El verdadero impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos y la exclusión de las comunidades rurales e indígenas de los planes impulsados por el Estado y generadores privados generaron un intenso debate en el Foro Institucional 2014, organizado por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, del 16 al 21 de mayo, que reunió a sectores gubernamentales, privados, académicos y ambientalistas.
Una de las discusiones más intensas se dio entre el catedrático de la Escuela de Biología, Jorge Lobo Segura, y el director de Planeamiento Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE,) Roberto Jiménez Gómez. El debate radicó en el desconocimiento del impacto de los proyectos hidroeléctricos, aunque hay evidencias de los cambios en los cauces de los ríos donde se construyeron esas obras de ingeniería, aseguró Lobo.Algunas de las conclusiones del foro son que el país no ha dado una profunda discusión acerca de cuáles fuentes alternativas de energía deben explorarse, cómo diseñar una nueva matriz energética para las siguientes décadas, definir mecanismos de inclusión de las comunidades e investigar sobre los impactos ambientales de la actual política de desarrollo del sector.
El foro se desarrolló en cuatro sesiones, 6, 7, 14 y 21 de mayo, en el auditorio del Laboratorio Nacional de Modelos y Materiales Estructurales de la UCR.
DEMANDA CRECIENTE
Según el Plan Indicativo Regional de Expansión de la Generación, del Consejo de Electrificación de América Central, el crecimiento del consumo regional entre los años 2011 y 2025 oscilará entre el 4,9% y 6%. En el caso costarricense, entre 1990 y 2006 la demanda eléctrica creció un promedio anual de 5,5%, con una baja sensible en los años siguientes, debido a la desaceleración económica mundial, que afectó todos los sectores productivos y comerciales.
Pese a lo anterior, en las distintas mesas redondas del Foro Institucional los expertos advirtieron que el aumento en el ámbito doméstico ha sido constante, principalmente por electrodomésticos ineficientes o nuevas prácticas de consumo, como la compra de aires acondicionados, secadoras de ropa y otros.
Actualmente, el 99,4% del territorio costarricense disfruta de cobertura eléctrica proporcionada por siete empresas de servicio público y 30 empresarios privados. A diciembre del año 2012, el 66% era generado de plantas hidroeléctricas, el 20% por combustibles fósiles, 7% de geotermia, 5% de energía eólica y 2% corresponde a biomasa.
El 13% de la energía eléctrica que provee el ICE a los consumidores proviene de la generación privada, que los analistas del foro indicaron es uno de los factores que encarece las tarifas porque operan con costos mayores por cada kilovatio generado.
SÍ A LA MORATORIA HIDROELÉCTRICA
Lobo externó las mayores críticas al modelo energético nacional. A su criterio, las instituciones rectoras y las operativas se han limitado a satisfacer el crecimiento de la demanda, sin considerar los aspectos negativos. El biólogo aseguró que ese 5% anual de incremento puede resolverse mediante una agresiva estrategia de ahorro energético en todos los sectores, normativa que estimule la importación de equipos industriales y domésticos ecoeficientes.
El biólogo señaló que el país tiene que explorar el uso de fuentes energéticas limpias. Pero, según dijo, el Estado defiende la energía hidroeléctrica por considerarla ambientalmente viable. “Esto no está fundamentado en ninguna evaluación científica”, afirmó.
La posición de Lobo, así como otras similares de grupos ecologistas, fue duramente criticada por Jiménez Gómez, que defendió las prácticas ambientales del ICE durante la construcción de los proyectos hidroeléctricos.
Jiménez considera que de todas las opciones, la hidroeléctrica seguirá siendo la mayor generadora en las próximas décadas y no existen opciones para cambiar radicalmente la matriz energética existente. Entre los beneficios que mencionó Jiménez están que los embalses controlan las inundaciones, generan empleos y dinamizan las economías locales. También, que estos megaproyectos mejoran la infraestructura y los accesos vecinales, crean servicios públicos y en las zonas colindantes se protege y recupera la cobertura boscosa.
“Los impactos de los proyectos hidroeléctricos, particularmente en la historia reciente de nuestro país, deben ser valorados a nivel de cuenca y no por el impacto individual de cada proyecto. Esto es evidente particularmente después de que cambios en la normativa legal de la generación hidroeléctrica estimularon una gran cantidad de proyectos privados”, rebatió el biólogo Jorge Lobo.
La situación ya es crítica en algunas cuencas, como la de San Carlos. En esta operan 14 proyectos públicos y privados. Se vislumbra el inicio de operaciones de otros en la cuencas de los ríos Térraba, Sarapiquí, Reventazón, y en otras más pequeñas en los cantones de Upala y Guatuso
“Se requieren mayores estudios sobre caudal ecológico, impactos acumulativos, monitoreo del funcionamiento de los proyectos, efectos climáticos, hidrológicos y biológicos de los grandes embalses de nuestro país, incluyendo el proyecto Diquís, en la zona sur”, agregó el catedrático.
“Hasta no existir información científica, debemos considerar seriamente la posibilidad de una moratoria de la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en nuestro país”, afirmó Lobo.
PROYECTOS EXCLUYENTES
Otros de los puntos que cuestionaron al Director de Planeamiento Ambiental del ICE es la exclusión de las comunidades y las poblaciones indígenas en los proyectos. La mayor cantidad de hidroeléctricas se ubican en zonas socialmente deprimidas y las áreas de mayor potencial energético están en territorios indígenas y parques nacionales.
Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), dijo que el desarrollo eléctrico no es producto de un modelo nacional discutido, inclusivo y respetuoso de los entornos naturales.
En general, explicó Álvarez, cada nueva construcción es abordada como proyectos aislados y no se vincula a una amplia estrategia. Él hizo un llamado para que la voz de las comunidades sea escuchada desde un inicio y a lo largo de la ejecución de las plantas.
“La exclusión social de los proyectos genera conflictos. Es necesaria la participación ciudadana y considerar que la energía no es un simple elemento de un proceso extractivo”, dijo el economista Henry Mora Jiménez, actual Presidente de la Asamblea Legislativa.
Si bien Jiménez reconoció que “existe desconfianza en las comunidades porque han sido los grandes perdedores en el modelo de desarrollo de los últimos 30 años”, también reprochó la posición de los ambientalistas, de quienes indicó que solo critican pero que no ofrecen propuestas viables para resolver las necesidades energéticas del país a futuro.
La especialista en temas hídricos y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), Yamileth Astorga, concordó al defender el uso prioritario del agua para fines de consumo humano.
Además, Astorga censuró la labor deficiente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Ella alegó que como ente especializado se ha limitado a considerar el impacto de las hidroeléctricas a pocos kilómetros a la redonda. Por ello, se han aprobado proyectos múltiples en las cuencas del norte sin considerar los impactos a nivel nacional y la afectación en el suministro de agua a comunidades que dependen de esos afluentes.
