Trabajadores del sector educación que cotizan a la CCSS podrían retornar al Magisterio Nacional si se aprueba reforma a ley. (Foto: archivo.)
Trabajadores del sector educativo están a la espera de un informe del Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad económica del impacto del traslado de personas cotizantes del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al del Magisterio Nacional.
Esto se llevaría cabo, mediante una reforma legislativa, que impondría un transitorio para que aquellas personas interesadas hagan el traslado al sistema de los educadores.
María Eugenia Venegas, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien acuerpa esta iniciativa, dijo a UNIVERSIDAD que le solicitaron al Ministerio de Hacienda hacer una proyección sobre el costo que tendría el transitorio de la reforma para el traslado de los trabajadores al régimen del Magisterio Nacional.
En opinión de Venegas, es mentira que la CCSS corre riesgo económico, puesto que la mayor parte de los gastos serían cubiertos por los mismos trabajadores.“Hablando con personas del Ministerio de Hacienda, nos dimos cuenta que el transitorio anterior le costó al Gobierno ¢10 000 millones”, comentó la legisladora que busca argumentos claros sobre el impacto de este traslado.
Venegas explicó que debido a que el proyecto salió de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, entró al plenario y tendría que pasar por el proceso de 137mociones, para que de nuevo sea conocido por la comisión.
En agosto, el Poder Ejecutivo define la agenda, pero según Venegas, lo más probable es que no se convoque este proyecto. De ahí que esperan el informe del Ministerio de Hacienda, para tener argumentos sobre su viabilidad y poder defenderlo por medio del control político.
PROPUESTA
Trabajadores del sector educación que, en 1995 se trasladaron al régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, tendrían la oportunidad de retornar al régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, si se aprueba el transitorio a la legislación.
Se trata de la reforma al artículo 4 y 31 de la Ley Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, o también llamada Ley 7531, que fue dictaminada positivamente en comisión para ser votada en el plenario.
El conflicto con este traslado data desde 1995, cuando a los trabajadores del régimen del Magisterio Nacional se les dio la oportunidad de trasladarse al régimen de la CCSS.
En 1997, por medio de un decreto, se estableció un transitorio por dos meses para que los trabajadores que se habían trasladado al IVM retornaran al Magisterio Nacional.
Sin embargo, en el 2009 un grupo de trabajadores del sector pidió a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional que se tomaran acciones para tramitar otro transitorio, puesto que alegaban que en 1997 los trabajadores no tuvieron la información ni el conocimiento necesario para tomar la decisión.
De ahí que en ese año, el proyecto pasara al plenario legislativo por la intervención del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), en ese momento, José Rosales. No obstante, tras quedar rezagado llegó a manos de la diputada Venegas, quien lo impulsa.
CONDICIONES Y COSTOS
Entre las condiciones para este traslado, según la diputada, está que los trabajadores tendrían que asumir los costos económicos de lo que implica este trámite —pagar la diferencia—, porque en el régimen de la CCSS la cotización a la institución es más baja que la que se paga en el Magisterio. Por otro lado, tendrían 18 meses para tomar la decisión y realizar el trámite.
De acuerdo con los cálculos de Venegas, aproximadamente 4000 trabajadores son los que podrían someterse al traslado; sin embargo, estima que son menos de esta cifra las personas que podrán pagar el monto para devolverlo al régimen.
“No podemos calcular de cuánto es el monto que cada trabajador tendría que desembolsar si se acoge a este sistema, puesto que cada salario es distinto, algunos han realizado cálculos de aproximadamente ¢20 000 000, pero no podemos precisarlo” comentó.
