La falta de legislación hace a Costa Rica un paraíso para la investigación en seres humanos
Cual si fuera un centro de atracciones Costa Rica se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los destinos predilectos de las compañías médicas y farmacéuticas transnacionales para el desarrollo de experimentos y ensayos clínicos con seres humanos a fin de probar los productos que probablemente venderán en el mercado mundial.
La ausencia de una ley que regule dichos actos, la infraestructura del país un sistema de seguridad social (hospitales-laboratorios) y la calidad de los profesionales costarricenses, son los atractivos del país para esta industria.
Esta realidad ha provocado que algunos grupos lancen sus ataques contra estas compañías por utilizar a los costarricenses como conejillos de india, sin dejar beneficio alguno para el país.
Recientemente el diputado del Bloque Patriótico, Humberto Arce, cuestionó la elaboración del Proyecto Epidemiológico Guanacaste, investigación que intenta probar la eficacia de una vacuna contra el virus del papiloma humano, que produce cáncer de cérvix. El medicamento se aplica a 22.000 mujeres de Guanacaste.
Del mismo modo, la Asociación Nacional de Bioética ha hecho objeciones a una serie de elementos en dicho experimento, el cual es financiado por el Instituto del Cáncer de los Estados Unidos; mientras que la compañía GlaxoSmithKline tendrá la patente de la vacuna.
EXPERIENTOS EN LA CCSS
Un informe elaborado por el Subárea de Investigación y Bioética del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) titulado «Investigaciones Clínicas en la CCSS», con fecha del seis de setiembre del 2004, muestra los 84 experimentos con seres humanos que se desarrollan en el país.
El CENDEISSS solicitó a los centros asistenciales de la CCSS información relacionada con las investigaciones en seres humanos correspondiente al periodo 1998-2004, entre las que destaca: copias de protocolo del experimento y del contrato suscrito.
De todos los centros consultados 34 respondieron que no realizan investigaciones clínicas, 21 no contestaron del todo, mientras que solamente cinco afirmaron realizar este tipo de estudios.
Sin embargo, en esos cinco centros se suman 84 investigaciones clínicas: 44 en el Hospital Nacional de Niños, 20 en el Hospital Calderón Guardia, ocho en el Hospital México, ocho en el Hospital San Juan de Dios y cuatro en el Hospital Psiquiátrico.
Entre los distintos patrocinadores de tales investigaciones sobresalen las Universidades de Harvard y California (Estados Unidos) y las compañías SmithKline Beecham Biologicals; Pfizer; Merck y Glaxo SmithKline, las cuales aparecen en repetidas oportunidades.
La información destaca que ninguno de estos hospitales envió la información solicitada por el CENDEISSS y que la documentación no es precisa acerca de cuáles investigaciones están en curso y cuáles ya finalizaron. Además, los centros de salud tampoco reportaron casos de reacción adversa en los pacientes, lo cual, según estipula el documento, genera dudas debido a que existe una alta posibilidad que se produzcan consecuencias de este tipo en las investigaciones.
También se indica que los hospitales no documentan ningún beneficio real para los pacientes o la CCSS.
El reglamento de la CCSS detalla que existe una política de promoción y estímulo a la investigación clínica, que otorga permiso para utilizar infraestructura técnica y administrativa de los centros asistenciales y la participación de los pacientes que están bajo responsabilidad de la institución. Esto siempre que se cumpla con las normas éticas y legales del reglamento de investigación de la institución.
A pesar de lo anterior, una comisión especial de la Asamblea Legislativa por medio de un informe de mayoría efectuado en el 2001 denunció que la CCSS había perdido el control de las investigaciones en seres humanos y de los dineros que han enriquecido a empresas privadas.
Dicha comisión, integrada por los diputados Walter Muñoz, Juven Cambronero y Manuel Larios, indicó que ese tipo de estudios son diseñados por compañías productoras de medicamentos en Estados Unidos y Europa, las cuales no intentan resolver los problemas de la salud costarricense.
Del mismo modo el informe de la Comisión de Notables presentado el 30 de setiembre pasado, califica a este tipo de experimentos como una conducta que «linda con el irrespeto a la normativa vigente» e insta al Ministerio Público investigar las anomalías existentes.
NEGOCIO REDONDO
Para el Doctor Carlos Páez, integrante de la Asociación Nacional de Bioética, la enorme ventaja que presenta Costa Rica para que se realicen este tipo de investigaciones es que no existe una legislación, «No hay ley que proteja a participantes de investigaciones clínicas, no existe la manera legal de hacer reconocer a las compañías de que hicieron algo mal», dijo.
Por su parte, José Merino, exdiputado del partido Fuerza Democrática, expresó que para los estándares del mundo subdesarrollado, Costa Rica es un nicho muy especial, debido a la alta preparación de sus profesionales y a la calidad de los hospitales.
«Han operado como una estructura mafiosa maquillada, de seudo respetabilidad científica, cuando lo que hay es un afán de lucro, donde el objeto de explotación es el ser humano», expresó.
Tanto Páez como Merino consideran que las transnacionales en su búsqueda por generar proyectos de investigación y ante las dificultades recientes que tienen de desarrollar experimentos en seres humanos, recurren a países donde la legislación en materia de bioética sea mas laxa..
Edgar Roy Ramírez, filósofo de la Universidad de Costa Rica y especialista en temas de bioética, señaló que sería una ilusión creer que las transnacionales están preocupadas por la salud, pues lo que realmente les interesa es la producción de medicamentos generadora de ganancias.
Existe también un conflicto de intereses dentro de estos estudios, señaló Páez, porque las empresas pagan a los investigadores por hacer las estudios y estos de cierta forma se ven condicionados para que los resultados sean favorables para las transnacionales.
«Los investigadores de las instituciones federales pueden recibir dinero en acciones de las compañías farmacéuticas o en efectivo y no necesariamente tienen que declararlo», argumentó el médico, quien añadió que estas empresas no publican los estudios cuando los productos que están experimentando no son satisfactorios, lo que hace que la gente desconozca la información negativa de suma importancia.
Sin embargo, el filósofo Ramírez sostuvo que dicho negocio es legítimo, siempre y cuando respete la normativa internacional reconocida. A su juicio las investigaciones «no se deben angelizar ni satanizar», pues considera que son necesarias para el avance de la medicina.
Del mismo modo el Doctor del Instituto Costarricense Contra el Cáncer(ICCC), Estaban Avendaño, especialista en Salud Pública, dijo que la experimentación en seres humanos es necesaria para el avance de la ciencia y el mejoramiento de la calidad de vida. Agregó que existe mucho escepticismo en cuanto a este tipo de estudios debido a que desconocen sus beneficios y hay temor al término «experimento».
En cuanto al papel de las transnacionales expresó que estas presentan tanto ventajas como desventajas. Pero, aclaró que mientras exista un lineamiento riguroso en materia de experimentos se podría minimizar cualquier tipo de abuso o irregularidad en la acción de estas casas farmacéuticas.
«Todo depende de la lupa con que se vea, con los controles estrictos necesarios la participación de estas compañías llegarían a ser una ventaja», destacó.
PROYECTO DE LEY
En Costa Rica no existe una ley que regule la experimentación en seres humanos, solamente existe un reglamento, que responde a los principios y normas establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Código de Nuremberg, entre otras. Sin embargo, muchos consideran que esta es insuficiente.
Merino indicó que durante su periodo como diputado (98-2002) presentó un proyecto de ley elaborado por la comunidad médica y académica, incluso otros dos diputados presentaron iniciativas, sin embargo nunca recibieron el visto bueno.
Andrés Mora Rodríguez, asesor de Humberto Arce, afirmó que a partir del caso del Proyecto Epidemiológico Guanacaste, se analiza presentar un proyecto de ley el cual se basa en una propuesta que proviene de la subárea de Investigación y Bioética del CENDEISSS.
Esta iniciativa plantea la prohibición del uso de genoma humano para obtener ganancias económicas, el respeto a la exactitud de los datos a la hora de publicar los resultados; penas a quienes reciban o brinden dádivas, ejerzan coacción o utilicen tráfico de influencias para la aprobación de un protocolo.
Así mismo, el Ministerio de Salud pretende presentar otra propuesta mas relacionada con las investigaciones científicas, la cual, al igual que la expuesta, intenta llenar los vacíos existentes en el reglamento.
