La exrepresentante estudiantil ante el Consejo Universitario, Tamara Gómez, solicitó que se hagan públicos los datos laborales del personal docente de la UCR. Ella terminó sus funciones el 28 de noviembre. (Foto: Cortesía Progre)
Que se ponga a disposición de los estudiantes los salarios de sus profesores, su currículum, las evaluaciones de su desempeño, las razones para su nombramiento y su aprobación, o no, del curso de didáctica universitaria, solicitó Tamara Gómez, exrepresentante estudiantil ante el Consejo Universitario, a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, desde el 12 de noviembre.
La Vicerrectoría de Docencia avaló que las unidades académicas entreguen este tipo de informaciones si alguien las solicita, pero rechazó que sean divulgadas periódicamente a la comunidad universitaria mediante herramientas como portales en línea.
Gómez, quien terminó funciones como representante estudiantil la semana pasada, respaldó su petición en la resolución que la Sala Constitucional dio, el 24 de octubre, a un recurso de amparo presentado en contra de la Facultad de Derecho. Los magistrados fallaron a favor del estudiante Arturo Ulloa, quien reclamaba su derecho a acceder a las mismas informaciones que Gómez solicitó.
“Hemos insistido en que las evaluaciones docentes deben cambiar, ser más transparentes e incidir realmente en la toma de decisiones de las unidades académicas”, explicó la exrepresentante ante el Consejo Universitario.
Luis Baudrit, profesor de la Facultad de Derecho y director de la Oficina Jurídica de la UCR, asegura que las resoluciones de la Sala Constitucional no obligan a las demás unidades académicas a divulgar esas informaciones sobre los docentes, sino que sientan un precedente que debe ser tomado en cuenta.
PREOCUPACIONES
“Lo que pide (Gómez) es que esté toda la información ya colgada”, advirtió Bernal Herrera, vicerrector de Docencia. “Una cosa es que la información sea de acceso si hay alguien con interés legítimo que la solicita, y otra cosa es simplemente ponerla ahí”, explicó.
Tamara Gómez explicó que la respuesta de Herrera acepta que “la información debe ponerse a disposición, pero que se solicite en cada unidad de manera personal”.
“No (habrá) difusión en el sentido de tener una plataforma, sino que será que a quien la requiera le será otorgada”, puntualizó Gómez sobre la respuesta de la Vicerrectoría de Docencia.
Arturo Ulloa, quien presentó el recurso contra la Facultad de Derecho, y Rodrigo Conejo, quien denunció de igual forma a la UNA, no quedaron satisfechos con la perspectiva del Vicerrector.
La Vicerrectoría de Docencia intervino a favor de los estudiantes de Derecho para que obtuvieran la información que solicitaban.
Herrera aclaró que a las unidades académicas les corresponde entregar estas informaciones, no a la Vicerrectoría. “No está dentro de las potestades de la Vicerrectoría decirle a las unidades que deben actuar con apego a la Ley, eso se sobreentiende”, agregó, refiriéndose a las resoluciones de la Sala Constitucional.
Para el Vicerrector, la solicitud de la representante estudiantil implica un problema más complejo. “¿Quiénes tienen derecho a una cierta privacidad y quiénes no? ¿Las notas de los estudiantes becados con fondos públicos deberían ser difundidos o ser entregados si alguien las pide?”, señaló Herrera.
El 5 de noviembre, la vicedecana de Derecho, Olga Marta Mena, manifestó su preocupación por la seguridad de los profesores, debido a la publicación de sus salarios. Para Tamara Gómez, esto no es un problema.
“Este es un tema que desde hace tiempo se ha buscado poner en la agenda universitaria, que si bien genera resistencia por parte de algunos docentes, está comenzando a ser reconocido por Vicerrectoría de Docencia. No veo motivo para que existan implicaciones negativas”, afirmó la exrepresentante estudiantil.
Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión, establecen que toda información en poder del Estado es de acceso público excepto aquella que por razones justificadas y excepcionales pueda afectar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la seguridad nacional, la salud o moral pública. Además, los estándares establecen que cualquier persona puede solicitar una información en poder del Estado, sin necesidad de alegar un interés legítimo.
