La reforma a la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual pasó del lugar 131 al 11 en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

“Estudiar con fotocopias no es un delito” es una de las consignas de los estudiantes de las universidades estatales que marcharon el pasado martes 27 de octubre hasta la Asamblea Legislativa junto con trabajadores y propietarios de negocios de fotocopiadoras.
La movilización fue motivada debido a las amenazas por parte de la Cámara Costarricense del Libro de demandar a tres microempresas que dan servicios de fotocopiado en los alrededores de la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y una dentro de un campus universitario.
El anuncio, difundido en el diario La República, alertó a los estudiantes que conforman el movimiento “Poder Estudiantil Popular” (PEP) de la UNA quienes pidieron el apoyo de sectores como los dueños de fotocopiadoras y estudiantes de otros centros de enseñanza para exigir a los legisladores acoger el Proyecto de Reforma de Varios Artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039 presentado por el diputado del Frente Amplio José Merino.
De acuerdo con Josué Aguirre Thomas, Presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, con la actual legislación se pone en riesgo la estabilidad de las empresas dedicadas al fotocopiado, lo cual afectará directamente a la educación al impedir que los estudiantes saquen fotocopias de  libros que necesitan para estudiar.

Para Aguirre, los comercios de fotocopiadoras peligran de ser sancionados no solo con penas civiles que van de multas desde cinco salarios base hasta quinientos, sino con penas de cárcel (tres a cinco años) a los infractores.

Según la opinión de Merino esta ley transgrede el derecho a la educación. “Nos encontramos ante una legislación draconiana y desproporcionada, incompatible con las necesidades educativas, sociales y culturales de nuestro pueblo”, comentó.

El artículo 54 sobre la reproducción no autorizada de obras artísticas o fonogramas establece que “no será punible la reproducción, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas, o fonogramas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente”.

Merino explicó a UNIVERSIDAD que ante esta interpretación los dueños de fotocopiadoras quedan desprotegidos debido a que media un interés lucrativo que tiene toda empresa que da un servicio, de bajo costo, pero “lucrativo al fin”.

El criterio del PEP es que los centros de fotocopiado no quedan exentos de la normativa, por lo que el artículo sugiere en el marco de lo legal dos opciones: “que el estudiante adquiera una máquina de fotocopiado y reproduzca textos para sí, con la intención de autoformarse y que los centros de fotocopiado cedan gratuitamente, sin afán de lucro, las fotocopias al estudiantado, como si se tratara de una actividad filantrópica”.

El legislador denunció un endurecimiento innecesario de las leyes de propiedad intelectual, que con motivo de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) se vieron sometidas a ajustes, sin embargo se ha ido más allá de lo requerido por el acuerdo comercial.

UNIVERSIDAD intentó obtener las versiones de los dueños de fotocopiadoras en los alrededores de la UCR, sin embargo se negaron a referirse al tema.

REFORMAS A LA LEY

El Movimiento Fotocopiando para Estudiar emprendió una campaña de recolección de firmas en diversos puntos del país, la cual logró 100.000 en un documento que fue presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea el día de la manifestación junto con la reforma a la ley.
El miércoles 28 de octubre por decisión unánime de los nueve diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos esta iniciativa pasó del lugar 131 al puesto 11 en la agenda de la Comisión.
Merino dijo que la propuesta busca eliminar las penas de cárcel con el fin de que el comercio tenga la posibilidad de ofrecer un servicio sin ser penalizado.
El legislador criticó que dichas penas pueden llegar a ser aun mayores que las dadas por delitos de corrupción, por ello estimó viables los cambios propuestos pues las leyes aprobadas excedieron las obligaciones estipuladas por el TLC.
Entre otros puntos, la reforma además protege a quienes representen obras de teatro, toquen música o bajen información por Internet con fines educativos.
El diputado manifestó que la manifestación además de situar en la agenda el proyecto pone en alerta a la opinión pública y a los legisladores. El futuro de reforma ahora depende de la voluntad política de los diputados y la presión que ejerza el movimiento civil, concluyó.