Científicos y diputados analizaron biotecnología y transgénicos

La Dra. Marta Valdez afirmó que, hasta el momento, la evidencia científica indica que los efectos adversos de los alimentos transgénicos no son diferentes

La Dra. Marta Valdez afirmó que, hasta el momento, la evidencia científica indica que los efectos adversos de los alimentos transgénicos no son diferentes a los que se presentan con alimentos producidos con métodos tradicionales. (Foto: Manrique Vindas)

Expertos en biotecnología conversaron con los diputados electos a la próxima Asamblea Legislativa para explicarles los beneficios de que el país mantenga su apertura a la aplicación de la biotecnología en la agroindustria.

El conversatorio entre ambos sectores fue organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Academia de Ciencias, el 5 de marzo en el hotel Crowne Plaza.

La biotecnología emplea técnicas que utilizan organismos o sustancias obtenidas de otros organismos, con el fin de crear o modificar un producto para aplicaciones prácticas. Tiene importantes aplicaciones en la industria, la agricultura y la medicina, y se emplea en todo tipo de organismos vivos, desde virus hasta bacterias, animales o plantas.

En agricultura se busca el fitomejoramiento, incrementar la resistencia a plagas, al frío, al calor o a la sequía, así como estabilizar el rendimiento y contenido nutricional de los alimentos.

El objetivo del encuentro fue dar a conocer el punto de vista científico acerca de las aplicaciones de la biotecnología al desarrollo agrícola.

El Dr. Pedro Rocha, coordinador en Biotecnología y Bioseguridad del IICA, dio una explicación de la biotecnología y sus múltiples aplicaciones a la agricultura. “Las plantas genéticamente modificadas son aquellas modificadas en su ADN, mediante la inserción de un gen que no es de ellas y que las diferencia de la original”, detalló.

La Dra. Marta Valdez, investigadora de la UCR, fue enfática en que todos los alimentos deberían ser sometidos a procesos de comprobación de su inocuidad, independientemente de la tecnología con la cual fueron elaborados. En la mayoría de países, sólo se exige ese proceso a los alimentos de cultivos genéticamente modificados y el proceso para que estos productos sean aceptados es muy largo y exigente, acotó.

“Hasta el momento la evidencia científica indica que los efectos adversos no son diferentes a los que se presentan con alimentos producidos con métodos tradicionales” y tampoco hay evidencia de que sean peligrosos, indicó la investigadora.

Además, destacó el potencial que tiene Costa Rica para el desarrollo de la biotecnología, con infraestructura, laboratorios, científicos, capacidad para desarrollar localmente estos cultivos, regulaciones de bioseguridad y una gran capacidad institucional en el campo del conocimiento y manejo de la biodiversidad.

Por su parte, el M.Sc. Giovanny Garro, investigador del TEC, se refirió a la legislación existente en el país para regular los alimentos biotecnológicos y las normas de seguridad que deben superar para salir al mercado.

CRITERIO DE POLÍTICOS

Los diputados del Movimiento Libertario se mostraron a favor de que la biotecnología se utilice para impulsar el desarrollo agrícola nacional. Otto Guevara expresó su interés de que se haga llegar información correcta sobre este tema a los jóvenes colegiales, gobiernos locales y medios de comunicación.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad para invitar a los científicos a algunas audiencias en la próxima legislatura para que “los diputados −que tal vez con poca información pretendían ir en una dirección− puedan corregir su posición”.

Para el diputado electo del mismo partido, José Alberto Alfaro, la realidad del progreso tecnológico no se puede obviar; si hay experimentos y producciones masivas que han ayudado a la economía en otros países, “no podríamos dejar de lado esas experiencias positivas que ya han sido comprobadas. Deberíamos hacerle caso a lo que ustedes han expuesto para que se considere en una eventual ley”, externó.

El diputado electo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró como “extremadamente seria, urgente y necesaria” la presentación que hicieron los especialistas.

Sin embargo, otros diputados del PAC no se mostraron partidarios de los productos transgénicos. Por ejemplo, Javier Cambronero invitó a los científicos a que “revisen la resolución de la Municipalidad de San Ramón, que hace señalamientos técnicos, rigurosos y científicos de por qué oponerse”.

Además, rechazó que su oposición sea una posición retardataria o primitiva. “Estamos de acuerdo con la biotecnología porque son instrumentos útiles sobre los cuales el rigor ético es fundamental. Es una vía de desarrollo que habrá que explorar con el debido acompañamiento exhaustivo desde lo político y la capacidad de reflexión y análisis que tenemos los legisladores y legisladoras”, añadió.

Otro diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo, expuso dudas acerca de los controles establecidos para vigilar la calidad de los alimentos. Piensa que “este es un tema que no se puede agarrar a la ligera. Podemos decir que este tipo de investigaciones pueden darnos aportes importantes para la subsistencia de la humanidad, pero podría darnos −si no lo sabemos controlar− el efecto contrario”.

Una posición similar plantearon diputados del Frente Amplio. La diputada Ligia Fallas se mostró a favor de una moratoria mínima de 30 años, “no he visto ni aquí ni en ningún otro lugar un estudio científico de, por lo menos, 20 ó 30 años donde nos digan que no hay peligro de usar transgénicos agrícolas”.

Por su parte, José Ramírez hizo ver que “al no existir una certeza científica, nos mantendríamos en la posición de impulsar y aprobar el proyecto de ley para decretar la moratoria nacional indefinida de la siembra de plantas genéticamente modificadas”. Por eso, “mantenemos el respaldo a las municipalidades que han declarado su territorio libre de transgénicos”.

Sobre las declaratorias de las municipalidades, Valdez aclaró que el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminó que las municipalidades no son competentes para regular lo concerniente a vegetales transgénicos y organismos modificados.

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