Tras una consulta de un grupo de diputados, la Sala Constitucional encontró vicios sustanciales en el procedimiento legislativo empleado para aprobar el Presupuesto Extraordinario de la República para el año 2015, que fue aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado.
Sin embargo, la Sala aclaró mediante un comunicado que su decisión no afecta el resultado ni la validez jurídica de la aprobación del presupuesto, puesto que se trató tan solo de una consulta de parte de un grupo de legisladores y una acción de inconstitucionalidad.
Los magistrados encontraron problemas especialmente en dos resoluciones (0004-2014 y 0005-2014), ambas de la Presidencia de la Aasamblea.
«Contienen vicios en el orden y la secuencia del debate legislativo que lesionan el principio democrático y los derechos que de él se derivan a favor de los diputados, lo que están plenamente recogidos y garantizados en el ordenamiento jurídico parlamentario», reza el comunicado de la Sala Constitucional.
El magistrado Fernando Cruz salvó el voto y declaró que los vicios habían sido subsanados.
«La Sala advierte que no puede declarar la nulidad de la Ley de Presupuesto en una Consulta Facultativa, por tratarse de una Ley vigente y carece de competencia para hacerlo en la consulta», aclara el comunicado de la Sala.
Mario Redondo, legislador del Partido Demócrata Cristiana y uno de los 14 congresistas que firmaron la consulta, declaró estar sorprendido porque la Sala Constitucional no declarara el Presupuesto inválido, a pesar de haber determinaro que tenía vicios.
«Quizás les dio miedo a los magistrados pronunciarse en la decisión final», teorizó el legislador, aunque destacó que la magistrada Nancy Hernández sí recomendó declarar nulo el proceso.
«Nos parece positivo que se reafirme las denuncias que realizáramos en el sentido de que el Presidente de la Asamblea que incurrió en varios vicios de procedimiento con la tramitación del Presupuesto. Se violentaron derechos de los diputados», aseguró Redondo.
El diputado no descartó presentar una acción de inconstitucionalidad, el procedimiento por el cual la Sala Constitucioanl podría declarar nula la aprobación del presupuesto.
