de Heredia, Santa Ana, Orotina, Talamanca, Cartago, San Mateo, Puntarenas, Matina, Tibás y Turrubares).
