Universitarios de distintas carreras entregaron a representantes del rector un documento con las razones de su rechazo al préstamo con el Banco Mundial y pidieron a las autoridades explicaciones por su apoyo a dicho empréstito. (Foto cortesía de ¡Ya Basta!)

En un pronunciamiento emitido el 30 de mayo, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó la obligación de informar a una comisión legislativa sobre la ejecución del préstamo otorgado por el Banco Mundial a las universidades estatales.

El Consejo Universitario (CU) solicitó la exclusión del último párrafo del artículo 7 del proyecto de préstamo que al cierre de esta edición (3 de junio) estaba por aprobarse en segundo debate en la Asamblea Legislativa, y que solicita a las universidades integrantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) remitir un informe anual a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa con los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional.

El rector de la UCR, Henning Jensen, desestimó que haya lesión alguna para la autonomía universitaria con la inclusión del artículo 7 en el proyecto, pues afirma que de todas maneras los diputados tienen la potestad de solicitar la información a las universidades, por tratarse de instituciones públicas.

El acuerdo de aprobar el empréstito para el Plan de Mejoramiento Institucional surgió a raíz de las negociaciones del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que se dieron entre el Gobierno y las universidades durante el 2010.

El fondo de $ 200 millones, aprobado en la Asamblea Legislativa en primer debate el 23 de mayo, aportará $ 50 millones a cada una de las cuatro universidades estatales y será utilizado por las instituciones para elevar su admisión de estudiantes, ampliar los cupos en las carreras que lo requieran y reforzar su capacidad científica y tecnológica, al expandir la  infraestructura física, el equipamiento, las becas a profesores y los servicios estudiantiles, incluyendo las residencias.

CONTRA LA AUTONOMÍA

Los consejos universitarios de la UCR y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se han manifestado en contra del artículo 7 y solicitan su eliminación del proyecto, pues lo consideran lesivo de la autonomía universitaria.

La inclusión del artículo fue presentada a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación el 26 de febrero por Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, quien según las actas legislativas, explicó que este articulado había sido consensuado primero en CONARE.

La integrante del Consejo Universitario de la UNED, Marlene Víquez, dijo a UNIVERSIDAD que los rectores nunca informaron sobre la inclusión de este artículo, y fue hasta que ella leyó el proyecto que salió de la comisión, que alertó a sus compañeros de consejo y al consejo de la UCR.

Víquez explicó que incluso la Dirección Jurídica de la UNED emitió su criterio favorable al proyecto, sobre la base de una versión que no incluía el mencionado artículo. Posteriormente, la UNED se pronunció en contra de aprobar el proyecto si no se elimina esta cláusula.

En el caso del Consejo Universitario de la UCR, se emitió un pronunciamiento dando su visto bueno al empréstito desde el pasado 9 de abril, pero no tomaba en cuenta el artículo 7, ya que el primer texto enviado por la Asamblea Legislativa no lo incluía debido a un error material, según explicó Daniel Briceño, miembro del Consejo.

MUY TARDE

El rector de la UNED, Luis Guillermo Carpio, explicó que existió un error en la comunicación que realizó la comisión legislativa, puesto que a algunas instancias se les remitió un texto en el que no se había incluido el artículo 7.

Carpio dijo que en el caso de la UNED, la Dirección Jurídica se basó en el texto que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, en el cual tampoco se dio cuenta del artículo que ahora provoca discordia.

El rector de la UNED asegura que no hubo intención de ocultar la información e indicó que de todas maneras este artículo no es lesivo de la autonomía universitaria, pues los informes que se remitirán a la Asamblea Legislativa son los mismos que se deben hacer públicos cada semestre en los sitios web de las universidades.

Este criterio es compartido por el rector de la UCR, Henning Jensen, quien insistió en que de todas formas la Asamblea Legislativa tiene la potestad de solicitar la información que considere conveniente, pues tiene la función de hacer control político, sin que se trate de una labor fiscalizadora como la que realiza la Contraloría General de la República.

Para Jensen, el pronunciamiento del Consejo Universitario llega “tarde”, ya que el proyecto se aprobó en primer debate, y para eliminar el artículo 7 tendría que volver a la comisión por medio de una moción 154.

“A lo que entendemos del trámite legislativo, eso sería darle un ‘entierro de lujo’ al proyecto, pues sería muy difícil volverlo a llevar al plenario”, afirmó el rector.

CONSEJO MOLESTO

La postura de la Rectoría es fuente de discordia entre este órgano y el Consejo Universitario. La integrante del consejo, Rita Meoño, señala que la posición de la Rectoría fue recibida como ofensiva, pues la petición de exclusión fue apoyada incluso por Henning Jensen en la sesión en que el párrafo fue discutido.

Para Meoño, seguir con el proyecto a pesar de la cláusula sería ponerle un precio de $ 50 millones a la autonomía de la Universidad. “Este párrafo es innecesario porque ya se debe rendir cuentas ante la Contraloría General de la República y si se avanza con el proyecto así como está, puede ser un portillo muy peligroso para la institución”, agregó.

Rafael González, también miembro del Consejo Universitario, destacó que a pesar de remitir un informe anual, el préstamo es una oportunidad que la UCR no puede darse el lujo de perder. Señala que si bien la medida es innecesaria, solo exige a la institución a tener más cuidado con la ejecución del contrato.

A pesar de que el Consejo Universitario recomendó el 28 mayo a los diputados no apoyar el proyecto de no ser que se excluya la solicitud del informe anual, su criterio no es vinculante para el avance del proyecto y ese mismo día, el Legislativo lo aprobó en primer debate.

NO AL PRÉSTAMO

Mientras esta discusión de desarrollaba, un sector de estudiantes de la UCR se ha manifestado en contra del préstamo con el Banco Mundial. Según los universitarios, el empréstito atenta contra la autonomía de instituciones públicas de enseñanza superior.

Deby Calderón, representante de la agrupación universitario ¡Ya Basta!, señaló que en el 2009, un año antes de la negociación del FEES para el quinquenio 2011-1015, el Gobierno y el Banco Mundial redactaron un texto llamado Competitividad de Costa Rica, en el que se plantean las orientaciones políticas que debe seguir el país con respecto a la educación superior.

Para Calderón, en dicho texto, la entidad bancaria cuestionó la autonomía universitaria y la educación al servicio de las necesidades de la sociedad, por lo que contraer el empréstito conlleva implicaciones para el modelo de la educación superior pública que existe en el país.

El 30 de mayo, representantes de cerca de 20 asociaciones de estudiantes de la UCR e integrantes de los movimientos políticos de Convergencia, ¡Ya Basta! y Juventud Revolucionaria marcharon hasta el edificio de la Rectoría para dar a conocer las razones de su rechazo al crédito.

El diputado del partido Frente Amplio, José María Villalta, manifestó publicamente su apoyo a la Ley que aprueba el préstamo con el Banco Mundial. Villalta explicó que en el texto aprobado no hay ninguna referencia al documento del Banco Mundial del año 2009, que en su opinión era “inaceptable”.

“Si el proyecto presentado a la Asamblea no tiene en su articulado norma alguna que comprometa la autonomía o lesione a las universidades públicas, no existe motivo alguno para que nuestra fracción se oponga a la construcción de obras de infraestructura que las propias universidades reclaman como necesarias”, afirmó Villalta.

¿Qué ha pasado con el préstamo del Banco Mundial, proyecto de ley 18700?

2010

Las negociaciones del FEES incluyen la posibilidad de aprobar un préstamo por $ 200 millones con el Banco Mundial para financiar el Plan de Mejoramiento Institucional.

2012

6 de noviembre. El Gobierno de Costa Rica firma el contrato de préstamo con la entidad bancaria y el proyecto es enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

2013

26 de febrero. Rector de la UNED presenta moción para pedir a las universidades de informe de resultados del plan anualmente. El Consejo Universitario (CU) crea una comisión especial para estudiar el proyecto de ley que aprobaría el préstamo.

9 de abril. El Consejo, sin conocer el artículo 7, recomienda a la Asamblea Legislativa aprobar el contrato de empréstito.

16 de abril. Rectoría solicita a CU emitir un nuevo pronunciamiento en el que se incluya la discusión del artículo que no fue enviado por la Asamblea Legislativa en la consulta inicial.

9 de mayo. La Oficina Jurídica de la UCR presenta su dictamen respecto a la cláusula, en el que descarta riesgo para la autonomía universitaria.

23 de mayo. Asamblea Legislativa aprueba en primer debate por unanimidad el proyecto de ley 18700.

28 de mayo. Consejo emite un nuevo criterio respecto al contrato en el que se pide excluir el último párrafo del artículo 7.