Docentes de UCR y médicos Piden suspender convenio CCSS-UCIMED

Según la Procuraduría General de la República, la CCSS solamente puede suscribir convenios con la Universidad de Costa Rica. Directores médicos, jefes administrativos del

Según la Procuraduría General de la República, la CCSS solamente puede suscribir convenios con la Universidad de Costa Rica.

Directores médicos, jefes administrativos del Hospital San Juan de Dios y del Hospital México y docentes asociados de la Escuela de Medicina de la UCR demandaron a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la suspensión inmediata del convenio, que permite a estudiantes de posgrado de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) atender pacientes y prescribir recetas médicas en los principales hospitales.

Paralelamente, el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó al Contralor General de la República, Alex Solís Fallas, que investigue las razones por las cuales se firmó este acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ya que consideran lesiona los intereses de la hacienda pública y de las personas aseguradas.

El «Convenio para Estudios de Posgrados Médicos entre la CCSS y la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED)» fue suscrito en diciembre de 2003 por el entonces presidente ejecutivo de la institución, Eliseo Vargas García y el rector de dicha universidad Misael Chinchilla Carmona, sin ser refrendado por la Contraloría General de la República. Vargas se encuentra en prisión preventiva por presuntamente presionar a un testigo en el caso de la empresa Fischel y la CCSS.

Según el acuerdo, los estudiantes de posgrados médicos de la UCIMED pueden utilizar de manera gratuita las instalaciones de la Caja con fines académicos, no laborales.

Sin embargo, en una carta en poder de UNIVERSIDAD, enviada a Víctor Rodríguez Ancheta, jefe interino de la sección de medicina del Hospital San Juan de Dios, tres jefes de neumología, hematología, clínica servicio de medicina e infectología y tres médicos asistentes, piden explicaciones sobre lo que pasaría si el «estudiante de posgrado» en su labor incurre en negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones y esto degenere en una lesión o muerte de un paciente.

Ricardo Boza Cordero, médico infectólogo del Hospital San Juan de Dios y profesor de la escuela de Medicina de la UCR, expresó que los educandos realizan actos médicos sin responsabilidad civil ni penal ante una posible mal praxis, tal es el caso de las prescripciones o recetas médicas .

Esa opinión la comparte Gerardo Badilla Álvarez, representante de la Seccional de Medicina del SINDEU, quien detalló que el Comité Central de Farmacoterapia de la Caja manifestó por escrito su preocupación, pues se han detectado errores en algunas dosis de medicamentos prescritas por los estudiantes de posgrado de dicha universidad. Esta situación, agregó, podría resultar en una situación de mala práctica donde la responsabilidad recaería directamente sobre la institución y no sobre el estudiante, quien solamente debería realizar actividades académicas.

Según el acuerdo, la CCSS no asume responsabilidad legal alguna respecto al estudiante. Pero los médicos en la misiva cuestionan si es procedente esta cláusula cuando se encuentra de por medio la vida de un paciente, cuya atención puede derivar en responsabilidad penal o civil.

Además cuestionan el hecho de que según el convenio, en caso de que surjan diferencias entre la UCIMED y la institución, la Cámara de Comercio sea la responsable de dirimir el asunto mediante un arbitraje.

Cabe recordar que el presidente de esta cámara era Emilio Bruce, quien ha sido mencionado en el caso de las denuncias por millonarias comisiones a raíz del préstamo otorgado a una empresa de equipos médicos finlandesa, cuya representación en Costa Rica es la corporación Fischel. Bruce es también es el presidente de esa empresa farmacéutica.

A estas denuncias se suma el análisis hecho por la Auditoría Interna de la CCSS, la cual enfatiza que el acuerdo con la institución «podría carecer de fundamento legal y ser eventualmente contrario a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política «.

De acuerdo con ese estudio existe un criterio anterior emitido por la Procuraduría General de la República, en el cual se indica que en la CCSS sólo pueden suscribir convenios para la formación de profesionales en ciencias de la salud con la Universidad de Costa Rica.

Según la Procuraduría, no existe disposición legal que le permita a la Caja facilitar instalaciones de sus hospitales para que se desarrollen prácticas o programas de enseñanza para estudiantes de un centro educativo privado, ni existe autorización para otorgar becas o acceso a los nosocomios públicos para los estudios de posgrado de la UCIMED u otras entidades privadas.

En un documento en poder de este Semanario, enviado al gerente de la División Médica de la CCSS, Horacio Solano Montero por el auditor interno de esa institución Jorge Arturo Hernández Castañeda, se afirma que cualquier pacto, convenio o contrato suscrito con dichos fines, resulta viciado de nulidad por ser contrario a los fines de la Caja.

«Este convenio es nulo porque Eliseo Vargas metió a la CCSS en un acto de ilegalidad profunda sin pasar por la dirección jurídica, la Auditoría Interna de la institución y sin ser refrendado por la Contraloría General de la República,» enfatizó Badilla.

UNIVERSIDAD intentó conocer la posición del rector de la UCIMED, Misael Chinchilla Carmona, pero su secretaria Marianela Chinchilla explicó que aunque conocen sobre la situación «no se está comentando mucho al respecto y para recibir información tienen que mandar una nota o un correo que diga qué es lo que quieren saber y para qué lo necesitan,» explicó.

Según Boza Cordero, este acuerdo violenta el marco jurídico institucional de la Caja y con el tiempo contribuye al debilitamiento de dos importantes instituciones del Estado: la CCSS y la UCR.

En su criterio, las limitaciones presupuestarias impuestas a la CCSS por los organismos financieros internacionales le impiden crear nuevas plazas destinadas a especialistas. Es por ello, agregó, que la junta directiva establece este tipo de convenios con centros de educación superior privada, que le garantizan estudiantes en proceso de especialización , sin necesidad de estar obligada a contratarlos como funcionarios.

En el caso de los profesionales de la UCR que desean realizar el posgrado, la CCSS debe de inmediato incluirlos en su planilla mensual. No sucede lo mismo con los de las escuelas de medicina privada.

«Esto podría llevarnos a que cada vez sean más las plazas para estudiantes de universidades privadas y menos para los de la UCR», aseveró.

Boza y Badilla coincidieron en que la situación es sumamente perjudicial para la universidad estatal y sus profesionales médicos. Ambos manifestaron que a pesar de las denuncias, aún no se han manifestado las autoridades universitarias. Según ellos, el panorama se agrava por el creciente número de docentes de la UCR que también trabajan para las universidades privadas y por lo tanto no defienden igual la casa donde se formaron.

Ambos expresaron su disconformidad con las autoridades universitarias, la población estudiantil de medicina y los profesionales residentes egresados de la UCR, quienes son los afectados directos con este tipo de convenios. «Llegará el momento en que sólo quien pague podrá ser residente y especializarse en la CCSS,» pronosticó el doctor Boza.

«Personalmente me reuní en mayo con la Rectora Yamileth González, quien está al tanto de la seriedad del asunto, sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta alguna», expresó Boza.

Se trató de conocer la opinión de la rectora durante el viernes 17 y el lunes 20 de setiembre, pero no se logró hablar con ella. El martes 21 ella devolvió las llamadas, por lo que su posición será incluida en la próxima edición.

De igual manera se consultó al director del Consejo Universitario, Víctor Sánchez para saber si conocía sobre el caso, pero no se encontraba en su oficina.

Boza y Badilla aseguraron que continuarán luchando por la eliminación del convenio, aún cuando implique agotar los recursos legales disponibles incluyendo los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional.

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