Los retos para la construcción de una sociedad de información y de comunicación van de la mano con la canalización de una pluralidad de voces, que estas voces tengan acceso real a los medios y permitan su publicación efectiva y legítima, aseguró Rolando Pérez Sánchez, coordinador del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic).
Lo anterior lo dijo el pasado 12 de agosto en el auditorio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se llevó a cabo la primera de dos jornadas que el Prosic organizó con el fin de debatir lo que se considera el tema actual más importante de las comunicaciones en general: una nueva ley de radio y televisión.
De acuerdo con Pérez Sánchez, “las nuevas formas de convergencia con los medios tradicionales, así como el papel preponderante que están jugando las redes sociales informatizadas, ponen de manifiesto nuevos retos a las vías de comunicación y al papel que juegan el Estado, las empresas y la ciudadanía en todo ello”.
Uno de estos retos es la necesidad inminente de ampliar los alcances de lo que hasta ahora se ha concebido como la democratización de los medios de comunicación.
“Esta sería la perspectiva de los creadores y productores de información, pero igualmente las audiencias −en el marco actual de la diversificación y fragmentación de las ofertas mediáticas− deben tener la posibilidad de acceder a una nueva forma de contenidos, en el que se vean expresados sus intereses, visiones del mundo y necesidades”, expresó el director del Prosic en esta primera jornada.
Cabe mencionar que el Prosic se ha referido a este tema en varios de sus informes anuales y en el último lo hace desde la perspectiva de las implicaciones de la televisión digital. En el próximo se planea continuar con esta reflexión, mediante un capítulo dedicado a los medios de comunicación en el país. Además, se espera seguir desarrollando actividades de debate sobre el tema.
Para la segunda jornada (20 de octubre) se espera abordar el ingreso del país a la televisión digital y el inminente “apagón analógico”.
La conferencia contó también con la participación de Juan Manuel Campos, abogado especialista en el tema, y Giselle Boza, directora del Programa de Libertad de Expresión (Proledi) de la UCR. Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), no pudo asistir la actividad y Armando Vargas, periodista y experto en el campo, fungió como moderador.
CINCO EJES
En la jornada “Aportes a la discusión sobre las nuevas políticas públicas de radio y televisión”, se debatió el tema en torno a cinco ejes específicos: la necesidad de una ley de radio y televisión, los elementos que deben y no deben conformar la ley, el proceso de transición hacia el nuevo orden que llegaría a establecerse, quién debe tener la iniciativa de un proyecto de radio y televisión, y la necesidad de lograr un mínimo de acuerdo.
Para Juan Manuel Campos, ya existe una estructura matriz, la cual se encuentra contenida en la Ley General de Telecomunicaciones, por lo que habría que hacer relativamente pocos cambios, “como para cerrar dentro del género telecomunicaciones a la subespecie radiodifusión”.
Mientras tanto, Giselle Boza es del criterio de que sí hay mucho que hacer en cuanto a política pública pues, por ejemplo, el hecho de que exista una gran cantidad de operadores de emisoras de radio o de televisión no garantiza diversidad.
“Decir que en Costa Rica hay muchas emisoras de radio y muchos canales de televisión no garantiza que el sistema sea plural”, puntualizó.
Por su parte, el moderador Armando Vargas cree que un cambio en la ley vigente será una tarea de muy largo trazo, debido a la inexistencia previa en el país de un planteamiento sobre qué hacer con la radio y la televisión.
Un poco de historia
La promulgación de la Ley de Radio se cataloga como un accidente digital, pues Costa Rica ve la necesidad de reglamentar leyes del año 1920 en los años 50 (1954).
El ministro de Gobernación de la época le encarga a un equipo de abogados e ingenieros la redacción de un reglamento para regular radio y comunicaciones, el cual es enviado a la Asamblea Legislativa, y esta instala una comisión para analizarlo.
La Cámara Nacional de Radio de la época, presidida por Orlando Sotela Montagne, reclama a la Asamblea Legislativa por normas específicas, con incidencia directa sobre las concesiones que venía explotando la radiodifusión en ese momento.
El proyecto vuelve a ser enviado a comisión y, finalmente, se dictamina un proyecto de ley conocido hasta el día de hoy como Ley de Radio. Cuando la televisión comienza a tener auge, se incluye una norma en la cual se da la posibilidad de que se explote la televisión por medio de concesión.
La Ley de Radio sufrió una serie de modificaciones sustanciales con la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones en el 2000. Sin embargo, no hay coherencia; adicionalmente, quedó un vacío regulatorio importante en materia de monitoreo y frecuencia.
La Contraloría General de la República, en el 2012-2013, emite un informe sobre el proceso de la implementación de la televisión digital en el país y le ordena al Poder Ejecutivo proponer un nuevo marco normativo en materia de radiodifusión sonora y televisiva, al considerar que el marco normativo es obsoleto, está desactualizado, no responde a las transformaciones sociales, económicas, culturales, y mucho menos considera las nuevas transformaciones de carácter tecnológico.
¿Qué se requiere cambiar? La Ley de Radio, reducida a pocos artículos por la Ley General de Telecomunicaciones, permite la prórroga automática de concesiones, la sesión de estas con una simple puesta en conocimiento al Poder Ejecutivo, impuestos ínfimos, no reconoce operadores diversos, ni prevé políticas afirmativas para el estímulo a la producción audiovisual de carácter nacional e independiente.
Con una nueva ley, se plantearían nuevos actores sociales y operadores dentro del espectro radioeléctrico, impuestos actualizados, una nueva división del espectro radioeléctrico y regulación concesionaria.
Los expertos
Armando Vargas: Especialista en telecomunicaciones, en tecnologías de la información y la comunicación estratégica. Es también periodista, escritor y autor de importantes obras de carácter histórico, las cuales le permitieron alcanzar el Premio Nacional de Historia.
Fue ministro de Información y Comunicación y presidente fundador de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Es miembro de las academias Costarricense de la Lengua y Geografía e Historia de Costa Rica.
Juan Manuel Campos: Abogado especializado en tecnología de información y comunicación. Brinda servicios de consultoría, asesoría y práctica legal. Es también asesor de estrategia y consultor.
Trabajó en el ICE y en empresas particulares. Fue vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, donde actualmente coordina la Comisión de Banda Ancha. Dirige Ciber Regulación Consultores SRL.
Giselle Boza: Periodista, abogada y notaria. Ha sido profesora universitaria y directora del Sistema Radiofónico de la UCR.
Fue directora de la Revista Contrapunto del Sinart y productora y conductora del programa de televisión “Entre nosotros”, de Canal 13. Es directora del Programa de Libertad de Expresión de la UCR (Proledi).
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