En Perú las protestas sociales tienen una directa relación con la industria extractiva de los recursos naturales, detalló Mirtha Vásquez. (Foto: Laura Rodríguez, ODI)
La criminalización de la protesta social crece en algunas regiones de Latinoamérica. Esta fue la conclusión a la que se llegó en el foro “Criminalización de la protesta social”, efectuado el pasado 10 de junio en el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Sobre este tema expusieron Mirtha Vásquez, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú; Claudio Duarte, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile; y Ariane Grau, coordinadora de formación sindical de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica.
Además, se contó con la participación de los expositores Nicolás Boeglin, docente de la UCR; y Gladys Tzul Tzul, de la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala. El moderador fue el docente de la UCR, Alfredo Chirino.
El foro fue organizado por la Comisión de Estudios Críticos de la Rectoría, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).
Henning Jensen, rector de la UCR, en la apertura del foro destacó que es importante analizar la explosión global de manifestaciones sociales, como un recurso desesperado frente a un sistema que se ha vuelto indiferente ante muchas necesidades sustanciales de las personas.
“La sociedad civil se ha lanzando a las calles para alzar la voz, que ni el Gobierno de turno ni muchos medios de comunicación han escuchado. A cambio se recibe criminalización y represión de la protesta social”, puntualizó el Rector.
TENDENCIA EN LATINOAMÉRICA
Mirtha Vásquez, abogada y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, en su ponencia explicó que la tendencia actual en Perú −de criminalizar la protesta social− tiene un contexto histórico, directamente vinculado a un modelo de crecimiento económico basado en la explotación minera y la extracción de recursos naturales.
“Es clara la relación entre los conflictos y la industria extractiva. Perú es un país con un 77 % de pobreza”, detalló.
Para Vásquez, “es una estrategia compleja, que incluye un entramado político y social para institucionalizar la criminalización”. En Perú, las fuerzas armadas pueden acogerse a la inimputabilidad −no son responsables penalmente de un ilícito que hayan cometido− en los momentos de control de los conflictos sociales, criticó.
También, existen varios tipos penales para criminalizar la protesta: “existe la denuncia penal, como mecanismo de persecución de líderes”, lo que lleva a que se traten y se convierta a activistas sociales en delincuentes; y está la “privatización de la coerción”, que se da cuando fuerzas armadas privadas brindan protección especial a empresas mineras y de extracción, como petróleo y gas.
El chileno Claudio Duarte, por su parte, recordó que la dictadura de Augusto Pinochet –en los años 80− y la privatización de la educación fue el marco histórico para la actual deslegitimación de la protesta social en dicho país.
Según el sociólogo, los medios de comunicación han jugado un papel protagonista, como deslegitimadores y estigmatizadores de los recientes movimientos sociales y estudiantiles en Chile.
Mientras tanto, Ariana Grau expuso cómo en Costa Rica se presenta una tendencia de ilegalización y deslegitimación del derecho a la protesta.
Acerca del proceso de ilegalización de la protesta, mencionó la iniciativa del Gobierno que busca prohibir la huelga de los empleados del sector público, con el fin de no afectar servicios públicos esenciales.
Para Grau, esto es un claro cercenamiento de un derecho, y un ejemplo claro y reciente de criminalización de la protesta social, fue el arresto de 12 personas el 8 de noviembre del 2012, en una manifestación en las inmediaciones del edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social en San José.
En dicha movilización, diversos sectores protestaban contra la posible privatización de dicha institución. Algunos de los detenidos aún tienen abierto un proceso penal en el Ministerio Público.
