La población costarricense pagó casi ¢1700 millones solo en obtener la licencia de conducir y ¢ 1400 millones en trámites con las autoridades de tránsito.
Un total de ¢6.069,5 millones es lo que han pagado los costarricenses en sobornos para obtener permisos, licencias, citas médicas y otros trámites, según la estimación hecha en la III Encuesta sobre corrupción en Costa Rica, a cargo del catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Poltronieri.
La encuesta señala que la sociedad no percibe la corrupción como su principal problema, y está bastante renuente a denunciar situaciones de corrupción, ya sea porque le beneficia o porque considera que la denuncia no tendrá ningún efecto.
El estudio se aplicó entre el 13 y el 28 de junio del 2009 a 1000 personas en todo el país, entrevistadas de manera personal.
SÍ A LAS FOTOCOPIAS
Al consultar a los encuestados sobre los principales problemas que aquejan al país, la seguridad ciudadana aparece en el primer lugar con un 49,9% de las respuestas, seguido por la crisis económica y la pobreza con un 16,3%.
El desempleo es prioridad para el 12,4% de los encuestados, mientras que la corrupción lo es para el 6,8%. Este dato es motivo de preocupación para Poltronieri, pues no se dimensionan las verdaderas consecuencias de este mal.
“El hecho de que los ciudadanos no lleguen a comprender que la corrupción es la causa más importante de los problemas que afectan a Costa Rica es una desventaja que tenemos y debemos revertirla para combatirla efectivamente”, apuntó el investigador.
Al medir el nivel de aceptación de los costarricenses frente a algunas situaciones de corrupción, la encuesta halló situaciones interesantes.
Si bien pocos encuestados, entre el 4% y 8%, se mostraron totalmente de acuerdo con situaciones como llenar documentos falsos por conveniencia, pagar a una autoridad para que le perdonen una multa, no declarar impuestos o quedarse con un vuelto mal dado; hay otras que tienen una consideración especial.
El 38,4 % manifestó estar totalmente de acuerdo con el fotocopiado de libros, un 11% está “bastante de acuerdo” y otro 11,6% dijo que “podría estar de acuerdo”, lo que revela un alto grado de aceptación de esta práctica.
“A pesar de todas las normas en propiedad intelectual y la propaganda que hacen contra esto, la gente se resiste a no fotocopiar y es bastante lógico. Las personas lo hacen por el acceso a la educación, no para cometer un delito, y lo justifican en mucho por el alto precio de los libros, y que muchos no pueden pagar”, comentó Poltronieri.
Para el investigador, es claro que la gente está en contra de que se limite el acceso al conocimiento y por eso no ve mal el hecho de fotocopiar un libro o texto con fines educativos.
Con menor aceptación, pero en grado también importante, está comprar videos o música “pirateados”, el cual obtuvo un 19,5% de “total acuerdo”, mientras que un 6,2% se manifestó “muy de acuerdo”.
Para el investigador, también es relevante la aceptación que muestra la gente hacia evitar pagar el pasaje del autobús si le es posible (27%) y copiar en exámenes con un 20,8%.
“Este resultado se podría tratar de explicar por la mala calidad en el servicio de buses en el primer caso, y porque el usuario siente que está pagando en exceso por este mal servicio. En cuanto a copiar en los exámenes, esto tiene implicaciones profundas en la formación de las personas, que explica en gran medida la tolerancia a la corrupción, cualquiera que ésta sea”, comentó Poltronieri.
Este matemático asegura que los ciudadanos no parecen identificar al Estado como la estructura que organiza la vida colectiva de la sociedad, sino como un ente contra el cual debe “pelear” para conseguir algo.
“Por lo tanto, pagar soborno o dar ‘regalos’ para que un trámite se haga rápidamente, no parece ser un delito o una forma de dañar a otras personas, pues el Estado no es algo que pueda verse, “no tiene nada” que ver él, se l.e puede estafar o engañar y no pasa nada. ¿A quién le importa si no se paga el impuesto de ventas, si se copia en un examen o se pasa un semáforo en luz roja?”, aseguró.
SOBORNOS MILLONARIOS
Al preguntar sobre si en los últimos doce meses le han pedido o le han ofrecido un pago extra, dádiva o ventaja (soborno), sólo el 4.7% respondió afirmativamente; y de estos solo un 20,5% denunció el acto de corrupción.
Un 15,9% dijo que no lo denunció porque el soborno le beneficiaba, 13,6% afirmó que de nada sirve denunciar, mientras que el mismo porcentaje indicó que se trataba de un asunto poco importante y por eso no puso la queja.
Además, un 6,8% afirmó que no denuncian porque los responsables nunca serán castigados, mientras que quienes no sabían dónde denunciar, no podían probar la situación o temían represalias; estos obtuvieron el 4,5 %.
Para Poltronieri, es claro que existe una dificultad importante a la hora de denunciar la corrupción en los trámites estatales, pues la gente no sabe dónde hacerlo, lo considera un mecanismo inútil y tiene la dificultad de que debe probar el hecho.
En la encuesta se levantó una lista de 36 trámites que realiza la gente ante instituciones estatales para estimar el costo de la corrupción, el cual resultó en un total de ¢6.069,5 millones pagados en sobornos.
Poltronieri aseguró que el nivel de corrupción se mantiene similar al de años anteriores, e inclusive, en algunos casos como los “biombos” en la Caja Costarricense del Seguro Social, los montos pagados bajaron como consecuencia de la crisis económica. Pero la cifra calculada ilustra el alto grado de corrupción en la administración pública del país.
“Más aún desconcertante es este resultado: si caemos en cuenta de que no se ha considerado toda la corrupción presente en las licitaciones, ni en las compras y contratos realizados por el Estado, donde es bien sabido que no sólo en Costa Rica sino en el mundo entero, se da la mayor cantidad de hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito”, acotó el investigador.
La actividad que más “recolecta” sobornos es cuando se debe sacar la licencia de conducir, trámite que fue efectuado por el 37,3 % de los encuestados, de los cuales el 9,4% pagó el soborno y según el cálculo se pagaron ¢1698,1 millones para obtener este permiso.
Otras actividades relacionadas con la policía de tránsito, como arreglar multas con un oficial o sacar un automóvil del depósito, “recaudaron” ¢716 millones en el primer caso y ¢722 millones en el segundo.
Por realizar un biombo o recibir algún tratamiento médico en la Caja, se pagaron ¢880,6 millones, para sacar un pasaporte ¢542,9 millones, para internarse en una clínica u hospital de la CCSS ¢332 millones y para obtener ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ¢239 millones.
La cifra total de lo pagado en sobornos es apenas ¢300 millones menor al presupuesto total asignado este año al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La encuesta también realizó un índice para medir los niveles de corrupción en el país, y este arroja un resultado de 11.8% de corrupción en el nivel nacional, mientras que en provincias como Limón el indicador sube hasta el 16,5%.
En distritos como Guaycará (Golfito) el índice llega hasta el 57,1%, seguido por Juan Viñas (Jiménez) con 50% y Purral (Goicoechea) con 45,5%.
Las personas entre 24 y 34 años (15,8%), los hombres (14,6%) y los profesionales liberales (23,9%) son los grupos más dados a la corrupción, así como las personas con estudios universitarios completos (16,9%).
