Para las autoridades de la UCR, aumentar el monto que se cobra por cada crédito a los estudiantes podría tener un efecto de “bola de nieve” y generar una mayor demanda de becas por parte de los estudiantes. (Foto: Katya Alvarado)
El vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, se mostró en desacuerdo con las sugerencias que insinúa la Contraloría General de la República (CGR) en su informe sobre la asignación de becas, al considerar que ese criterio atenta contra el modelo de universidad de este centro de educación superior.
Cabe recordar que el pasado 25 de setiembre, la CGR afirmó que la UCR debía revisar el modelo de financiamiento de su sistema de becas, puesto que desde el 2003 había dejado de ser posible sostenerlo mediante los ingresos por matrícula y ahora depende en gran medida del presupuesto estatal.
Actualmente, las becas de los estudiantes de la UCR se financian en un 60% con el dinero proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y en un 40% por los ingresos de matrícula. Esta relación cada año recarga más al FEES y hace que el pago de los estudiantes no becados represente cada vez menos.
Las autoridades universitarias aclaran que esto se debe a que la inversión en becas y beneficios complementarios ha crecido en los últimos años.
EDUCACIÓN GRATUITA
Si bien la Contraloría cuestiona la manera en que se calculan los créditos (unidad de medida de pago por matrícula), el vicerrector Araya explicó que el hecho de que el crecimiento del costo de estos y el de la inversión en becas sea distinto tiene que ver con el carácter gratuito de la educación.
“La Universidad parte del principio de gratuidad. Realmente, el costo del crédito no representa el costo real que tiene para la Universidad impartir ese crédito”, agregó. Sin embargo, afirmó que existe un mecanismo definido por el Consejo Universitario que determina que el costo crezca cada año según la inflación.
Es precisamente por esto que, en los últimos años, el porcentaje del sistema de becas que el ingreso por matrícula puede cubrir se ha hecho menor. Mientras el costo de los créditos para los estudiantes aumenta aproximadamente en un 5%, el presupuesto para becas se ha incrementado en casi un 80%, según datos de la Vicerrectoría de Administración.
Sin embargo, los jerarcas aseguran que el uso del FEES para financiar becas no es un aspecto para corregir. “Yo no estoy de acuerdo con que (el uso del FEES) sea algo para corregir. Bajo el concepto de autonomía, nosotros tenemos la libertad de decidir la asignación de recursos”, puntualizó Araya.
Además, tanto él como otros jerarcas de la UCR se remiten al artículo 85 de la Constitución Política, que se refiere a la obligación del Estado de financiar la educación pública y el carácter de esta como “instrumento para la movilidad social”.
Ante situaciones como el informe publicado por la CGR y las mociones que se han presentado en la Asamblea Legislativa –las cuales propone disminuciones al FEES–, el rector Henning Jensen ha insistido en comparar estas medidas de recorte y control al presupuesto universitario con la situación de la educación superior en Chile y sus altos costos.
Araya se refirió a las medidas que “insinúa” la Contraloría, y que apuntan a incrementar el cobro por matrícula o reducir los beneficios. En su opinión, la primera medida debe discutirse a lo interno de la Universidad, y la segunda la descarta por completo.
“(Si se sube el costo de matrícula) estaríamos cambiando un modelo de universidad, un modelo de 73 años bajo un principio de gratuidad; en este caso, llegaríamos a un modelo diferente”, reflexionó.
Por otro lado, el aumento del monto que se cobra por cada crédito podría tener otras implicaciones que la UCR debe revisar, ya que podría generar un efecto de “bola de nieve”, en el cual el aumento del costo de ingreso representaría más estudiantes con necesidad de beca y, por ende, el aumento de los recursos necesarios para sostener el sistema de becas.
Dentro de, aproximadamente, un mes se publicarán los resultados de un estudio actuarial, realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, en el que se reflejan las proyecciones sobre la sostenibilidad del sistema de becas y otras ramas del presupuesto institucional.
