El proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresa el compromiso de una universidad pública y humanista con los derechos humanos.
Inscrito en la Escuela de Estudios Generales y adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, el EDNA forma parte, a su vez, de la cartera de proyectos del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena), esfuerzo institucional que este año cumple diez años.
Su objetivo central es la coordinación académica de la elaboración y la divulgación de un informe sobre el curso del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
Asimismo, desde esta iniciativa se desarrollan acciones puntuales de investigación y acción social sobre aspectos importantes para los cuales no se cuenta con suficiente información, con el fin de complementar la realidad del país en relación con temáticas de dicho grupo de población.El Informe Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia se ha desarrollado desde el año 2000 (siete ediciones), de forma concertada con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
A esta tarea se suman el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las organizaciones de la sociedad civil representadas en este y el Patronato Nacional de la Infancia, así como la Defensoría de los Habitantes como observadora del proceso. Un equipo interdisciplinario de investigadoras e investigadores de distintas unidades académicas de la UCR robustecen esta acción.
ÚLTIMO INFORME
El VII EDNA, publicado el 17 de noviembre de 2011, se enmarca en los seis ejes de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNNA 2009-2021) y analiza, de forma interdisciplinaria, temas estratégicos acotados, a la vez, por el enfoque de derechos y los Objetivos de desarrollo del milenio.
El documento está compuesto por seis capítulos y un anexo estadístico elaborado por el proyecto Sistema de Información Estadística en Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
El primer capítulo está dedicado a la institucionalidad democrática y en este se analizan las políticas nacionales para la niñez y la adolescencia en Costa Rica; los informes internacionales, en particular el Cuarto Informe País presentado al Comité de los Derechos del Niño; el estado de avance en la ejecución de los Subsistemas Locales de Protección y el rol determinante de los gobiernos locales en su implementación. Finalmente, la propuesta de creación del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y la PNNA se abordan como proyectos de interés institucional.
En el segundo capítulo, titulado “Persona, familia y comunidad”, se evalúan los alcances en el cumplimiento de los derechos vinculados al desarrollo psicosocial temprano.
Este análisis se realiza a partir de dos temas: primero, los patrones de crianza dentro del hogar y su relación con el castigo físico −tema poco investigado en el nivel nacional− y, segundo, el cuido y desarrollo infantil fuera del hogar, los recursos y las condiciones existentes para proveer de cuido y desarrollo infantil de calidad a aquellos niños y niñas que lo requieren, tanto por razones de carácter laboral y económico de sus familias, como por la estimulación, socialización y promoción del propio desarrollo a que tienen derecho.
El capítulo tercero sobre salud integral, analiza el tema de las drogas dentro de un marco conceptual sobre la salud integral de las personas adolescentes. Esta problemática se aborda en función de tres aspectos: la prevención del consumo, el tratamiento de las drogodependencias y la prevención del delito. Además, se puntualiza en la drogodependencia como un problema de salud pública y enfermedad crónica y se hace una revisión crítica de las acciones y de la oferta institucional, pública y privada.
EDUCACIÓN, CULTURA Y PROTECCIÓN ESPECIAL
El cuarto capítulo trata sobre la educación desde una perspectiva conceptual desarrollada por la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, con el aporte del Comité de los Derechos del Niño.
En ese sentido, se resaltan las obligaciones estatales en torno a la realización del derecho humano a la educación en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, obligaciones consagradas en la Constitución Política y a las que los gobiernos deben responder con altísima prioridad.
El capítulo quinto se refiere a la cultura, juego y recreación y en este se aborda este derecho como uno de los pilares centrales del paradigma de la protección integral y como factor de desarrollo no prescindible ante la “urgencia” de otros derechos y necesidades, pues amplía las capacidades personales, comunitarias y sociales de la niñez y la adolescencia.
Con particular interés por los entornos seguros, enfatiza la necesidad imperiosa de que la institucionalidad, los gobiernos locales y la comunidad adopten estrategias que utilicen y tengan en cuenta el derecho a la cultura.
Finalmente, el capítulo sexto acerca de la protección especial, expone la situación en cuanto al cumplimiento de los derechos de la población adolescente, la cual se encuentra en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil.
Al mismo tiempo, examina la política pública y el marco jurídico institucional en materia penal juvenil, a partir de una comprensión del problema de la delincuencia juvenil que considera las complejas causas sociales, económicas y políticas implicadas y aspectos de tipo psicológico correspondientes a un grupo etario con características particulares propias de la población adolescente.
El VII Informe EDNA puede localizarse en su versión completa en los siguientes sitios web:
