Decano asegura que se ha mantenido comunicación con los estudiantes, y aclarará sus dudas en un conversatorio el próximo 28 de abril.

Los cuestionamientos al decano de la Facultad  de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino, sobre movimientos de profesores, el cierre de algunos Consultorios Jurídicos, el proceso de acreditación y otras decisiones, desembocó en una fuerte protesta el pasado 10 de abril.

Los estudiantes de Derecho señalan a su decano por no brindarles en corto plazo explicaciones sobre cambios en el nombramiento de profesores y establecimiento de requisitos que en su criterio dejarían fuera a varios docentes a partir del próximo semestre.

Chirino alega que se ha realizado la comunicación oficial a los representantes estudiantiles sobre las diversas decisiones, y que responderá más ampliamente las dudas en un conversatorio convocado para el próximo 28 de abril.

DUDAS Y RECLAMOS

En un amplio documento remitido al decano el 8 de abril, acompañado por muchas firmas, los estudiantes de Derecho emplazaron a su decano por una serie de problemas que experimentaron en el inicio de este primer semestre.

La primera queja tiene que ver con la no publicación a tiempo de la lista de profesores de este semestre, la cual se brindó el fin de semana antes de la matrícula; y varios errores en esta lista al no corresponder los profesores con los cursos asignados.

Los estudiantes aseguran que a algunos profesores como Olivier Gassiot y Karla Blanco, se les asignaron cursos que chocaban en horario con otros que estas personas daban desde febrero en una Maestría, y de lo cual aseguran, el Decanato tenía conocimiento.

También reclaman el cambio de algunos profesores a cursos que no son de su área de especialidad, algunos choques entre cursos a los que se les asigna la misma aula en el mismo horario y la comunicación a destiempo a algunos profesores sobre sus nombramientos, que se ha visto reflejado en el desconocimiento que muestran de los programas que van a impartir.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la creación del Área de Gestión de Calidad, sobre el cual los estudiantes afirman no tener claro el fundamento normativo de su creación, así como el cumplimiento de requisitos de su encargada, la profesora Marlen León.

En lo que respecta al programa de Consultorios Jurídicos, en la carta se pregunta por el cierre de algunos centros de atención, así como la falta de personal y materiales en los consultorios que se mantienen operando.

Finalmente solicitan información sobre el proceso de construcción del nuevo edificio para la Facultad de Derecho, y si se han solicitado cambios a los diseños presentados en la administración del anterior decano, Daniel Gadea.

En la petitoria, lo estudiantes daban plazo de un día al decano Chirino para remitirles las respuestas, y al no recibirlas, se convocó el movimiento de protesta que se mantuvo en la Facultad a lo largo del día 10 de abril.

Durante la manifestación, lo estudiantes aseguraron que su decano se ausenta con mucha frecuencia, y aseguran que se han tomado muchas decisiones sin el concurso de los estudiantes, lo que motiva la molestia.

Otro de los motivos de la protesta es una resolución emitida por el decano en la que se establece que los profesores que den clases en la facultad, deben contar con una Licenciatura en Derecho y un posgrado, lo que afectaría el nombramiento de algunos profesores quienes por pertenecer a otras áreas de conocimiento que se relacionan al Derecho, no cumplen con esta norma, y verían afectado su nombramiento a partir del próximo semestre.

Alfredo Chirino:

“Este movimiento responde a agendas que no son de los estudiantes”

Tras el movimiento de protesta que se suscitó en su facultad el pasado 10 de abril, el decano Alfredo Chirino se sacude de los cuestionamientos y asegura que ha mantenido comunicación con los estudiantes sobre todos los asuntos que le han sido planteados.

¿A qué se deben los problemas en el nombramiento de profesores que acusan los estudiantes?

-Tenemos un plantel docente de 208 profesores, realmente el impacto de los cambios a los que los estudiantes hacen referencia se concreta a 17 profesores, lo que es un porcentaje realmente pequeño. Lo que sucedió es que en esos 17 casos hubo temas personales, de trabajo, algunos indicaron imposibilidad por maternidad, uno de ellos murió, y tuvimos también tema con profesores que eran  funcionarios judiciales que no querían arriesgarse a hacer una solicitud de permiso ante el poder judicial debido a la directriz del año pasado de no permitir permisos para profesores en horario superpuesto.

¿Se cambió a profesores para que impartieran cursos que no son de su especialidad?

-Las disposiciones universitarias permiten al decano realizar designaciones con base en las cargas académicas. Los estudiantes están haciendo referencia a dos profesores en concreto: Olivier Gassiot, y Karla Blanco. Los invité a dar cursos relacionados con Derecho Público, pero no en Derecho Constitucional que es el área donde ellos querían dar clases. Al final ambos rechazaron los cursos, porque estaban dando clases en un posgrado que ellos coordinan.

¿Tiene fundamento la creación del Área de Gestión de Calidad?

-Me extraña que lo digan los muchachos puesto que el Área de Gestión de Calidad fue aprobada por la Asamblea de Facultad desde el año 2006, en que se aprobaron una serie de decisiones que eran indispensables para el proceso de acreditación de la Facultad de Derecho. No existe con ese nombre concreto en todas las unidades académicas que la han asumido. Es un área que se encarga de coordinar todas las tareas referidas al proceso de acreditación académica. Lo que hice al iniciar el trabajo en la Facultad fue crear con nombres y apellidos el Área de Gestión de Calidad y asigné a ella a la doctora Marlen León, quien tiene formación académica precisamente en el área de acreditación.

¿Por qué se cerraron algunos centros de Consultorios Jurídicos?

-Cerramos dos que no estaban funcionando bien, uno en Tres Ríos. La apertura de ese consultorio fue totalmente anómala, se abrió dentro de una zona de una actividad de un grupo religioso, sin un convenio firmado por la Rectoría. Sin el aval de la Rectoría, los estudiantes no estarían cubiertos por el seguro, y los eventuales perjuicios o daños no hubieran estado debidamente respaldados. Decidimos trasladarlos a la unidad central y se reunificaron los muchachos y atienden sus casos. El otro se cerró en la Municipalidad de Goicoechea porque no había usuarios.

¿Qué alcance tiene la resolución relacionada con los requisitos para los profesores que aplicaría a partir del próximo semestre?

-Nada de lo que está en esas directrices es un requisito que yo me haya inventado. Son disposiciones reglamentarias, incluso emitidas por la propia Vicerrectoría de Docencia. Dentro de los requisitos está la licenciatura en Derecho, estar matriculado o por realizar el curso de didáctica universitaria y tener un posgrado.

A los profesores del programa de formación en Ciencias Forenses, que por su naturaleza no pueden tener esos requisitos de formación y no son abogados, los requisitos no se les aplican. A los otros profesores en régimen académico que no tienen programa de posgrado, tampoco se les aplicaría la resolución puesto que ya están efectivamente incorporados como docentes en un horario en propiedad.

Sin embargo, a raíz de algunas inquietudes de profesores que no están en régimen académico y no tienen todos esos requisitos, vamos a hacer una aclaración. En los casos de profesores designados no les será aplicada la resolución, será solo en casos de nuevas designaciones.

¿Es la falta de comunicación efectiva y de información la causa de este conflicto?

-Hemos tenido una relación intensa con la representación estudiantil, los temas de acreditación se diligenciaban siempre a la Asociación de Estudiantes, los muchachos han estado ligados a los procesos en el Consejo Asesor, incluso en seguimiento al proceso de construcción del nuevo edificio de la Facultad.

No todos los intereses que se mueven detrás de este movimiento estudiantil están referidos a temas de representación estudiantil o de intereses de los estudiantes de Derecho, sino que responden a otras agendas que hacen que el proceso sea tan virulento. Buena parte de la virulencia del proceso no es porque hayan quedado los estudiantes marginados de los procesos de toma de decisión en la facultad, sino a una agenda vinculada a ciertos profesores.